Anita Peña-Saavedra / Foto: Daniela Anomar |
En una entrevista con El Desconcierto, la nueva directora ejecutiva de la Corporación Miles subraya la importancia de incluir los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución, fiscalizar el rol del Estado en la aplicación de la ley de aborto en tres causales y profundizar el trabajo de la organización en los territorios.
“Soy activista”. Así se presentó Anita Peña Saavedra ante el directorio de la Corporación Miles. Era la fase final de un proceso de concurso abierto en le que decidió participar luego de que varias de sus compañeras activistas y académicas se lo sugirieran. Justo con el inicio del año nuevo, el 2 de enero, Anita Peña se estrenó como nueva directora ejecutiva de la organización después de un año con este puesto vacante, tras la salida de Claudia Dides. Miles ha completado así su equipo y organigrama con una mujer al frente, que se reivindica como ecofeminista y lesbiana.
Oriunda de Algarrobo –en la V Región– y con más de 15 años de activismo feminista a sus espaldas, Anita ahora enfrenta un nuevo desafío en el que quiere tener bien presente a los territorios para ampliar la mirada hacia las zonas más rurales del país.
Ante el escenario político y social de hoy, la apuesta de la nueva directora ejecutiva de Miles pasa por «movilizar información para el movimiento social, para mejorar la implementación de las políticas públicas y para nutrir el debate para que la nueva Constitución incorpore los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano».
–¿Qué rumbo tendrá la organización bajo tu nueva dirección?
«Continuará trabajando en el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivas. Esa es una patita muy fuerte, porque es una necesidad de accountability de las instituciones. Se va a hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en el Parlamento en materia de derechos sexuales y reproductivos y con la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Miles ha tenido un rol muy importante en la exigibilidad de la implementación de la ley, prestando asesorías y para que el Minsal publique las cifras. Ese rol de interpelar al Estado para que cumpla la legislación va a seguir muy fuerte. También se va a fortalecer el trabajo territorial, porque importa mucho mirar los derechos sexuales y reproductivos no sólo desde lo urbano, sino también en todo el territorio. Por ejemplo, en las zonas de sacrificio, donde tengo mi corazón de activista. Además, reforzaremos la generación de información para la incidencia porque nos hemos dado cuenta que las y los jóvenes acceden mucho a la información a través de las redes sociales. Nos interesa generar una información accesible, digerible a través de las redes».
–Según las últimas cifras publicadas por el Minsal, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019, de los casi 1.300 casos de mujeres que constituyeron una de las tres causales que contempla la ley, el 84,6% opta por interrumpir su embarazo, mientras que el 15,4% prefiere seguir adelante con la gestación. ¿Qué balance hace de estos dos años de implementación de la ley de IVE?
«Participé de una parte del equipo técnico que pensó la ley IVE. Se pensó a partir de unos 3.000 casos que se proyectaban de atención, y lo que vemos hoy es que sólo hay un tercio de esa proyección de mujeres que han accedido. En ese resultado hay varios componentes de análisis que hay que mirar. Uno tiene que ver con la obstrucción al acceso a un derecho de salud pública por la función que cumple la objeción de consciencia deliberada. Es una vulneración a un derecho. Estamos ante casos de profesionales como ginecólogos o directores de hospital –que ni siquiera tiene derecho a objetar porque solo objetan las personas que participan del pabellón– que hacen lo posible para que la mujer no interrumpa su embarazo. Es lamentable como el Tribunal Constitucional hace un nuevo componente en la ley para que instituciones de salud objeten. Eso es francamente inhumano».
–¿Qué otros factores tienen que ver con esas cifras que no llegan a lo estimado por expertos y profesionales?
«También hay que considerar que hay casos, sobre todo los que tienen que ver con la tercera causal (violación), que llegan por atención primaria, y algo ocurre en el proceso de derivación. Hay personas que no tienen un acompañamiento a la derivación, no hay un buen acceso a la información y la mujer termina pensando que no tiene derecho al servicio. En esa misma causal, se han visto casos en los que a la mujer le dicen que tiene que denunciar. Y eso no es así. Hay una interpretación de la ley muy discrecional, pero con un fuerte componente ideológico. Aquí los operadores de salud y el Estado no están fiscalizando el estricto cumplimiento de la legislación».
