Opinión

El Cobre y el Litio para Chile: Nueva Constitución para un Estado soberano y libre de extractivismo

Por: Javiera Martínez y Fernando Toro / Publicado: 24.11.2019
asamblea / Foto: Agencia Uno
La movilización social a través de cabildos y desde diferentes frentes ha logrado volver a posicionar un tema fundamental, como lo es una nueva constitución. Este es uno de los pilares fundamentales de años de abusos, una constitución que fue diseñada en dictadura y que ha permitido profundizar el sistema neoliberal, extractivista, colonial y patriarcal, beneficiando a los dueños del poder político y económico, otorgando mayores facultades a los privados por sobre el Estado y que también ha permitido un extractivismo sin escrúpulos a través de empresas trasnacionales, amparando la privatización y explotación de nuestros bienes naturales.

Previo al estallido social de octubre en Chile, el país estaba inmerso en plena discusión sobre la crisis climática mundial, no sólo debido a los extensos y sistemáticos conflictos socio ambientales presentes en el país, si no también por la negación del Gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú, que podría otorgar garantías básicas al pueblo chileno y un real compromiso con la justicia socio ambiental. No siendo suficiente, a esto se suma la presión para aprobar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que como ha explicado el economista Gabriel Palma[1], otorga el derecho a transnacionales a demandar en tribunales internacionales aquellas acciones que vayan en contra de sus intereses económicos y retornos esperados, restringiendo la soberanía del país. Tras la cancelación de la COP25 y la APEC debido a la crisis política y social que experimenta Chile, la tarea hoy es pensar cómo una Nueva Constitución es pensada desde la soberanía y sostenibilidad de nuestro territorio y comunidades.

Todo comenzó con el anuncio del Gobierno por el alza del transporte público, que contemplaba el aumento de 30 pesos en el pasaje de metro y 10 pesos de aumento en el bus, las demandas por justicia socio ambiental han escalado junto a las demandas históricas que han exigido diversos movimientos. Durante los días de Estado de Excepción las movilizaciones fueron en aumento, sumando a fuerzas sociales, Sindicatos de Trabajadores, Federaciones de Estudiantes, Organizaciones Medioambientales[2] entre otros, bajo la plataforma de Unidad Social. “No son 30 pesos, son 30 años” ha sido el lema que representa la violencia sistemática del Estado tras 30 años de políticas de exclusión, condiciones precarias, explotación y todas las demandas históricas presentes como lo son un Nuevo Sistema de Protección Social, No + AFP, Garantización de los derechos constitucionales de Educación pública y Salud, Recuperación de nuestras riquezas minerales metálicas y no metálicas, Nacionalización del Agua, Reforma Laboral y un modelo sostenible en el contexto de la crisis climática mundial. En resumen un nuevo modelo de desarrollo.

La movilización social a través de cabildos y desde diferentes frentes ha logrado volver a posicionar un tema fundamental, como lo es una nueva constitución. Este es uno de los pilares fundamentales de años de abusos, una constitución que fue diseñada en dictadura y que ha permitido profundizar el sistema neoliberal, extractivista, colonial y patriarcal, beneficiando a los dueños del poder político y económico, otorgando mayores facultades a los privados por sobre el Estado y que también ha permitido un extractivismo sin escrúpulos a través de empresas trasnacionales, amparando la privatización y explotación de nuestros bienes naturales. Esta constitución, además, dejó de garantizar derechos sociales y ha facilitado la ejecución de políticas de exclusión hacia mujeres, tercera edad, comunidades indígenas, diversidades sexuales y la clase trabajadora en general.

Si bien existen múltiples demandas de parte de la ciudadanía, la renacionalización de nuestros bienes comunes naturales (Ivars, 2013) y un modelo de desarrollo sostenible son repetidos en la calle y los cabildos. Tanto la desprivatización del agua, como la nacionalización del litio y el cobre, entre otros, son vitales en esta nueva carta magna.

La Constitución de 1980 como base de la privatización de nuestros derechos, El cobre

