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Estallido social: Hostigamiento de Carabineros lleva a víctimas de violaciones de DD.HH. a solicitar asilo en Canadá

Por: El Desconcierto / Publicado: 15.10.2020
Estallido social: Hostigamiento de Carabineros lleva a víctimas de violaciones de DD.HH. a solicitar asilo en Canadá Plaza de La Dignidad, epicentro del estallido social / Agencia Uno
El 20 de octubre cambió para siempre la vida de una pareja de chilenos. Ese día y en el contexto de inicio del estallido social, uno de ellos fue detenido y posteriormente sometido a una serie de apremios en medio de un procedimiento declarado ilegal. Tras recuperar su libertad, ambos entablaron acciones legales contra quien fue individualizado como el responsable de los ilícitos, el capitán Ricardo Luengo, actualmente querellado y en prisión preventiva. Lamentablemente, la embestida judicial de sus víctimas estuvo acompañada de una serie de acciones intimidatorias que redundaron en un resistido autoexilio desde el que hoy sus protagonistas ofrecen un crudo y conmovedor relato.

Cuando transcurría octubre 20 de 2019, Jonathan y Francisca fueron al centro de Coquimbo, apenas 48 horas después del inicio del estallido social.  Como desde el Ejecutivo ya habían decretado Estado de Excepción, los contingentes de las Fuerzas Armadas y Carabineros estaban instalados en las calles del puerto.

Junto a ellos, la movilización ciudadana no cedía. Y una prueba de ello se podía apreciar en los alrededores de todo el perímetro de la Feria de Abastos. Motivados por el ambiente, cuando pasaban por calle Aldunate, frente a un supermercado, Jonathan tomó su celular y comenzó a registrar lo que estaba observando.

Fue en ese instante que un grupo de funcionarios de Carabineros lo abordó, se lee en un extenso reportaje publicado por Radio Universidad de Chile, de autoría de Tomás González. Lo que vino a continuación fue el inicio de las agresiones de los uniformados, quienes se dieron a la tardea de reducirlo a punta de golpes de puño y pies, además de lumazos y culatazos con sus armas.

Entonces vino lo peor, un uniformado, de cuatro involucrados en el procedimiento, disparó su escopeta de perdigones directamente a su espalda.

“El funcionario que identifica como ‘Capitán Luengo’ efectuó en su contra un disparo con arma de fuego, sin que pueda identificar su naturaleza, perforándole el costado derecho de la baja espalda”, dice la acción judicial presentada por el INDH ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo al día siguiente.

Con ese nivel de agresión, consistente en una herida abierta en la espalda, fue llevado a la Segunda Comisaría de Coquimbo y a los calabozos, sin que ser auxiliado y sin la correspondiente constatación de lesiones.

Abandonado en este lugar, Jonathan se desmayó durante 10 minutos. Su pareja, Francisca, insistió afuera de la comisaría para que lo atendiera y sólo en ese momento, el oficial de guardia fue a constatar su estado.

30 minutos después fue atendido por personal del SAPU y trasladado al hospital. El oficio de Urgencia  del Hospital de Coquimbo del 20 de octubre a las 16.24 horas, certifica un diagnóstico de “herida por arma de fuego en pared toraco abdominal, contusión muslo y cadera derecha”.

“Tenía tres carabineros encima, uno ahorcándome y otros dos tomándome, cuando siento el disparo. Me hizo reaccionar. Quise arrancar porque sentía que me iban a matar; sentí mucho dolor. Luego de que siguieron golpeándome en el mismo lugar donde me habían disparado y me llevaron a la comisaría, me dejaron en un calabozo en el que con suerte podía respirar», es parte de su crudo relato concedido al medio citado.

«Sentía tanto dolor, tenía las esposas totalmente apretadas, llegué a desmayarme”, agrega Jonathan.

“Estuve mucho tiempo en el piso, hasta que llegó el carabinero que me despertó. Desperté con mucho dolor y él empezó a sacarme los perdigones con la mano, que fue peor. Me empezó a limpiar con su corbata y me apretaba, me preguntaba dónde me dolía, fue horrible», agrega.

