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Emblemática dirigenta de los trabajadores a honorarios recurre a la OIT por despido arbitrario 

Por: Sebastián Reyes / Publicado: 05.06.2020
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El día 28 de abril la presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) - ex Conicyt - fue comunicada de su desvinculación inmediata del departamento estatal, acusando vulneración de derechos laborales y fundamentales. José Pérez Debelli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), apoyó a la trabajadora y presentó, en conjunto con ella, un recurso de queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunciando esta “violación a los principios de libertad sindical", y, de pasada, reiterando la precaria situación en la que el Estado tiene a las y los funcionarios que le boletean por años.

Cuando Cecilia Toro fue a buscar sus cosas a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) – ex Conicyt -, no la trataron como alguien que había sido desvinculada luego de 11 años de duro trabajo en la institución.

Tampoco la trataron como la presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la ANID, porque para su empleador (el Estado de Chile) los funcionarios y funcionarias que hacen boleta, independiente de que cumplan horarios, tengan superiores y obligaciones permanentes por años para con el departamento, no son trabajadores dependientes, por lo que no tienen ningún derecho laboral asociado a esta relación.

No. Cuando la dirigenta fue a buscar sus cosas a la ANID luego de que la despidieran, cuenta que la trataron como a una delincuente. La acorralaron en una oficina, obligándola a firmar un papel que ella no quería ni leer hasta que no estuviese presente su abogado. Al momento en que trató de salir le bloquearon la puerta. Luego, la persiguieron por todo el edificio. No le pasaron ni siquiera una caja para que se llevara sus pertenencias, por lo que tuvo que conseguirse una bolsa de basura para llevarse sus pertenencias.

“Como si me fuera a robar algo. Estuve 11 años en ese lugar, no puedo creer lo que sucedió”, cuenta Toro a El Desconcierto sobre la humillación que sufrió.

Cecilia piensa que su rol de reivindicadora de los derechos laborales, tanto de sus compañeros como del resto de quienes boletean en el sector público, jugó en su contra. Sobre todo, después de que presentara una demanda colectiva contra la ANID y el Estado de Chile, para que este reconozca su calidad efectiva de empleador de las y los trabajadores a honorarios, la relación jurídico laboral existente, y las garantías que ello conlleva.

En cuanto a su desvinculación, junto con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Toro elevó un recurso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el día 27 de mayo, interponiendo una queja por “violación a los principios de libertad sindical”. Pues, como ella siempre ha defendido, su sindicato – y las demás organizaciones de funcionarios a honorarios del sector público – son muy reales y necesarios para los trabajadores que dependen de ellos para asegurar sus derechos, aunque el Estado de Chile se niegue a reconocerlo para su conveniencia.

La carta de desvinculación

“Lo consagrado” para desvincularla, como se lee en la misiva de despedida enviada a la dirigenta el día 28 de abril de 2020, a la que tuvo acceso El Desconcierto, son básicamente tres acusaciones: prácticas que generaron menoscabo a los trabajadores, uso de la base de datos de correos de la institución para entregar información a trabajadores que no corresponden a su sindicato, y, por último, que en uno de estos correos enviados, la presidenta de las y los funcionarios que boletean “anticipó decisiones que nunca han sido tomadas por esta Dirección, que aún más, las mantiene en sus redes sociales generando alarma en muchos integrantes de nuestra comunidad”.

Mira la carta aquí:

Consultada por estas denuncias, Cecilia establece que la primera es completamente falsa, y pidió por Transparencia todos sus registros de evaluaciones como trabajadora de la agencia, y que le dijeran a quienes había menoscabado con sus acciones.

Si bien a esto último se negaron, para proteger a las personas supuestamente afectadas de menoscabo, sí le entregaron el registro de sus horas compensatorias, calificaciones desde el 2012 y cumplimiento de horarios. El resultado: distinción como funcionaria durante todos sus años de servicio y cumplimiento de todas sus responsabilidades.

“Es algo sumamente grave y serio, que es un delito por cierto, constitutivo de injurias y calumnias. ¿Por qué no se me hizo un sumario si esto era así? Yo estuve encerrada en mi casa casi dos meses, ¿cómo es posible que haya generado menoscabo a uno o varios trabajadores y que esto no se haya investigado?”, pregunta Toro.

Los mails y las redes sociales

En esta misma solicitud de Transparencia, y en cuanto al mail o la información con que la dirigenta habría incurrido en la falta, no se señala específicamente a cuál correo se refiere el empleador. De hecho, aseguran que no se trataría de un mail sino de varios, y de la réplica de estas declaraciones a través de las plataformas sociales de internet. Aparte de esto, dieron el ejemplo de uno de los temas que, según ellos, Toro no debiera haber divulgado a la comunidad: “la obligatoriedad del retorno a funciones presenciales dentro de la ANID”.