En este contexto y con el objetivo de poder permitir la concreción de las demandas históricas, es que se deben tener en cuenta los bienes naturales y el rol que han tenido las empresas privadas transnacionales en nuestro país, especialmente aquellas con base en el Reino Unido, que explotan el territorio en Chile, pero que tienen su centro de operaciones en la bolsa de Londres. El extractivismo, definido por Romero-Toledo (2019) como “un proceso multiescalar que implica la movilización de grandes volúmenes de recursos naturales, generalmente no procesados, y la especialización en mono producción de los territorios”, ha tenido diversas consecuencias particularmente en la minería, especialmente aquella ligada al cobre (Bolados, 2014; Prieto, 2014; Romero-Toledo y Gutiérrez, 2016) y el litio (Gobel, 2014). La minería, actividad económica que presenta la mayor inversión extranjera en el país[3] y con niveles de rentabilidad[4] que alcanzan el 85%, está estrechamente ligada a la acumulación (Carrasco, 2019) de capital en los países desarrollados como efecto de un modelo de desarrollo capitalista y postcolonial, afectando nuestros territorios a través de una acción descontrolada y masiva, así como también con la desposesión de las comunidades (Escalona et al., 2011), provocando su desplazamiento y cooptando su legítima voluntad de seguir habitando un territorio con componentes identitarios fundamentales. El extractivismo es un proceso doble que consiste en extraer y exportar, pero que no contempla el desarrollo de industrias nacionales, únicamente la transacción en los mercados internacionales y menos el rol del Estado en el proceso productivo, generando que los territorios se conviertan en verdaderos commodities como ha explicado Romero-Toledo (2019) y propiciando la subordinación del Estado por parte de las empresas extractivas.

Si nos remontamos a la historia, el 11 de julio de 1971, en el Gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende se aprobó por unanimidad la Ley 17.450 de Nacionalización del Cobre[5], generando una modificación a la Constitución de 1925, vigente en esa época, declarando en ella el dominio minero patrimonial del Estado, con el objetivo de utilizarlo para el progreso del pueblo. Sin embargo, en dictadura y a través de la Constitución de 1980, se da paso al modelo neoliberal y extractivo imperante (Veltmeyer, 2012), generando así la desnacionalización del cobre Chileno y el diseño de diversos instrumentos que permiten, incentivan y garantizan la libre extracción de recursos por parte de empresas extranjeras, de acuerdo, por ejemplo al Estatuto de Inversión Extranjera, Decreto de Ley 600 del 13.07.1974[6], la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras[7], que se hace efectiva con el Código de Minería en 1983[8] y la Ley de Impuesto a la Renta de 1974[9], las que generan el contexto perfecto para desmantelar el Estado, dando paso a una política de inversión extranjera sin límites, con beneficios y seguridades, transfiriendo las riquezas del país a otras geografías.

José Piñera, ex Ministro de Minería de la Dictadura y hermano del actual presidente de Chile, participó en la creación de esta estructura, mediante la “Concesión Plena”, entregando concesiones a privados con derecho amplio y de duración indefinida como las empresas extractivas, protegidas bajo el derecho de propiedad, sin depender del poder político y oponible al Estado. Lo anterior se traduce en dos consecuencias sustanciales para la historia de nuestro país: la discrecionalidad del Estado sobre las concesiones mineras y la propiedad minera no como una función social, lo que fue posible sólo gracias a la Constitución de 1980, bajo el artículo 19. En términos simples, en la “Concesión Plena” ideada por José Piñera, el Estado renuncia al control de las concesiones, las concesiones entregadas a privados son de una duración indefinida de explotación, sumado a que los privados tendrán derechos en caso de expropiación, es decir, el Estado cedió los bienes comunes naturales de manera gratuita a las empresas privadas y extranjeras, lo que tiene como consecuencia que hoy el 71% de la explotación sea efectuada por mineras transnacionales. Lejos de atenuarse, este modelo se ha profundizado en los últimos 30 años (Machado, 2009).

Nuestros recursos, nuestros derechos: Las ganancias mundiales del cobre y el rol de Londres en el extractivismo minero

Los efectos de la crisis climática en Chile son cada día más devastadores. Hoy existen regiones con niveles extremo de estrés hídrico, de hecho, según estudios de WRI Aqueduct, Chile se encuentra dentro de las 20 naciones con mayor nivel de estrés hídrico en el mundo[10]. Por otro lado, el impacto de la explotación de litio en el desierto de Chile se ha profundizado en los últimos años, afectando gravemente los ecosistemas del Salar de Atacama. Esto no es ajeno a la crisis actual que vive Chile.

Como consecuencia de lo antes mencionado, los conflictos ambientales van en aumento tal como lo grafica el mapa de conflictos ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)[11]. hoy existen ciudades, comunidades y organizaciones que luchan por su vida, el agua y el territorio, siendo las empresas extranjeras y también el propio Estado quienes diariamente violan sus derechos humanos y de la naturaleza. No olvidemos que el Estado chileno también es parte del problema medio ambiental, según el informe de Chile Sustentable[12], las termoeléctricas a carbón a través de sus zonas de sacrificio son responsables del 91% de las emisiones totales de CO2 en las comunas donde están insertas. El Estado tiene una deuda histórica en torno a la justicia socio ambiental no sólo regulando la inversión extranjera, si no también fiscalizando a las empresas nacionales.