Y a renglón seguido ilustra que «la ambulancia llegó 30 minutos después. Para mí fueron 30 minutos de tortura en los que no tendría que haber estado ahí. Tendría que haber estado en un hospital y tendrían que haberme estado atendiendo, no haber estado con carabineros sacándome perdigones con sus manos. Fue horrible”, asegura.

Lo que desconocían quienes lo agredieron y quienes le negaron atención en la comisaría, era que Jonathan disponía de un segundo celular, además del que le destruyeron durante la detención, con el que comenzó a grabar desde que entró al calabozo.

Infierno en el calabozo

El medio citado accedió a registros de la investigación que incluyen diálogos entre carabineros que informaron la situación de Jonathan que evidencian su violenta manera de operar. Son casi 50 minutos de grabación los que capturó Jonathan en el calabozo. No se identifican imágenes claras, sí múltiples diálogos entre efectivos de Carabineros que estaban en la Segunda Comisaría de Coquimbo.

Luego de media hora sin atención y una importante presión de Francisca, la pareja de Jonathan y quien estaba fuera de la comisaría, un funcionario identificado para propósitos del reportaje de la emisora como «Carabinero 2» constató el estado de salud de Jonathan.

Al verlo desmayado y retorciéndose de dolor, comenzó a quitarle los perdigones que tenía incrustados en su cuerpo y gestionó su traslado.

Transcurrida casi una hora en los calabozos, personal del SAPU llegó a la Segunda Comisaría y llevó a Jonathan al Hospital de Coquimbo, donde recibió atención.

En todo momento estuvo con vigilancia policial y la presión de los uniformados se evidenció con la presencia del propio “Capitán Luengo” en los pasillos. A las 23.30 horas recibió el alta y fue trasladado de vuelta a la Segunda Comisaría.

Detención fue declarada ilegal

Entonces se enteró de que habían presentado cargos por maltrato de obra a un funcionario de Carabineros. Permaneció durante toda la noche en los calabozos y a la mañana siguiente, pasó a control de detención.

La detención de Jonathan se declaró ilegal y tras su liberación, fue a constatar lesiones a una clínica privada. Lo mismo hizo su pareja, quien también había recibido golpes en su cabeza y en los brazos de funcionarios de Carabineros.

Durante todo el transcurso de la detención, Francisca permaneció fuera de la comisaría requiriendo información sobre el estado de Jonathan, además de evaluar de qué opciones disponían para denunciar los hechos.

En ese contexto y en pleno inicio del estallido social, conoció a una abogada del INDH que la orientó y al enterarse en detalle de la situación, le ofreció patrocinar una querella.

Tras constatar lesiones, el 21 de octubre presentaron, junto al INDH, una querella contra quienes resultaran responsables de los apremios ilegítimos y torturas que habían recibido de agentes del Estado. La acción penal apuntaba principalmente a quienes ambos habían reconocido e identificado como capitán Luengo.

El comprometedor rol del capitán de Carabineros Ricardo Luengo Aracena

El hombre al que Jonathan y Francisca reconocieron como el autor del disparo correspondía al capitán de Carabineros, Ricardo Luengo Aracena. Así lo respaldaban, además, los registros que obtuvieron de la detención, ya que los dos grabaron ese adverso momento.

Adicionalmente, aparecía como el portador de la escopeta de perdigones percutada contra Jonathan y también era sindicado por los propios uniformados de la Segunda Comisaría, información obtenida de los diálogos registrados por Jonathan, como el responsable de varias detenciones irregulares en las manifestaciones de esa compleja jornada de 20 de octubre.

48 horas después, a la querella presentada por Jonathan y Francisca, se adicionó otra que alcanzó un alto revuelo mediático por hechos que involucraron a un periodista y que también habían sido registrados por la víctima.

Específicamente, estos aluden a lo sucedido la noche del 22 de octubre, durante el toque de queda, momento en que el corresponsal de la emisora local Mi Radio, Leonardo Silva, estando dentro de su vehículo y con su salvoconducto respectivo, según relata él mismo en la querella, fue abruptamente atacado.

