Impuesto a la riqueza y reducción arancelaria en la educación para sortear la crisis

Frente a las manifestaciones por hambre, el gobierno reaccionó de la misma forma que lo hizo ante el virus Covid-19; comenzaron negando los hechos y buscando continuar con la normalidad, hasta que las consecuencias de sus actos y omisiones vislumbraron la propia gravedad del asunto.

El “no lo vimos venir” es en realidad un “no lo quisimos ver venir”, pues desde los diversos sectores de la sociedad ya habíamos mencionado desde el inicio de la Pandemia la necesidad de una cuarentena total, fijación de precios a los bienes esenciales y la necesidad de una Renta Básica de Emergencia que le permitiera a las familias sustentar sus necesidades básicas en confinamiento. Si bien algunas de estas medidas fueron otorgadas; llegaron justo en el momento en que la situación del país se agravó, alcanzando cifras mundiales de contagiados dignas del podio internacional, además de los miles de muertos que hasta el día de hoy nos tratan de esconder.

Las objeciones del gobierno frente a las propuestas que ha hecho la oposición han seguido varias líneas, como un supuesto efecto de dependencia de las personas para con el Estado, el problema del endeudamiento público y la necesidad de salvaguardar la economía. Excusas fundamentadas en un dogmatismo neoliberal que les ha impedido tomar medidas a la altura de las circunstancias. Temen quebrantar los mandamientos Chicago-gremialistas siguiendo, dicen, las normas naturales de la economía y el derecho, atentando contra la vida de las personas. Sin embargo, se les olvida, como diría Carl Schmitt, que es la excepción la que determina el contenido de las reglas.

La historia misma nos demuestra que la mejor forma de solventar una crisis no sólo se podría materializar a través del aumento del gasto público, sino que también impulsando cambios en el sistema económico en sí mismo. Recordemos que la movilización por la dignidad iniciada el 18 de octubre del año pasado reiteró la histórica impugnación a la desigualdad como una de las fuentes de la injusticia, lo que vuelve necesario la incorporación de un impuesto a la riqueza, el que permitiría aumentar la recaudación de las arcas fiscales e incrementar el gasto público en áreas clave como la salud, educación y protección social.

Tenemos la oportunidad histórica de cumplir con una de las más grandes demandas de justicia que ha tenido Chile en las últimas décadas y, a su vez, impedir que la crisis sea pagada por las y los trabajadoras, trabajadores, estudiantes y pensionados de Chile.

Por otro lado, la dificultad patente que ha presentado el sistema chileno para garantizar derechos fundamentales se vuelve aún más problemática en la situación actual. Si la mercantilización del derecho a la educación y su consecuente expresión en endeudamiento y segregación ha sido siempre una problemática soslayada, en tiempos de crisis esto se vería agudizado. Por ello hoy más que nunca es necesario que se garanticen las condiciones para hacer efectivo el derecho a la educación, fundamentalmente a las familias que se encuentran en una condición más vulnerable frente a la pandemia y sus efectos.

Es imprescindible discutir la reducción de la matrícula y anualidad tanto de los establecimientos educacionales particulares y particulares subvencionados como los de la educación superior. Estas medidas le permitirían a un gran número de familias disminuir una importante fuente de gastos y, a su vez, auxiliarlas en la supervivencia de la cuarentena y frente al invierno que se avecina. Más de fondo, dar por fin una discusión que defina por ley el alcance de la gratuidad y el financiamiento de la educación superior.

En cuanto al financiamiento de derechos, es erróneo plantear que el Estado no tiene los recursos para hacerlo; la mala distribución del presupuesto nacional ha sido un factor determinante. Ahora bien, eso no implica que el endeudamiento no sea una opción, pues Chile posee una de las deudas públicas más bajas de la OCDE y América Latina. Sin perjuicio de ello, no debemos pasar por alto lo beneficioso que podría ser aumentar los ingresos fiscales, pero no bajo las lógicas tributarias tradicionales, donde casi la mitad de la recaudación se obtiene del IVA. Debemos avanzar hacia lógicas completamente distintas que contemplen, además, la problemática de que el 1% de la población concentre el 33% de la riqueza.

La viabilidad del impuesto a la riqueza se vuelve ostensible como una forma de justicia tributaria que, a su vez, nos permitiría –mediante un mayor gasto público– garantizar derechos económicos y sociales, entregando tranquilidad a las familias y estabilidad al país.

En medio de intentos por llamar a un acuerdo nacional, es necesario que exista la voluntad política para evitar que, una vez más, la demora en la acción traiga consigo graves consecuencias a su paso.

No podemos permitir que la crisis la paguen los que históricamente han sido desfavorecidos.