Chile es el productor de cobre más grande del mundo, alberga seis de las diez minas de cobre más importantes a nivel global[13] y el segundo productor más grande de Litio en el mundo, convirtiéndose en una de las reservas más importantes para los nuevos desafíos tecnológicos.

Escondida, en el desierto de Atacama, que sólo en el 2013 terminó con una producción de 1.1Mt (Millones de Toneladas) representando el 5% de la producción del cobre mundial, operada por la compañía minera BHP-Billiton, Rio Tinto, entre otros.

Collahuasi, al sureste del puerto de Iquique, la mina, sólo en 2012 produjo 282.096t de cobre que representa el 5,1% de la producción total de cobre de Chile, operada por Anglo American y Xstrata.

Andina, la cuarta mina de cobre más grande del mundo por reserva. Se estimó que la mina contenía 18,8 Mt de cobre fino a principios del año 2013. Está operada por Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile), de propiedad estatal, la compañía productora de cobre más grande del mundo. El depósito de cobre fue descubierto en 1920 y las operaciones mineras comenzaron en 1970.

El Teniente, 80 km al sur de Santiago, se estimó que el teniente contenía 15,2 Mt de cobre fino a principios de 2013.

Radomiro Tomic, en el desierto de Atacama, se estimaba que la mina poseía en 2013 12.1 Mt de cobre fino.

Los Bronces, a 65 km al noreste de Santiago, en 2012 se estimaba que la mina a cielo abierto contenía 11,13 Mt de cobre, operada por Anglo American.

Los bienes naturales están siendo explotados por las mineras más ricas del mundo, en donde se destacan[14]

BHP-Billiton, minera Británica/Australiana, que sólo en 2013 obtuvo 67.830 millones de dólares de ganancias, donde el cobre es la segunda fuente de ingresos más grandes para esta compañía.

Anglo American, compañía minera Británica, registró $ 33.06 mil millones de ingresos en el año que terminó en diciembre de 2013, convirtiéndose en el quinto mayor minero del mundo. Donde el cobre representó $5.2 mil millones ese año.

El rol de Londres en el extractivismo minero es crucial, ya que es el mayor centro de inversión del mundo en la industria, esto significa que las compañías mineras más grandes, como por ejemplo Anglo American o BHP, con operaciones en Chile, cotizan en la bolsa de Londres, donde deciden cómo, dónde y qué explotar, junto con bancos internacionales y fondos de inversión, quienes invierten cientos de millones de libras al año en proyectos mineros, generando un vínculo entre las ganancias de los grupos económicos dominantes con la explotación de nuestros territorios, es decir, mientras los países desarrollados se enriquecen, las comunidades afectadas a lo largo del Sur Global sufren las consecuencias del deterioro de su territorio, enfermedades mortales, destrucción de la flora y fauna, desabastecimiento de agua, entre tantas otras. Esto sumado a que cuando existe una demanda de las comunidades o del Estado en contra de una de las compañías mineras, el Reino Unido entrega su apoyo diplomático a estas últimas debido a su domicilio en Londres y las relaciones comerciales evidentes.

El costo de las propuestas presentadas por el gobierno, mediante su agenda social, no tienen comparación con las ganancias que presentan las compañías mineras extranjeras por explotar el cobre chileno. Según el estudio “La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile”[15] y a partir de datos del Banco Mundial, entre los años 2005 a 2014 la Renta Concentrada GMP-10, es de 156.000 Millones de dólares, por lo que cada año la renta minera sería de 15.600 millones de dólares. Sumado a que según el documento presentado por Orlando Caputo, Ex Gerente General de CODELCO[16], el valor total de las propuestas presentadas por Sebastián Piñera alcanza la suma de 1.200 millones de dolares, en contra peso con las ganancias de las grandes mineras extranjeras, alcanzaron la suma de 13.780 millones de dólares, sólo en el año 2018. Las propuestas del Gobierno son insuficientes a las demandas que el pueblo chileno ha exigido durante estos 30 años, las propuestas de reformas a las pensiones, precios de medicamentos, sueldo mínimo de $350.000 o estabilización de la electricidad, entre otras no significan ningún cambio sustancial a la vida de las personas, porque es el sistema el que debe ser modificado y es aquí donde los bienes naturales como el Cobre y el Litio, podrían haber jugado un rol fundamental para que hoy Chile no se viera enfrentado a esta crisis profunda de desigualdad.