“De manera sorpresiva aparece el capitán Ricardo Luengo, quien portaba su escopeta, e ingresa su cuerpo por la puerta del copiloto y apuntó con su arma a Silva, gritándole ‘bájese, estamos en toque de queda’. Una vez abajo, vuelve a apuntar a la víctima, gritándole ‘manos arriba, manos arriba’, acto seguido lo golpea con la empuñadura del arma en la cabeza, propinándole otros golpes en la espalda y punzándolo con el arma en el estómago, cayendo la víctima al suelo”, ilustra el escrito.

El documento derivado al Juzgado de Garantía de Coquimbo relata que le exigieron que se levantara y lo registraron, mientras Luengo le gritaba y lo apuntaba con su escopeta. “No te quiero ver más aquí conchetumadre, retírate”, le gritó luego.

El profesional de las comunicaciones quedó con una herida abierta en su cabeza y otras en su cuerpo, por lo que decidió tomar acciones legales que se adicionaron a las presentadas por Jonathan y Francisca.

La embestida judicial contra Luengo no terminó ahí. Dos meses después, se sumó una nueva patrocinada por el INDH y presentada por Patricio Araya, un joven de 23 años que el 3 de diciembre se estaba manifestando en el Puente Alessandri de Coquimbo junto a otra personas, cuando en un furgón policial llegaron dos funcionarios de Carabineros.

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“El funcionario identificado como Capitán ‘Luengo’ se dirige a él y le indica que estaba realizando desórdenes en la vía pública. Por ello toma de uno de sus brazos para proceder a detenerlo, ante esto, la víctima decide huir”, dice la querella.

“Al llegar a una calle ubicada detrás del Hospital, refiere que un camión de Fuerzas Especiales le da alcance, descendiendo del vehículo un contingente policial de aproximadamente diez funcionarios (…) En ese instante, fue abordado por todos los efectivos presentes quienes lo reducen contra el suelo, identificándose entre ellos como Capitán ‘Luengo’ el mismo funcionario que había tomado su brazo anteriormente, quien en ese momento le propina dos patadas en su rostro, específicamente por encima y debajo de uno de sus ojos”, asegura el documento presentado por el INDH.

Una vez reducido y golpeado, Araya fue esposado y conducido a constatar lesiones, escuchando durante el trayecto cómo Luengo le gritaba en su cara, jactándose de su «trabajo». “¡Este es mi trofeo!”, decía elevando el tono de su voz.

Personal médico del CESFAM El Sauce evaluó al afectado a través de un examen físico que reveló categórica información. “Actualmente con hematoma en región infraorbitaria con características que coinciden con relato, de aproximadamente 5 centímetros de diámetro asociado a cortes superficiales y erosivos que no separan pliegues de la piel. En región supraciliar izquierda y derecha con más lesiones erosivas de 2 cm. de diámetro”, se lee en el concluyente parte médico.

Con estos antecedentes, unificados en la misma causa tramitada en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, el Ministerio Público mediante la Fiscalía de Coquimbo inició los trámites para identificar los grados de responsabilidad de quienes aparecían involucrados en graves acusaciones de apremios ilegítimos y torturas cometidas por agentes del Estado.

Hostigamiento y el autoexilio

Jonathan y Francisca transparentan una serie de amenazas que se iniciaron el mismo día en que a él lo detuvieron. En el hospital ya los habían amenazado; mientras lo atendían.

Posteriormente insistía en que al llegar al cuartel policial “arreglaría las cosas con él”. Al volver a la comisaría, lo volvieron a amenazar diciéndole que si no firmaba el acta de lectura de sus derechos, sería agredido físicamente.

Con la misma ropa y sin poder recibir lo que Francisca le había llevado -abrigo, comida y medicamentos-, Jonathan pasó toda la noche ahí y al día siguiente fue llevado a tribunales. Estos declararon ilegal la detención luego de la cual ambos fueron a constatar lesiones a una clínica privada. Él con diversas heridas y ella con golpes en su cabeza y en sus brazos.

El INDH se enteró del caso y patrocinó una querella por apremios ilegítimos contra quienes resultaran responsables, apuntando principalmente a Ricardo Luengo, quien disparó la escopeta y al que habían reconocido. Entonces la situación comenzó a tomar un preocupante curso.