–Miles fue cuestionada por algunos colectivos feministas por no ir más allá del aborto en tres causales y sumarse a la demanda por la despenalización total del aborto. ¿Habrá cambios en la posición de la Corporación, en este sentido?
«Yo comparto la demanda por la despenalización total. Como Miles, la prioridad son derechos sexuales y reproductivos y en ese ámbito, el aborto en tres causales es restrictivo. Sin embargo, Miles está siendo una voz, por ejemplo, para hablar de la causal del derecho a la vida, la causal de salud. Hay una situación muy compleja. Por ejemplo, cuando una menor de 14 años se da cuenta de que está embarazada producto de una violación posterior a la semana 14. El Estado no puede considerar que la vida de esta mujer no se va a precarizar. En este sentido, Miles promueve que haya una interpretación de las causales un poco más amplia. Y hay que enfatizar que el aborto es parte de la vida. Es un derecho sexual y reproductivo, y es una ley súper humanitaria».
–Además de esta interpretación más amplia, ¿veremos una demanda por la despenalización total del aborto?
«Como despenalización total, no he tenido aún la oportunidad de conversarlo con el equipo. Pero un sello que me gustaría aportar en la organización es la articulación con otras redes de feministas autónomas que promuevan una desclanización cultural y social del aborto, porque el estigma que hay sobre el aborto no se resuelve con una ley. El avance hacia la despenalización social del aborto también requiere de un tratamiento y una transformación cultural, y para eso es importante pensar el aborto más allá de las tres causales: como un derecho a la vida digna, un derecho a la no precarización, sobre todo en este contexto en el que el movimiento político y social está pidiendo poner la dignidad de la vida al frente».
–Se reivindica como una mujer lesbiana y ecofeminista. ¿Qué significa para Miles visibilizar estos perfiles?
«Ser lesbiana, feminista y activista por los derechos de la tierra y los bienes comunes implica repensar y remirar los derechos sexuales y reproductivos como un derecho situado en los territorios. Los derechos sexuales y reproductivos causan mucha tensión en la opinión pública porque son formas de mirar la vida. Los fundamentalismos religiosos en Chile y la avanzada del conservadurismo en América Latina limitan los derechos humanos de las mujeres y siempre toman como bandera de lucha la estrategia de la ideología de género, que vimos acá con el bus transfóbico. Estar en un cargo como este, que claramente me da más visibilidad, lo tomo como un posicionamiento para todas mis compañeras. Es importante que los derechos sexuales y reproductivos se dejen de pensar como derechos de las mujeres que viven en edad fértil y que viven en núcleos urbanos. Es importante mirarlos desde una perspectiva interseccional y ahí entra el ecofeminismo, lo territorial. Pero también un feminismo antirracista».
–Empezó su militancia feminista en 2004 en la Universidad de Valparaíso. Con esos años de trayectoria, ¿cómo interpreta el momento actual que vive el país y el rol del movimiento feminista en eso?
«Lo veo con bastante esperanza y entusiasmo. Siento que las y los jóvenes, sobre todo el movimiento secundario, nos abrieron una posibilidad para repensar la sociedad y el territorio que queremos. Las feministas siempre hemos puesto como una vindicación necesaria la transformación cultural y social para poder erradicar el patriarcado. Hoy tenemos la posibilidad de repensar desde un mecanismo tan importante como la Constitución hasta de generar prácticas cotidianas que tengan sentido para nosotras. Estamos remirando todo. Tomo las palabras de Patricia de Souza, el texto que publicó antes de morir, que habla de la necesidad de renombrar. En ese proceso se están generando una serie de iniciativas territoriales y locales como cabildos y conversatorios. Quizás hay que hacer más seguimiento a la institucionalidad, pero creo que habrá cambios sustantivos y esto nos va a cambiar en términos humanos y afectivos. Eso será pura ganancia. Este tiempo hemos visto mucha solidaridad desde lo colectivo. El despertar ha generado un fortalecimiento del tejido social muy importante, por ejemplo, la confianza con las compañeras feministas habla de la importancia del derecho a defender derechos».
–¿Cómo observa a Miles en este escenario?
«Veo a Miles como una organización que moviliza información para el movimiento social, para mejorar la implementación de políticas públicas y para nutrir el debate de la nueva Constitución, proponiendo que incorpore los derechos sexuales y reproductivos como un derecho humano».
