La Corte Suprema admitió esta semana un recurso de protección presentado por una federación de pescadores de Quintero y Puchuncaví, para frenar la planta desaladora que la empresa Aguas Pacífico está instalando en la bahía.
La construcción de esta planta ha despertado protestas de la comunidad y de sindicatos de pescadores artesanales que se han movilizado en los últimos meses, incluso llegando a tomarse las instalaciones de la desaladora en construcción.
Además del impacto en los ecosistemas costeros y las pesquerías, uno de los reclamos de los dirigentes es la carga de impactos ambientales que ya ha soportado durante años la población de Quintero y Puchuncaví, donde sólo en los últimos meses cientos de personas han llegado a urgencias con intoxicaciones por la contaminación emanada del cordón industrial.
La instalación de desalinizadoras, que crece sobre todo en el norte del país, ya ha generado conflictos con sindicatos de pescadores y buzos mariscadores, por el impacto que puede tener en las pesquerías el agua de rechazo con químicos y salmuera que resulta del proceso, y que por lo general se vuelve a verter al mar.
La desaladora en disputa
El recurso presentado por los pescadores había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, decisión que se recurrió y revirtió ahora la Corte Suprema. Los pescadores argumentan que el proyecto en cuestión avanza sin los permisos necesarios, y debe volver a evaluarse ambientalmente.
Otra crítica de los pescadores y también de comunidades de la zona es que buena parte del agua que contempla desalinizar la planta, sería destinada para el proyecto minero Los Bronces de Anglo American.
Las empresas titulares de ambos proyectos firmaron un acuerdo para que 45% del consumo hídrico del proyecto venga de agua desalinizada por esa planta.