Conflicto de la PSU

Califico de muy grave el conflicto suscitado por la ACES, impidiendo el desarrollo normal de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que dejó en la incertidumbre el acceso a la universidad nada menos que a 300.000 jóvenes, con el natural impacto negativo en sus familias.

En primer lugar, es un conflicto que enfrenta a estudiantes con otros estudiantes. Enfrenta a apoderados con apoderados, incluso a pugilatos, mientras los responsables de la grave situación que afecta a la educación pública chilena, que por cierto no son quienes rendían la PSU, pontifican en los medios de comunicación, lavándose las manos y dando lecciones de ética y moral.

Escuchar a la Ministra Cubillos, la peor ranqueada del gabinete, hija de una prominente autoridad pinochetista, me resulta repugnante.

Siempre las grandes convulsiones sociales vienen acompañadas de situaciones que escapan al control de quienes las conducen, pero esto es demasiado, porque afecta a un universo de centenares de miles de familias, que muy probablemente se puedan restar de la maravillosa epopeya que está escribiendo hoy el pueblo chileno.

Por añadidura, esta situación golpea nada menos que a la Universidad de Chile, entidad encargada de organizar la prueba, por mandato del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). En consecuencia, es un golpe contra las instituciones de educación superior pública, que difícilmente sobreviven en virtud de un modelo que las discrimina. Ya escuchamos a la ministra, anunciando en una entrevista de televisión que, a partir de ahora, la PSU pasará a manos del Ministerio de Educación. No creo que la ACES celebre esta decisión, pero, de hecho, sus acciones pavimentaron el camino a este nuevo despojo de la educación pública.

Estimo no menor el impacto negativo que esta acción pueda originar en las movilizaciones que obligaron al gobierno y al Parlamento a convocar a un plebiscito respecto a mantener o no la actual Constitución de la República. De hecho, amparados en el supuesto cuadro de violencia que vive el país, los partidos de derecha depusieron sus diferencias y se han alineado en defensa de la actual Constitución.

La Mesa de Unidad Social, enorme conquista lograda por el pueblo chileno desde el retorno a la democracia, debió haberse pronunciado rechazando las acciones promovidas por la ACES. Lo mismo ocurre con las fuerzas políticas de izquierda. Su silencio las hace cómplices de una acción tan perjudicial a los intereses populares.

Abrigo la esperanza que podamos superar este episodio y lograr conducir las movilizaciones populares sin extraviar la brújula.