Jonathan y Francisca ilustran que primero comenzaron a recibir mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes en redes sociales con amenazas a ellos y sus familiares. Pero luego se dieron cuenta de que cada vez que salían de su casa los seguía una patrulla de Carabineros, lo que se repitió por al menos dos meses, entre noviembre y diciembre, cuando salían a un control médico u otro trámite. Asustados, terminaron por recluirse en el piso 24 en el que vivían y salían sólo cuando era necesario.

Una tarde en que estaban descansando, el conserje del edificio los llamó para avisarles que habían efectivos de Carabineros esperándolos abajo, que venían a realizar “un procedimiento”. Francisca le preguntó si traían alguna orden u otro documento oficial, a lo que el trabajador contestó que no. No bajaron, y así también lo hicieron otras dos veces en que llegaron argumentando las mismas razones. Pero eso no los dejó tranquilos.

La pareja cuenta que un día tuvieron que salir. Él tenía hora al psicólogo, una citación a declarar ante la Fiscalía local y luego hora al médico para una evaluación de la herida que había recibido por el escopetazo. Salieron a las nueve de la mañana y volvieron a eso de las 16 horas.

Cuando llegaron de regreso al departamento, se dieron cuenta de que la chapa estaba forzada. Alguien había entrado. Adentro había cosas cambiadas de lugar, incluso les llamó la atención un piso que permanecía en la cocina y estaba en el living.

Inmediatamente fueron a revisar las cámaras de seguridad, pero las grabaciones estaban editadas. Los dispositivos grababan las 24 horas del día, pero no había ningún registro del tiempo en que se habían ausentado del domicilio.

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En ese tiempo no podían dormir, relatan al medio citado. Con punteros láser desconocidos iluminaban su habitación desde lejos y tenían que hacer turnos de noche para mantenerse atentos a cualquier situación irregular.

Las pocas veces que salían siempre fue acompañados, mirando sobre el hombro a cada instante. Adicionalmente, cuentan que sus correos electrónicos explotaban de notificaciones por intentos de hackeo en sus cuentas y redes sociales.

Un día Jonathan, hastiado de esta perturbadora situación, quiso hacer pública su historia. A minutos de publicar un video con los registros audiovisuales que evidenciaban su detención y retención en calabozos, recibió un mensaje de una persona identificada como “Alemania Nazi”.

“Fue una lástima que no fuese una bala de verdad la que te impactó, pero pronto recibirás una de verdad”, se leía en la amedrentadora advertencia.

Estos episidios terminaron por hacer insostenible la situación para ambos. Como Jonathan tenía familiares en Canadá, su padre les recomendó salir del país. Él creía que las amenazas no terminarían mientras se desarrollara el juicio.

Luego de pensarlo, se decidieron. Como por dinero no pudieron irse juntos, el primero fue él, quien viajó en diciembre. Luego de dos meses Francisca lo secundó. Llegó sola a un aeropuerto lleno y con lentes de sol para no ser reconocida. Iba triste por no haber accedido a una última despedida con sus cuatro hijos, quienes se quedaron en Chile con su padre.

“Nos sentimos amenazados y perseguidos en varias oportunidades por parte de policías, y también por un auto particular de personas que no pudimos identificar. Eso conllevó a que Jonathan, su familia y nosotros como pareja finalmente tomáramos la decisión de que él saliera del país lo más pronto posible, porque temíamos lo peor”, relató Francisca a Radio Universidad de Chile.

Nueva vida en Canadá en medio del estallido social

Actualmente ambos viven en Canadá, en un lugar que mantienen en reserva, y comenzaron a rearmar su vida en el más absoluto anonimato. Jonathan abandonó su trabajo como técnico informático en un colegio y Francisca años de esfuerzo en función de un emprendimiento.

Presentaron una solicitud de asilo que debido a la pandemia mantiene pendiente su resolución. Mientras tanto, entre el gobierno de Canadá y dos ONG’s, les proporcionan ayuda económica para alimentación, además de atenciones médicas y psicológicas para reparar los daños derivados de lo ocurrido en Chile.

Dentro de poco tiempo tendrán la audiencia para concretar su solicitud de asilo y finalmente recibir la residencia que les permitiría llevar a los hijos de Francisca a ese país, dejando atrás el trauma de aquel 20 de octubre.

