Destitución o complicidad: el Frente Amplio y las respuestas al levantamiento

“… ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence”

Walter Benjamin, Tesis de Filosofía de la Historia.

*Esta reflexión nace a partir de múltiples instancias de deliberación y acción política en el Archipiélago de Chiloé, enmarcadas en el actual levantamiento nacional.

Aún estamos en medio de uno de los acontecimientos socio-políticos más importantes de la historia de Chile. Acontecimiento según lo entiende el filósofo latinoamericano Enrique Dussel, es decir, una insurrección popular que quiebra una lógica de reproducción monótona-continua e inaugura una nueva conciencia o subjetividad histórico-política. Esta nueva subjetividad, sin embargo, no puede dejar de tener referencia a una realidad material, desde el criterio último de verdad: la vida humana. Es la defensa de la vida amenazada, no solo personal, sino también familiar, comunitaria y territorial la que hoy desborda Chile. Este acontecimiento marca, en efecto, una ruptura como posibilidad para la instalación de valores políticos guiados por nuevos criterios.

Pues bien, en términos objetivos, este acontecimiento está tratando de ser contenido por el gobierno de Sebastián Piñera no solo a través de la violencia, asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones, sino también a través de la absoluta inconstitucionalidad de sus métodos. Estamos frente a violencia estatal de facto y violación de derechos humanos. Todo ello fue rigurosamente evidenciado por el abogado constitucionalista Jaime Bassa –tanto desde un riguroso profesionalismo como desde un evidente espanto- hace unos días en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sus argumentos se pueden sintetizar en dos puntos:

• Primero, que todos los decretos que han declarado Estados de Emergencia y toques de queda son absolutamente inconstitucionales/ilegales (Sebastián Piñera no satisface el mínimo estándar normativo que establece el art. 4 de la ley 18.415).
• Segundo, que todas las detenciones por no respetar el toque de queda son ilegales.

La responsabilidad jurídico-política del Frente Amplio en el acontecimiento: destitución o complicidad.

El frente amplio nació como una apuesta para generar una ruptura, no solo del bipartidismo, sino justamente de la lógica de reproducción monótona-continua de un modelo político-económico que hoy es condenado por millones de personas a lo largo del país. Gran parte su entramado discursivo se asienta sobre esta promesa y/o compromiso.

El inicio de dicha ruptura se está dando durante estos días y el Frente Amplio tiene la responsabilidad de dar una respuesta política a la altura de este acontecimiento. Desde cada uno de los márgenes del país se está observando qué tipo de respuesta política está dando un conglomerado que, insisto, ha inundado sus discursos con las demandas populares que hoy se posicionan dérmicamente por las calles y espacios públicos del país.

Cuando a los acontecimientos insurreccionales no se les da una respuesta política acorde a su potencia, solo se quedan en lo anecdótico. Aun cuando la sociedad transite hacia una nueva conciencia o subjetividad política, ésta vuelve quedar sofocada, muda, reprimida. Las respuestas políticas deben estar a la altura –o ser fieles según Dussel- a los nuevos criterios y verdades que emergen del acontecimiento.

¿Cuál es la respuesta política que urge hoy en día?

Pues bien, el primer aspecto a considerar debiera ser que el levantamiento histórico que ha logrado posicionar -como nunca antes- una serie de demandas populares y soberanas está siendo contenido con extrema represión, muerte, torturas y desapariciones.

Es decir, demandas que tienen como principal sustento la defensa de una vida amenazada y asfixiada (a nivel personal, familiar, social, cultural y territorial) vuelve a ser combatida, por el gobierno de Piñera y sus capacidades estatales, a través de la muerte. Es el gobierno, y el Estado, generando gobernabilidad a través de la muerte. Ese es su triunfo impune. Ese es el resultado actual de la síntesis material –porque es concreta- de las relaciones ideológicas de fuerza que hoy constituyen al Estado.

Esa es la primera y más importante disputa contingente actual. Apuntar a que nunca más el Estado, la estructura, sintetice de esa manera. El asesinato impune de una ciudadanía soberana no puede, no debiera, ser utilizado para objetivos programáticos partidistas sin combatirlo antes como una síntesis concreta del Estado. Y eso es justamente lo que ocurrió estos días.

En efecto, la primera disputa estructural no puede ser otra que iniciar un proceso de destitución del Presidente de la República. La asamblea constituyente, las 40 horas, el no + AFP, la nacionalización del agua, etc. pueden servir como fuertes horizontes de trabajo a mediano plazo, incluso en paralelo, pero en ningún caso son una respuesta política contingente al acontecimiento. En ningún caso. La real disputa estructural durante estos días es otra: asegurar las condiciones para que dichas demandas puedan debatirse en espacios democráticos, y no que vuelvan a sacar militares a las calles cuando éste u otro gobierno se sienta desbordado. Estamos frente al peligro de la generación de un precedente estructural de violencia estatal, y presidencial, de facto que quedará en total impunidad.

La magnitud del levantamiento popular exige, les exige –si, a ustedes, que han cargado sus discursos con el contenido de estas demandas- que se centren en la verdadera disputa estructural contingente y esa refiere al inicio del proceso de destitución presidencial. ¿O consideran que este gobierno -o este precedente impune- asegura las condiciones para un diálogo democrático y de buena fe en las demandas establecidas desde el hastío? Se están saltando una lucha.

En definitiva, si el Frente Amplio se reconoce actor en la protesta, y pondera la magnitud de los nuevos criterios y compromisos que esta nueva conciencia o subjetividad política exige, tiene una oportunidad/responsabilidad primera: iniciar o apoyar un proceso de destitución presidencial, incluso relegando en esto sus objetivos programáticos. En esta ruptura histórica, es esa su principal función en el parlamento. Ningún cambio estructural se puede dar en un escenario institucional que permita esta morfología del espanto. No abrir un proceso de destitución de Piñera, aun cuando esto no se logre, significa una absoluta complicidad con la inconstitucionalidad de su indolente actuar y la priorización de objetivos programáticos, justo al contrario de lo que exigen los nuevos criterios del hastío nacional. Justo al contrario del real-imposible por el cual muchos han dejado la vida, ¡La vida! Tienen las herramientas en el parlamento, no utilizarlas solo los hace cómplices de la represión y criminalización de un levantamiento al cual dicen pertenecer.