Municipalidad de Providencia. |
El caso de la otrora trabajadora de la Municipalidad de Providencia, revelado por El Desconcierto, despertó un gran número de reacciones y fue calificado de insólito. Además, distintas autoridades aseguraron estar preparando medidas para asegurar una investigación y determinar las responsabilidades al interior de la entidad.
Sorpresa y repudio causó la situación de una ex funcionaria de la Municipalidad de Providencia que demandó a la casa edilicia por haber sido obligada a infiltrarse en las manifestaciones de los últimos meses. El caso ha despertado varias reacciones, en las que ha sido catalogado de insólito y anticipan que están analizando medidas para investigar los hechos.
Según reveló un reportaje de El Desconcierto, la ex inspectora municipal tuvo que exponerse durante dos semanas a las bombas lacrimógenas, balines y piedras sin una debida protección, todo para no perder su trabajo. La demandante relató que debía sacar fotografías y dar cuenta de los movimientos de los manifestantes y encapuchados en Plaza de la Dignidad, lo que debía informar a sus jefes a través de un grupo de whatsapp.
El diputado por el distrito 10, que incluye la comuna de Providencia, Gonzalo Winter, afirmó que «de ser cierto, sería ilegal, inaceptable e insólito». Luego, profundizó diciendo que, además de ser acoso laboral, se le «está solicitando una labor que significa riesgo de daño físico directo» y agregó que se debe «recordar que hay personas en las movilizaciones que han perdido la vida y que han sido mutiladas».
En este mismo sentido, aseguró que como diputación van a presentar un oficio de fiscalización y se pondrán en contacto con la afectada «para ver de qué manera podemos ayudar en su caso».
Sobre la alcadesa de la comuna, Evelyn Matthei, declaró que esto «habla de una política anti pueblo y regresiva de la alcaldesa» y añadió que hay «por lo menos una responsabilidad política con respecto a las personas que trabajan para ella», aunque precisó que debe ser indagado por los medios correspondientes.
Así mismo, la diputada socialista por la misma zona, Maya Fernández, aseguró que estos actos «vulneran los derechos de los trabajadores y trabajadoras», también que «no corresponde enviar a funcionarios municipales», ya que ellos «no están a cargo de la seguridad pública».
La parlamentaria declaró que el caso es grave y «se debe investigar», para lo cual instó a que sean los concejales quienes esclarezcan la situación.
También se refirió al tema el concejal de la comuna Pablo Jaeger, donde manifestó sentirse preocupado por la situación y aseguró que, de comprobarse los hechos, sería muy grave. «El tema tiene varias aristas, como en qué se gastan los recursos municipales y donde destinar personal a labores que no están dentro de las competencias muncipales», explicó.
Además, recordó que el municipio ya ha tenido problemas en cuanto a la protección de las personas que transitan en la comuna, como en 2018, cuando a raíz de la fiscalización del comercio ambulante «hubo procedimientos que significaron querellas por tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)«. Finalmente agregó que hay concejo el próximo 28 de febrero y «con algunos concejales vamos a tratar de coordinar qué vamos a hacer».
Otro miembro del Concejo Municipal declaró sobre el caso. Jaime Parada criticó que se obligue a los funcionarios a «infiltrarse en la Primera Línea, sin tener instrucción, necesidad o equipamiento para eso. Y con una agenda bastante poco clara, ¿qué es lo que quieren?».
Sin embargo matizó las posibilidades de fiscalización que tiene el propio Concejo: «Es poco lo que podemos hacer, porque todo lo que hemos hecho se encuentra con un portazo» y explicó que «los concejales somo autoridades que tenemos muy pocas atribuciones. Uno podría ir a Contraloría, (…) pero ya tenemos un recurso puesto hace un año y medio, por lo menos, sin pronunciamiento».
Desde el sindicato de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, la presidenta, Miriam Rabah, se refirió a la situación: «Tiene que ser probado, demostrado y, si es así, debe que recibir toda la sanción judicial y social. Me parece gravísimo», aseguró. Adelantó además que «estamos conversando con nuestros abogados para que nos asesoren».
Sin embargo, afirmó que la ex trabajadora no es socia de su colectividad, por lo que no pueden tomar acciones por la ella, pero enfatizó que ella es funcionaria municipal y esperamos que la Asociación de Funcionarios de la municipalidad tome las medidas correspondientes.