La pregunta que nos debemos hacer es ¿Cuál es el modelo que necesita Chile para avanzar hacia la justicia socio ambiental? El sistema neoliberal chileno, impulsado por una constitución realizada en dictadura, ha impactado y profundizado la precarización de millones de personas y la degradación del territorio, ante ello, la movilización social logró recomponer el tejido social destruido por políticas excluyentes, abusivas, inequitativas e insostenibles. Tener la oportunidad histórica de crear una constitución con participación activa del pueblo, dejando atrás la constitución del 80 es el inicio del cambio estructural que Chile necesita. Repensar un nuevo modelo político, económico, social, productivo y medio ambiental que deje atrás la sobre explotación de recursos y el extractivismo neodesarrollista transnacional será el camino para cimentar un futuro sostenible, un Estado antipatriarcal, plurinacional, soberano de las potencias extranjeras y protectora de los bienes comunes naturales para que las futuras generaciones crezcan en un territorio más justo.

Bibliografía

Bolados, Paola. 2014. “Los conflictos etnoambientales de ‘Pampa Colorada’ y ‘El Tatio’ en el salar de Atacama, norte de Chile. Procesos étnicos en un contexto minero y turístico transnacional”. Revista de Estudios Atacameños 48: 229-248. https://doi.org/10.4067/S0718-10432014000200015

Carrasco, Alejandro. 2019. “Reconfiguracion metabolisa y acumulacion por desposesion: La minera del cobre y el caso de la minera Los Pelambres en la cuenca del Río Choapa. Diálogo Andino [online]. 2019, n.58, pp.129-138. Disponible en:                  https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-26812019000100129&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0719-2681.  http://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812019000100129.

Escalona, D., González, V., Grez, F., and Mardones, M., 2011. Justicia ambiental y gran minería: La discriminación de las comunidades. Editorial Quimantú, Santiago de Chile.

Göbel, Barbara. 2013. “La minería del litio en la Puna de Atacama: interdepen- dencias transregionales y disputas locales”. Iberoamericana XIII 49: 135-149. URL: http://www.jstor.org/stable/24369447 39.

Ivars, Daniel. 2013 ¿Recursos naturales o bienes comunes naturales?: Algunas reflexiones.; Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural; Papeles de Trabajo; 26; 88-97.

Machado, H., 2009. Auge minero y dominación neocolonial en América Latina. Ecología política de las transformaciones socioterritoriales neoliberales. XXVII Congreso ALAS, 16.

Prieto, Manuel. 2016. “Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas: el modelo de aguas chileno y los atacameños de Calama”. Revista de Estudios Sociales (55): 88-103.

Romero-Toledo, Hugo. 2019. “Extractivismo en Chile: la producción del territorio minero y las luchas del pueblo aimara en el Norte Grande”. Colombia Internacional (98): 3-30.

Romero-Toledo, Hugo y Felipe Gutiérrez. 2016. “Conflictos socioterritoriales mineros: la expansión minera y la articulación identitaria indígena en el Norte Grande de Chile”. En Mineração na America Latina: neoextractivismo e lutas territoriais, editado por Andréa Zhouri, Paola Bolados y Edna Castro, 67-89. São Paulo: Annblume.

Veltmeyer, H., 2012, The Natural Resource Dynamics of Postneoliberalism in Latin America: New Developmentalism or Extractivist Imperialism?. Studies in Political Economy 90, 57–85.

[1]https://ciperchile.cl/2019/03/26/el-tpp-11-y-sus-siete-mentiras-de-democracia-protegida-a-corporaciones-protegidas/

[2] Participan de Unidad Social: Movimiento Defensa del Agua y Tierra Modatima, MAT Movimiento por el agua y los territorios y Sociedad Civil por la Acción climática, entre otros.

[3]http://www.econ.uchile.cl/es/publicacion/nuevas-estimaciones-de-la-riqueza-regalada-a-las-grandes-empresas-de-la-mineria-privada-del-cobre-chile-2005-2014

[4] https://ciperchile.cl/2017/01/19/como-captar-la-riqueza-regalada-del-cobre/

[5] http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3622.html

[6] https://www.economia.gob.cl/1540/articles-185953_documento_1.pdf

[7] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29522

[8] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29668

[9] https://www.cea.es/portal/novedades/2012/GuiaInversiones/america/chile/pdf/ley_renta.pdf

[10] https://www.wri.org/aqueduct

[11] https://mapaconflictos.indh.cl/

[12] http://www.chilesustentable.net/

[13] https://www.mining-technology.com/features/feature-the-10-biggest-copper-mines-in-the-world/

[14] https://www.mining-technology.com/features/featuremining-giants-the-top-ten-richest-mining-companies-4203262/

[15] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43463/1/RVE124_Sturla.pdf

[16]https://www.lemondediplomatique.cl/las-ganancias-globales-de-las-mineras-privadas-en-el-cobre-y-el-valor-global-de.html

Javiera Martínez y Fernando Toro
Javiera Martínez, Directora Ciudad Común y Fernando Toro, Director Ciudad Común.
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