Augusto Varas, experto en FF.AA: «Se podrían reasignar US $700 millones anuales para gasto social»

Un grupo de profesionales se juntó y coordinó, en base a información pública, una propuesta para redistribuir parte de los gastos que reciben las Fuerzas Armadas.

La primera de las afirmaciones es una proyección ministerial (sobre información dicha por el titular de Hacienda): serían cerca de US$5.500 millones los costos para paliar los efectos del “estallido social”. Sobre el origen de ese monto, el grupo apuntó a las Fuerzas Armadas como una solución por al menos tres razones: la “capacidad disuasiva” de esta rama es suficiente como para permitir un ajuste; que dicho ajuste no pone en riesgo las “capacidades estratégicas de Chile”; y finalmente, que el gasto en defensa del país es mayor al promedio de América Latina (1,9% del PIB en Chile versus el 1,3% regional).

Augusto Varas, doctor en Sociología, presidente ejecutivo de la Fundación Equitas y uno de los firmantes de la propuesta, respondió algunas preguntas respecto a este análisis.

—En la declaración se establece que “Chile está por sobre el promedio del gasto de defensa como porcentaje del PIB en América Latina, según el Banco Mundial, el 2018 Chile gastó el 1,9%, cuando el promedio regional fue del 1,3%”.Si a esto agregamos que según la misma fuente, nuestros países vecinos Argentina, Perú y Bolivia tuvieron gastos en defensa notablemente inferiores (0,9%, 1,2% y 1,5% respectivamente, como % del PIB), a su juicio ¿existe algún escenario externo que permita justificar este mayor gasto? ¿Cuáles serían las razones que justifican este mayor gasto en defensa?

“En el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, se establece que ‘América Latina y el Caribe se han transformado en una región definida como una Zona de Paz’, y que el ‘Estado de Chile no abriga propósitos agresivos contra ninguna nación del orbe, ni tiene reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal’. Igualmente, analistas de las FF.AA. han establecido que el país tiene una capacidad militar, operacional y logística claramente superior a sus tradicionales adversarios. Desde esta perspectiva, no es razonable incrementar el gasto militar como incomprensiblemente el Congreso ha aprobado últimamente al modificar el financiamiento de la defensa al eliminarse la Ley del Cobre. Tal como lo hemos indicado en nuestra propuesta, la reposición y modernización permamente del material bélico puede realizarse incluso reduciendo relativamente los fondos públicos destinados a la defensa, sin afectar la capacidad disuasiva defensiva del país”.

—La declaración señala que una política de racionalización del presupuesto militar podría ahorrar alrededor de US$700 millones anuales, si desde ahora se iniciara un ajuste en el gasto.  Estamos hablando de US$4.200 millones anuales de aquí al 2025, lo que es una cifra muy grande.  Si, como ustedes afirman, esto no afecta la capacidad disuasiva de nuestras FF.AA., ¿podríamos decir que en Chile existió un importante nivel de “sobre-inversión” en el gasto de defensa?  ¿Desde cuándo viene ocurriendo esta situación?

“Más que ‘sobre-inversión’, se podría decir que ha existido una incapacidad institucional de conducir la política de defensa, la que se ha caracterizado por su inercia. El Presidente, en cuanto cabeza del Estado, no cuenta con las atribuciones constitucionales para darle racionalidad y coherencia a la política de defensa, dada la autonomía corporativa de las instituciones castrenses consagrada en la Constitución. La actual Constitución sigue incluyendo en capítulo XI a las FF.AA. como poder del Estado y a la seguridad nacional como su doctrina, extendiendo y legitimando sus roles no militares en la sociedad. El concepto de seguridad nacional puede incuso incidir en funciones castrenses ajenas a ellas, como la reserva de las leyes, la libertad de enseñanza, el derecho a huelga, el emprendimiento económico, el derecho de propiedad, la identidad nacional, las atribuciones presidenciales, las instituciones estatales, la política monetaria, los estados de excepción y las penas judiciales. Por su parte, a pesar de la reforma de la ley N° 20.424, que fijó su estatuto orgánico, el ministerio de Defensa aún no cuenta con las capacidades humanas y técnicas como para darle una debida conducción civil a las FF.AA. Igualmente, la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. le entrega atribuciones a los comandantes en jefe que le dan una gran autonomía frente a la conducción gubernamental. Así, por ejemplo, los CeJ formulan las doctrinas institucionales, aprueban  y disponen el uso y aplicación de todas las publicaciones oficiales internas y los textos de estudio de los establecimientos institucionales, e invierten los fondos que se destinen por ley y los recursos que se obtengan con motivo de las enajenaciones y ventas constituyen ingresos propios de la Institución y no ingresan a rentas generales de la Nación. Esta autonomía se puede también observar en otros ámbitos, como por ejemplo, en la Justicia militar, la educación, sistema previsional y de salud.

—Estábamos acostumbrados a que los Ministros de Hacienda nos recordaran de manera reiterada que los recursos son escasos. Pero parece que ha llegado el momento en que se reorientan las prioridades del gasto: ¿Cree usted que existe el convencimiento de que esto es necesario y posible a nivel de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria? ¿Y entre las FFAA?

“Lamentablemente la política de defensa y militar no han estado dentro de las prioridades de los partidos políticos y muchas de sus decisiones al respecto se han guiado por consideraciones de otra índole. En las instituciones armadas tiende a predominar una actitud de trinchera, de defensa corporativa, producto de traumas históricos provocados por gobiernos civiles despreocupados de estos importantes temas. Esas resistencias al cambio también se originan producto de las acciones gubernamentales de involucrar a las FF.AA, en tareas no profesionales, como algunos importantes generales en retiro lo han criticado”.