“Fueron capaces de dispararle a menos de dos metros y la persecución que sentíamos que estábamos viviendo era para temer aún más. Hasta este momento no pretendemos volver a Chile por el miedo constante que seguimos teniendo”, relata ella desde Canadá tras enfrentar la cara más adversa del estallido social.

«El daño fue grave. No sólo dejamos de estar con nuestras familias, de tener una vida tranquila como la que teníamos allá, tuvimos que comenzar de cero y no es nuestra culpa. No hicimos nada para tener que estar así”, se cuestiona.

Luego y su largo historial de mala conducta tras ser detenido

30 días antes del viaje de Francisca, el entonces capitán de Carabineros, Ricardo Luengo Aracena, fue formalizado por los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal, tortura y falsificación de instrumento público en un trámite en que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, que cumpliría en la Sexta Comisaría de Las Compañías en La Serena.

El Tribunal de Garantía de Coquimbo estableció 180 días de investigación. El 11 de mayo, el Consejo de Defensa del Estado se sumó a las acciones legales, presentando una querella criminal contra Luengo por su participación en calidad de autor de los delitos consumados de apremios ilegítimos, el delito de lesiones graves; falsificación de instrumento público; y el delito de obstrucción a la investigación.

La prisión preventiva del imputado estuvo marcada por un largo historial de mala conducta. La primera sanción la recibió el 25 de abril, cuando se le impuso una limitación de visitas por 30 días.

El domingo anterior, cerca de las 2:00 de la madrugada, solicitó al suboficial de guardia que lo dejara abandonar la zona de resguardo para salir fuera del área de reclusión, con lo que tuvo acceso libre a sectores comunes de carabineros prohibidas para los internos.

En esa zona permaneció cerca de una hora sin ningún control. El 16 de junio se le notificó su retiro temporal de la entidad liderada por Mario Rozas, lo que se materializaría desde las 00.00 horas de aquel día.

Un mes después, en medio de su prisión preventiva ofreció una entrevista Radio Guayacán, en la que aludió a su cuestionada participación durante el estallido social, a su situación judicial y a otras denuncias contra Carabineros.

Siempre he tenido la convicción de que carabineros estando de uniforme o civil siempre vamos a cumplir con nuestra misión, pero hoy flaqueamos, hoy los carabineros están flaqueando porque hay una institución que no los apoya, porque ven la realidad, la mía no es la única”, se lamentó.

Paralelamente, en una revisión de sus dependencias se encontraron dos teléfonos celulares y un notebook, elementos no autorizados por el Juzgado de Garantía de Coquimbo ni por el alcaide del recinto penal. Nuevamente se le limitaron las visitas durante 30 días.

Al día siguiente su esposa, quien también es carabinera, le entregó una encomienda fuera del horario autorizado y sin esperar el control interno. Al revisar lo que supuestamente eran cajas de leche, los guardias del recinto constataron que en el interior del envase tetrapack había líquido lácteo con pisco.

Por esta nueva falta disciplinaria se le castigó con 30 días más de limitación de visitas. El 11 de agosto se aplica otra sanción debido a que, mientras se realizaba una revisión de sus dependencias en busca de elementos prohibidos, Luengo amenazó al carabinero de guardia, asegurándole que apelaría a sus contactos para darlo de baja de Carabineros, situación presenciada por personal de la guardia y el subcomisario de Servicios.

Horas más tarde, el 12 de agosto, el comisario del anexo cárcel de la Sexta Comisaría Las Compañías pidió al Juzgado de Garantía de Coquimbo que Ricardo Luengo fuera trasladado.

Específicamente por su “conducta reiterativa” que generaba una “condición de inseguridad para los otros internos, como para el propio personal de Carabineros que realiza labores de custodia”.

A causa de la solicitud, el 24 de agosto el Juzgado de Garantía ordenó su traslado a la Comisaría Pudahuel Sur en Santiago, pero el 5 de octubre último, se instruyó su envío al Anexo cárcel CDT Sucre, de Ñuñoa.

Luengo pidió el traslado, argumentando que es este el centro de detención para los imputados por causas de Derechos Humanos.

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