Así, desde la agencia hacen alusión a que este retorno era “voluntario”, ergo la acusación de que la dirigenta buscaba sembrar la discordia en la institución. Sin embargo, esto no fue ocurrencia de Toro, sino que se dio en el marco del anuncio hecho por el Gobierno a mediados del mes de abril, cuando se decidió que todos los funcionarios del sector público comenzarían el “retorno gradual a sus funciones”, justo cuando se esperaba que comenzara el peak de la pandemia de COVID-19.

Además, la representante expuso públicamente en internet, en otra publicación, los recortes de presupuesto que sufriría la ANID, asegurando que esto terminaría, como siempre, afectando a las y los trabajadores a honorarios. También establece que otra cosa que molestó en su trabajo, es que publicó en su Twitter un artículo de Finlandia, que decía que el coronavirus se propaga a través del aire acondicionado. “De acuerdo con este estudio, nosotros estábamos en un problema porque estábamos expuestos a esto en el establecimiento si es que retornábamos a nuestras funciones”, dice la dirigenta.

Las trabajadoras y trabajadores a honorarios del sector público

Sobre la aplicación de las normas del trabajo para la gente que boletea para el Estado chileno, El Desconcierto conversó con el abogado laboral Claudio Fuentes, quien asegura que actualmente nuestra legislación laboral no es explícita en la aplicación del Código del Trabajo para los funcionarios y funcionarias que se encuentran contratadas bajo el concepto del contrato a honorarios.

Sin embargo, en materia judicial existen algunos precedentes de estas situaciones. “Los tribunales de justicia, en reiterados fallos y luego de escrutar la existencia de los elementos propios de un contrato de trabajo – como son el vínculo de subordinación y dependencia que se manifiesta en situaciones tales como el cumplimiento de horario, el pago de una remuneración constante en el tiempo, el uso de uniforme o el simple hecho de cumplir órdenes de parte de una jefatura -, han determinado la existencia de una relación laboral y han otorgado los derechos a los trabajadores, haciendo aplicable toda la legislación laboral pertinente al caso concreto”, afirma el legista.

Respecto de la situación en concreto de Cecilia Toro, el abogado revisó los antecedentes y explicó que “se podría estar encubriendo la vulneración al derecho de sindicación – libertad sindical – o sería además también una represalia al ejercicio del derecho de libertad de expresión, ambos garantizados por nuestra actual Constitución, pudiendo la afectada acudir al Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales”.

Otro mecanismo que podría seguir la afectada, cuenta Fuentes, es buscar la aplicación del artículo 294 del Código del Trabajo, norma que fue incorporada por la Ley 20.940, y que tiene por objeto anular el despido de una trabajadora o trabajador que no se encuentra amparado por fuero laboral, pero que es despedido por represalia a su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o de negociación colectiva.

En el caso de Toro, al ser presidenta de una organización de funcionarios, también optó por presentar un recurso de queja ante la OIT, auspiciada por la ANEF y su presidente, José Pérez Debelli, quien también habló con este medio por el caso de la desvinculación de la dirigenta.

“La carta del servicio justificaba lo injustificable. En esa línea, nosotros como ANEF hemos estado acompañando, como siempre cuando hay despidos arbitrarios, entendiendo además la fragilidad del contrato, la exposición de su condición de mujer y de profesional”, señala el representante de los funcionarios del sector público.

“La orientamos que recurriera a la Contraloría General de la República, ya que hay un dictamen vigente que reconoce la trayectoria de funcionarios públicos a honorarios que tienen más de dos períodos consecutivos de calificaciones (…) además, ella ocupó el instrumento de queja de la OIT, que le permite denunciar al servicio, al ministerio, y al Gobierno de Chile por este despido arbitrario. Ojalá que esto le sirva para dignificar y revertir esta decisión que lamentamos profundamente”, concluyó Pérez.

Por su parte, Cecilia está enfocada en este recurso y en sus otras apelaciones, pero también está preocupada por sus compañeros y compañeras afiliadas al sindicato, pues teme que los puedan despedir por “causas inventadas”, como hicieron con ella. “Esto es solo para desmembrar un sindicato que ha sido líder de denuncias contra la directora nacional, Aisén Etcheverry (…) yo abogo al fuero y a los demás derechos sindicales, aunque seamos trabajadores del sistema a honorarios”, concluye la representante de quienes boletean en la ANID.

El Desconcierto se comunicó con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, desde donde indicaron que no se referirían al caso de Toro.

 

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