—Los grados de autonomía, discrecionalidad, falta de transparencia y tradición autoritaria que las FF.AA. han logrado mantener durante estos 30 años de democracia pueden considerarse una inequidad más que nos afecta como país. ¿Cuáles son los pasos claves que tendrían que darse para avanzar en el control democrático de las FF.AA?

“Es necesario continuar y profundizar la modernización permanente de las FF.AA. estableciendo nuevas formas de relacionamiento institucional propias de una democracia republicana en cinco grandes áreas. En el ámbito constitucional establecer con claridad la autoridad y mando sobre las FF.AA. del Presidente de la República en tiempo de paz; redefinir el rol constitucional de las FF.AA. evitando su extensión de funciones más allá de la defensa nacional —salvo en emergencias nacionales— y eliminar las referencias a la seguridad nacional; eliminar el capítulo vinculado a las FF.AA. retornando a la tradición constitucional pre-1973, estableciendo de manera clara y precisa la subordinación de las FF.AA. al poder político. En los estados de excepción, establecer una línea de autoridad civil por sobre las FF.AA. y mecanismos de control ex post del Congreso. Eliminar el uso de la fuerza militar en riesgos y amenazas de naturaleza económica, social, política o medioambiental, de origen “intra-estatal” o no, que posean implicancias internacionales como el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, o problemas como el cambio climático, que no son fenómenos que requieran respuesta militar per se. Estos deben ser enfrentados por las instituciones policiales y civiles respectivas.

“En materia de la conducción, fortalecer las capacidades civiles del ministerio Defensa; racionalizar el presupuesto de defensa en el marco del desarrollo de la fuerza por capacidades, lo que requeriría, a su vez, una reforma al Estado Mayor Conjunto, constituyéndolo en mando institucional superior en tiempo de paz y guerra, asegurando lo conjunto de manera efectiva.

“En lo legislativo, el Congreso deberá debatir, aprobar y supervisar la ejecución de una estrategia de defensa nacional que le dé sustento estratégico a las partidas asignadas a Defensa.

“En el ámbito institucional, modernización de la carrera militar, del sistema de compra de armamento y de las relaciones entre las FF.AA. y otros entes estatales y civiles en la perspectiva de coadyuvar al desarrollo nacional.

“Y en el campo social, ‘re-legitimar’ socialmente a las FF.AA. en su función profesional de defensa adecuándose a la plena integración de la mujer, la diversidad sexual, étnica y de capacidades diferentes; gratuidad en sus escuelas matrices; reducir la competencia de los tribunales militares y el alcance del fuero militar en tiempos de paz; ampliar los canales que consigna la Ley 20.500, sobre la participación de la sociedad civil en las políticas, planes y programas que impulse el Estado en esta área.

—Recientemente en entrevista dada a El Mercurio, Andrés Allamand señaló que «lo que sucederá en 2020 y 2021 tiene a lo menos la misma gravedad de lo que vivimos en los años 72 y 73”. ¿Comparte esta opinión?

“Su comparación no resiste un análisis socio-político serio. Es otro contexto histórico internacional post guerra fría. No puede comparar el proceso de cambio intentado por la Unidad Popular con la demanda ciudadana por una Nueva Constitución, o analogar la disposición de los diversos actores políticos, sociales, nacionales e internacionales para llegar a un acuerdo en este campo. Su inclinación por la política del ‘desalojo’ no es una opción muy compartida”.

—En el contexto de los efectos que traería sobre las Fuerzas Armadas implementar sus recomendaciones ¿existe a su juicio algún riesgo de que las FF.AA intervengan en la política como lo hicieron a partir del golpe de estado de 1973?

“No veo signos en esta misma dirección. Las FF.AA. han aprendido y sacado sus propias conclusiones sobre lo que ha significado tanto para el país como para sus instituciones y miembros el haber sido soporte de una dictadura y legitimadores de violaciones masivas a los derechos humanos. La experiencia les ha mostrado que si bien las instituciones pueden involucrarse impunemente en aventuras de este tipo, finalmente son sus miembros los que más tarde pagarán por sus culpas”.

—A su juicio, el “Nunca Más” expresado por el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en el año 2003, se ha cumplido a partir del 18 de octubre?

“En su declaración del 13 de junio de 2003, el general Cheyre afirmó: ‘Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron’. Creo que a las FF.AA. les ha quedado claro tal error y sus actuaciones y declaraciones después del 18/O, tal como las del general Iturriaga afirmando que no estaba en guerra con nadie, son expresivas de esta actitud.

“Pero por otra parte, su convencimiento de que ‘hemos dado pruebas que nuestro proceso se ha comprometido a nunca más violaciones a los Derechos Humanos’, no se ha visto reflejado en la actuación de algunas de sus fuerzas durante el estado de emergencia tal como lo han establecido organizaciones nacionales e internacionales”.

—La falta de legitimidad y el rechazo expresado al conjunto de instituciones democráticas por parte de la ciudadanía, en particular al desempeño de Carabineros y las FF.AA. a partir del 18 de octubre ¿conforman un escenario positivo o negativo para la instalación de la necesaria democratización y subordinación de las FFAA al poder civil?

“Con la gran protesta nacional iniciada el 18/O ha caído el ‘tupido velo’ con el que se habían invisibilizado diversas fracturas sociales y creado mitos institucionales. Uno de ellos era la alta legitimación social de las instituciones monopolizadoras de la fuerza. En la medida que no hay Fuerzas Armadas profesionales sin democracia y democracia sin ellas, esta fase del desarrollo político nacional es una nueva oportunidad para alcanzar la debida supremacía civil sobre las instituciones armadas, de manera de proyectarlas profesional y consistentemente con la nueva democracia que se intenta construir. Espero que los liderazgos políticos y sociales, así como las y los constituyentes, estén a la altura de este desafío”.