Política social y coronavirus: historia de un fracaso

El primer acto fue en abril. El Presidente Piñera anunciaba en cadena nacional lo que sería su principal instrumento de ayuda social durante la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Éste entregaría montos decrecientes de dinero, hasta los $ 65 mil por un periodo de tres meses, “al 60% más vulnerable de las familias del país” (lo cierto es que no alcanzó a cubrir ni siquiera a las familias del 40% más vulnerable).

Pese a que fuimos muchos quienes sostuvimos que el monto debía considerar la línea de la pobreza e incluir a las personas cuyas relaciones laborales se hubieran suspendido, el gobierno no escuchó. Tampoco recogió la observación de eliminar la postulación y prescindir de un nuevo indicador socioeconómico que sólo agregaría burocracia y dificultades a las familias. La respuesta del gobierno se limitó a incorporar a los beneficiarios de algunos programas como receptores inmediatos del IFE.

El segundo acto se llamó IFE “2.0”. En junio, tras algunas protestas que hicieron temer un nuevo estallido social, el acuerdo económico Gobierno-Oposición aumentaba el aporte hasta los $ 100 mil y, aunque todavía no alcanzaba la línea de la pobreza, al menos no sería decreciente. Sin embargo, el gobierno insistió en que las familias debían postular –a pesar de que municipios de todos los colores políticos relataban lo engorroso y frustrante del proceso– y en el empleo del indicador socioeconómico de emergencia.

El tercer acto fue fruto de una maniobra para evitar el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Ante la angustia de millones de familias carentes de ayuda, el gobierno puso sobre la mesa el llamado IFE “plus”. Esta nueva versión, aprobada hace poco en el Congreso, amplía la cobertura, simplifica los requisitos y facilita la postulación para que quienes lo soliciten no deban pasar por el humillante ejercicio de “demostrar pobreza”. De una u otra manera, ahora sí se incorporan algunas de las observaciones realizadas ¡en abril!

No importa el título de la obra, sino lo que pasa fuera del teatro: tras meses de ensayo y error, la mayor parte de las comunas populares de Santiago entramos en cuarentena, la curva de contagios llegó a su punto más alto, los fallecidos se estiman en miles y ahora vamos camino al desconfinamiento. Durante todos estos meses, el Estado no fue capaz de ofrecer las condiciones mínimas para que quedarse en casa, la medida más recomendada para cuidar la vida de la población en medio de la pandemia, fuera una alternativa plausible para miles de familias que debieron rebuscárselas para sostenerse.

A este verdadero papelón de la política social en emergencia concurren tres factores. Primero, una actitud de regateo y especulación de parte del gobierno, que bajo la excusa de “guardar balas” por si la crisis se alargaba, demoró la respuesta hasta que no dejó más opción que desfondar los ahorros previsionales. En segundo lugar, un fundamentalismo ideológico que insistió en focalizar en un escenario de máxima incertidumbre sin considerar a las personas ni sus problemas.

La ayuda tenía que ser “justita” para que no se desincentivara la búsqueda de empleo y, al decir de una diputada oficialista, nadie se “acostumbrara” a vivir del Estado.  Así, cuando el sentido común indicaba que era mejor “pasarse” con la ayuda, por aferrarnos a la ortodoxia nos quedamos cortos. La cuenta la pagaron las y los trabajadores junto a la clase media.

El tercer factor es más estructural y no se soluciona simplemente con el (urgente) cambio de signo político del gobierno: nuestra red de protección social no cuenta con las herramientas para enfrentar eficazmente una crisis de esta magnitud. El Registro Social de Hogares demora al menos 45 días en actualizarse y, pese a que 2,7 millones de hogares están dentro del 40% más vulnerable, muchas familias no lo tienen. Acostumbradas a rascarse con sus propias uñas eran invisibles para un Estado que no tenía forma de verlas cuando llegó la crisis. Más aún, la seguridad alimentaria de muchas familias sólo pudo mitigarse a punta de ollas comunes y una ineficiente entrega de millones cajas de alimentos, que si se hubiesen transformado en transferencias directas hubiesen evitado contagios y de pasadita hubiese aliviado en alguna medida el alicaído comercio local.

Nuestras vecinas y vecinos esperan más de lo público, y el Estado no puede ser pasivo frente a las circunstancias concretas que viven las personas esperando que el mercado subsane todo. El Estado subsidiario, entendido como aquel que actúa cuando el privado no quiera o no pueda, ha fracasado una vez más.

A la infinidad de desafíos que el Covid plantea en áreas como el funcionamiento de la salud, la construcción de viviendas o las modalidades de trabajo, proponemos agregar otra: construir un sistema de protección social robusto en tiempos de “normalidad”, pero especialmente flexible y ágil para posibilitar la entrega de ayuda social oportuna, suficiente y sensible al contexto. En esto, no podemos volver a fallar.