La sociedad chilena y el virus de la concentración

Al observar sociológicamente la dinámica social que ha tomado la pandemia del coronavirus nos encontramos una vez más con los fundamentos objetivos que detonaron la crisis de octubre de 2019, a saber: los enormes procesos de concentración en los que se ve envuelta la sociedad chilena. A pesar de la enorme importancia del dinero para el despliegue y la resolución de diferentes lógicas de concentración, no se trata meramente de una concentración de tipo económica –como lo describiera Karl Marx en su célebre El Capital en la segunda mitad del siglo XIX–, sino que de una tendencia general a la concentración que tendría lugar en todos los sistemas sociales: a través del dinero (economía), de la formación de burocracias (política), de la adquisición de competencias o certificados (educación), del acceso a medicamentos y terapias (salud), etc.

Cuando determinadas espirales de concentración se densifican en el tiempo, se imponen diferentes estratos de inclusión/exclusión por sobre la función de cada esfera social, abriendo con ello dinámicas críticas. Esto quiere decir que la función original de los sistemas pierde su relevancia ante la posición obtenida por los sujetos en aquellas dinámicas concentradoras. De tal forma, mientras que la porción de la población que se encuentra en posiciones de privilegio puede gozar de los rendimientos o prestaciones de la diversidad de esferas sin mayor problema (esto significa: acceso expedito al dinero, al poder, a la educación, a la salud, etc.), el resto varía desde la exclusión plena hasta diversas formas de inclusión ciertamente precarias, experimentando así en carne propia la disfuncionalidad sistémica. El buen o mal funcionamiento de un sistema no es por tanto una cuestión absoluta, sino que relativa a la posición que se ostenta con relación a el.

Un vistazo rápido a la diversidad de lógicas sociales puede abrirnos los ojos respecto de los niveles de concentración alcanzados de un tiempo a esta parte. En Chile, como se constata en diversos estudios de la CEPAL y la Encuesta Casen, esta concentración ha significado concretamente que el 10% de la población posea el 66,5% de la riqueza (economía), que exista una clase dirigente que concentre el poder mediante un continuo goce de cargos públicos –con una tasa de renovación, para el caso del Parlamento, inferior al 40%– (política), que sólo un 9,5% de la población haya terminado la educación profesional completa o incluso algún postgrado (educación), que un 14,4% de la población –perteneciente al sistema de Isapres– no presente ningún problema de acceso a los servicios de salud (salud), etc. En la variabilidad de esferas sociales se imponen así espirales de concentración que aseguran el disfrute minoritario de una porción de la población, mientras que grandes mayorías se quedan afuera o acceden a ellas con serios problemas de funcionamiento.

Desde esta óptica, el tema sanitario se muestra como un problema del todo grave. La pandemia que vivimos no sólo transporta un virus con altos grados de mortalidad, sino que además ha llegado a un país en que el tipo de respuesta al mismo depende directamente de la posición que se tiene en los mencionados procesos de concentración. La mayor demostración de lo anterior se advierte, por cierto, en el caso de la salud. En virtud de la lógica de concentración observable a dicho nivel, la función de aquel sistema (el tratar y sanar enfermedades) pierde centralidad ante la importancia de la posición obtenida en el mismo (en este caso, de acuerdo al tipo de cobertura que se ostenta). Así, mientras las clínicas cuentan con alto equipamiento sanitario, los hospitales públicos se debaten en la precariedad, alcanzando una tasa de mortalidad por Covid-19 que duplica a dichas instituciones privadas (véase los reportajes de CIPER de finales de junio). Al respecto, sólo el mencionado 14,4% de la población cuenta con acceso expedito a estas últimas, concentrando además desde inicios de la pandemia entre el 32% y 40% de los exámenes relacionados al coronavirus.

Este estrato social concentrador (oscilante en general entre el 10% y el 14% de la población), que es capaz de acceder con rapidez a los rendimientos del sistema de salud, es, como se ha dicho, el mismo que aglutina el 66,5% de la riqueza nacional y que además puede acudir en la actualidad a su segunda o tercera vivienda para pasar allí su cuarentena (alrededor del 12% según el INE); mientras que la gran mayoría debe procurar soportar el tiempo encerrado en aproximadamente 50 metros cuadrados, en caso de no verse obligado por el hambre a tener que salir a trabajar. Por su parte, estos últimos son los mismos que se encuentran bajo la barrera de la pobreza (o al menos amenazados por ella) y viven mayoritariamente en las comunas que “concentran” las más altas tasas de mortalidad comparada asociada al coronavirus. Así las cosas, el panorama general es tan evidente como problemático: en tiempos de pandemia se ha venido en confirmar una tendencia a la concentración que, si bien aparece patente en el caso de la salud, opera a lo largo y ancho de la sociedad.

La concentración de la riqueza, del poder político, de la educación, de la justicia, del acceso a la salud (tal como ha quedado en evidencia con el denominado “estallido social” y la pandemia sanitaria), ha tendido a generar una sociedad internamente fragmentada entre parcelas funcionales y disfuncionales para la población (de acuerdo a si se está en el interior o exterior de aquellos procesos de concentración, respectivamente). Si el periodo constituyente que vivimos abrirá el camino para enfrentar esta lógica concentradora mediante mecanismos que permitan una mayor socialización general de las distintas esferas sociales, es algo que no es posible anticipar aún. Lo que, sin embargo, parece haber quedado lo suficientemente claro, es que la ciudadanía se encuentra al menos pujando por dicha bandera igualitarista, levantada ante el virus multifacético de la concentración.