Paisaje militar: la demanda de camioneros que puede ser ley

Once días después del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” (en donde se abrió una salida institucional gracias a las movilizaciones a partir del 18 de octubre), casi como si se tratase de un ajuste de cuentas contra cientos de miles de personas y organizaciones sociales movilizados, la senadora Carmen Aravena y el senador (y ex marino) Kenneth Pugh, ambos de derecha, ingresaron el proyecto de “Reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica del país”.

Tras haber sido aprobado por el Senado sin mayor debate público, el proyecto pasó al segundo trámite constitucional en la Cámara, pero esta vez evadiendo la Comisión de Defensa, el proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución, donde su presidente (el DC Matias Walker) dio el apoyo que le faltaba al gobierno para su aprobación. Pero fue el pasado jueves 3 de septiembre cuando, acogiendo el petitorio de camioneros movilizados, el presidente Sebastian Piñera colocó “suma urgencia”, de modo que este miércoles 9 de septiembre a las 17:30 se reúna en sesión especial la sala de la Cámara para discutir y votar el proyecto de “Infraestructura crítica”.

La celeridad en el trámite parlamentario tiene razón en el agobio de gobierno por la aprobación del conjunto de 13 leyes  para hacer frente a futuras olas de protestas sociales post cuarentena, mismas 13 leyes que son parte del petitorio de paralización laboral de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Coincidentemente, tras el acuerdo con el gobierno y el fin del paro de camioneros, el presidente Piñera llamó al Congreso Nacional a aprobar dicha agenda.

El proyecto de “Infraestructura crítica” es una reforma al número 17° del artículo 32 de la Constitución Política. Faculta al Presidente de la República para decretar que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica ante lo que el Presidente defina como un peligro grave e inminente. Se concreta como un “estado de alerta permanente”, un estado intermedio entre la normalidad y los estados de excepción constitucional, sin la privación de derechos y garantías constitucionales, que despliega a las FF.AA. como custodios de la propiedad privada, determinada por el Presidente de turno. Esto porque el proyecto de reforma no define lo que considera por “Infraestructura crítica”, y agrega un artículo transitorio que dispone que en tanto no exista ley que determine a los órganos o servicios que forman parte la “infraestructura crítica” será el Presidente quien (mediante un decreto supremo) la defina. Es decir, el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica no define qué será considerado “Infraestrucutra crítica” y tampoco qué se considerará por “peligro grave”, pues sólo dispone un informe previo de la Agencia Nacional de Inteligencia, siendo éste un servicio público centralizado sometido a la dependencia del Presidente. Esos vacíos serán llenados por el criterio de él mismo.

Estas incertezas jurídicas entregan al presidente Piñera un voto de confianza para que emplee las Fuerzas Armadas bajo su arbitrio respecto a los pretextos de la naturaleza de la amenaza, los lugares, los objetivos y el grado de uso de la fuerza para el resguardo militar, sin la necesidad de declarar el Estado de Excepción constitucional en el tiempo que queda de su mandato.

Las suspicacias aumentan al escuchar al ex ministro de Defensa, Alberto Espina, respecto de que éste es un proyecto que se explica en el contexto de los actos surgidos a partir del 18 de octubre en adelante, indicando que busca evitar los hechos acontecidos a raíz del estallido social. Como también surgen reticencias cuando se sabe que diputados y diputadas que votarán tienen posibles conflictos de interés, dada su participación en empresas que buscan ser custodiadas por los militares, aún sin que haya sido declarado el Estado de Excepción constitucional a raíz de alguna catástrofe.

Es conocida la existencia de la “bancada de los súper ricos”, que llegó al Congreso siendo financiada por los mayores capitales del país. Frente a estos posibles conflictos de interés, y en función del artículo 147 (inciso primero) del Reglamento de la Cámara de Diputados, ingresamos una solicitud al presidente de la Cámara, Diego Paulsen Kehr, para informar las inhabilidades de los parlamentarios indicados en el cuadro adjunto.

El país vive momentos difíciles. Se deben resolver asuntos que son difíciles de tratar, pues no existen motivos, razones ni evidencia, que sustenten poder emitir un voto de confianza al criterio del presidente Piñera en cuanto a la utilización de las FF.AA. en asuntos sociales, políticos o incluso personales.

El presente y futuro del país está en juego.

Solicitud inhabilitación voto de diputados «Ley de Infraestructura Crítica»