Enroques ministeriales, probidad y conflicto de interés

Con el reciente cambio de gabinete, Felipe Ward (UDI) dejó el cargo de ministro de Bienes Nacionales para asumir la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). En su reemplazo, se designó como ministro de Bienes Nacionales a Julio Isamit. Durante un año y medio en el cargo, la gestión de Ward estuvo marcada por llevar a cabo una política de concesión de parques y reservas naturales, así como de venta de terrenos fiscales, que pasaron a manos de privados. Durante su gestión, además, se reflotó el proyecto de fusión entre dicho Ministerio con el de Vivienda y Urbanismo. Tal iniciaciativa, que si bien no ha ingresado a trámite legislativo, ha generado voces de alerta entre los funcionarios de ambas reparticiones públicas, debido a los eventuales despidos que la mencionada fusión podría generar.

Pero también ha provocado otras alertas, considerando que una eventual fusión entre ambos ministerios despertaría el voraz apetito de quienes se dedican al lucrativo negocio inmobiliario, dado que la actual cartera de Vivienda y Urbanismo dispondría de una gran cantidad de terrenos fiscales que podrían ser destinados a esa finalidad.

Junto con mantener candente la preocupación sobre los efectos de la fusión de ambos ministerios, el reciente cambio suscita otro conjunto de interrogantes y de críticas en base a los antecedentes del recientemente nombrado ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit.

Vinculado a la derecha más conservadora, la trayectoria política de Isamit se remonta a los días de la “revolución pingüina” en 2006, en la que manifestó una postura totalmente contraria a quienes se movilizaban en pos de la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada en las postrimerías de la dictadura. En años posteriores, participó en instancias de formación de dirigentes y otras orientadas a difundir los principios doctrinarios de la derecha. Al inicio del actual gobierno, Isamit asumió como jefe de Gabinete del Ministro Gonzalo Blumel, cuando éste fue nominado titular de la Segpres.

Pero lo más polémico de Isamit no ha sido su trayectoria desde que emergieran como la figura que “aportillaba” la principal causa de la “revolución pingüina”, ni como formador de nuevos líderes y dirigentes políticos de derecha. Más bien, lo que suscita gran parte de la polémica, que lleva a muchos en la actualidad a plantear su renuncia, pese a su reciente nombramiento como ministro, son otro tipo de actuaciones que ponen en cuestión su probidad y ética en el ejercicio de la función pública.

Isamit ha sido conocido por sus expresiones homofóbicas y contrarias al matrimonio igualitario. Este tipo de expresiones, lo llevó a realizar destempladas declaraciones contra figuras y parlamentarios que hoy integran la coalición de gobierno, por manifestar su disposición de legislar a favor del matrimonio igualitario. A ello se agregan otro tipo de hechos que evidencian problemas de manejo financiero y en la relación laboral con trabajadores.

En los antecedentes de Isamit figuraba el no pago de ocho facturas, que fueron canceladas una vez que se supo de su nombramiento como ministro y luego de que la deuda fuera difundida a través de los medios de comunicación. Se trataba de una deuda por no pago de materiales de hormigón, cuyo proveedor interpuso una demanda en el Juzgado de Letras de San Bernardo el 27 de agosto de 2019, fecha en que se desempeñaba como jefe de Gabinete del ministro de la Segpres. Finalmente, desde los años 2010 a 2017 registró 38 causas de cobranzas en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, por no pago de obligaciones previsionales a distintos trabajadores en instituciones como Habitat, Provida e Instituto de Previsión Social (IPS).

Se trata, a mi juicio, de hechos que generan suspicacia frente a cualquier persona que asuma cargos públicos de relevancia nacional y de alta dirección pública. Esto, considerando que de su desempeño depende el patrimonio fiscal y la condición de una gran cantidad de funcionarios públicos. Por agravantes mucho menores, en el gobierno anterior, hubo cargos que no pudieron ser asumidos por determinadas personas, no obstante haber sido nominadas por la Presidenta de la República. En algunos casos se trató de conflictos de interés; en otros, de incidentes mucho menores que, pese a haber sido aclarados, no se concretaron por haberse puesto en duda la fe pública de esas personas.

En el caso de Isamit, se conjugan una serie de antecedentes que resultan claramente cuestionables, y que en circunstancias “normales” lo habrían inhabilitado para que hiciera posesión del cargo de ministro. Hechos graves desde el punto de vista de la probidad y de la fe pública, más aun considerando las actuales circunstancias que vive el país, en donde predomina el desprestigio y la falta de confianza en las instituciones.

Mientras tanto, el ministro Ward, desde su nuevo rol en la Segpres, adopta el mismo cinismo que ha caracterizado a la actual administración, al declarar, sin descaro, que el gobierno de Sebastián Piñera ha sido el único que escucha e intenta responder a las demandas sociales. Y declara, abiertamente, que el foco de atención debe estar puesto en una “agenda social”, dejando de lado cualquier modificación a la actual Constitución, o que signifique un cambio sustativo a la institucionalidad política vigente.