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El año 2018 el Observatorio Europeo de la Salud estableció 5 condiciones que favorecen una buena gobernanza en los sistemas de salud: Transparencia, Participación, Rendición de Cuentas, Integridad y Capacidad Política. Considerando estas 5 condiciones presentamos una propuesta.
El concepto de gobernanza (de origen francés, pero masificación anglosajona) fue definido por el PNUD (1997) como “el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, y concilian sus diferencias”.
Si avanzamos para cumplir con las 4 ideas fuerza para el sector salud (que se destine al menos un 6% del PIB al gasto público en salud; contar con un seguro único, solidario y universal; aumentar el financiamiento a la Atención Primaria y; que la nueva Constitución garantice el derecho a la salud), se abre la pregunta respecto de si nuestra institucionalidad estatal puede responder a estos desafíos.
A nuestro favor juega que, en general, tenemos una institucionalidad con funciones y competencias claras. El rol rector y regulador lo tiene tiene el Ministerio de Salud, el aseguramiento está a cargo del Fondo Nacional de Salud, la provisión a cargo de los Servicios de Salud y de los Municipios y la fiscalización a cargo de la Superintendencia de Salud, las Seremis de Salud y el ISP. La CENABAST es la entidad encargada de intermediar la compra de insumos y medicamentos para toda la red. Rol fundamental para hacer más eficiente el sistema. Sin embargo, esto no ha sido suficiente.
El año 2018 el Observatorio Europeo de la Salud estableció 5 condiciones que favorecen una buena gobernanza en los sistemas de salud: Transparencia, Participación, Rendición de Cuentas, Integridad y Capacidad Política. Considerando estas 5 condiciones, podríamos pensar que algunos de los desafíos que tiene nuestra burocracia sanitaria estarían dados por los siguientes:
En materia de Transparencia, se requiere contar con una institución autónoma a cargo de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) y dotar de mayor transparencia las decisiones relevantes que toma el sector, por ejemplo, cómo se decide cuándo reponer o donde construir un Hospital o un Centro de Salud, o que becas de especialidad privilegiar con financiamiento estatal. En esta misma línea debiera definirse los precios máximos para una canasta establecida de medicamentos de primera necesidad y la selección de los Directivos Municipales de Salud, adscribirse al mecanismo de Alta Dirección Municipal.
En Participación, se debe fortalecer el rol de los Consejos Consultivos de Salud, pero fundamentalmente incorporar la participación vinculante de usuarios en el cuerpo directivo del nuevo Seguro de Salud y de la institucionalidad coordinadora de las Redes Asistenciales Públicas e Integradas, basadas en APS.
En Rendición de Cuentas se deben perfeccionar los mecanismos existentes en el sector, por ejemplo, para el monitoreo de la garantía de oportunidad GES y la implementación del mecanismo de priorización para disminuir tiempos de espera en patologías No Ges que se inició en el Gobierno anterior.
En Integridad, para evitar toda forma de corrupción, se debiera regular el precio máximo de prestaciones de salud en el sector privado, de manera de disminuir la probabilidad de lucro con la enfermedad. En el sector público, se debería prohibir la subcontratación de servicios a sociedades, para lo cuál debiera generarse un mecanismo institucional que promueva y retribuya la mayor productividad del personal sanitario, establecer Códigos de Ética en cada establecimiento e incluir obligatoriamente en todos los Planes de Capacitación los contenidos asociados a Ética y probidad en la función pública.
En Capacidad Política, se requiere reordenar, al menos el Fondo Nacional de Salud y la Subsecretaria de Redes Asistenciales. Ambas entidades debieran avanzar a contar con Gobiernos corporativos y margen de acción. El FONASA debiera pasar a ser el Seguro Nacional de Salud, y contar con una junta directiva integrada por funcionarios de primera línea (Ministro/a de Salud, Ministro/a de Hacienda, Consejero/a del Banco Central) y elegidos (Representantes de las Facultades de Economía y de Salud de Universidades reconocidas por el Estado y de los Usuarios/as), y su máxima autoridad sea elegida mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, con ratificación del Senado, sin que pueda ser removida por el Gobierno de turno, salvo excepciones así establecidas. Por su parte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, debiera transformarse en una Dirección Nacional de Servicios de Salud, con una Junta Directiva técnica y políticamente competente, y con una máxima autoridad que sea elegida igual que para el Seguro Nacional de Salud. Esta Dirección debiera contemplar como órgano colegiado para la toma de decisiones relevantes, un Consejo integrado por los 29 directores/as de Servicios de Salud y representantes de las Asociaciones de Municipios del país.
Todo lo anterior, porque tal como lo señala el BID, “La gobernanza del sistema de salud es crucial para configurar su capacidad de brindar una mejor cobertura frente a desafíos cada vez más complejos como la cronicidad de las enfermedades, la presión tecnológica o las restricciones presupuestarias. Fortalecer la gobernanza del sistema de salud significa ir más allá del liderazgo y la voluntad política. Supone construir burocracias competentes, elaborar reglas de juego claras y sistematizar patrones específicos para formular e implementar políticas sanitarias que mejoren sostenidamente el desempeño del sistema de salud y la calidad de vida de la población”.
