Con intensas lluvias durante el invierno y primavera, el 2023 se convirtió en un respiro para gran parte de las regiones del país que enfrentan hace más de una década los embates de la mega sequía. Pero este no es el caso de Coquimbo, donde las lluvias del año pasado no se sintieron.
La región tuvo que enfrentar toda la temporada seca de verano con altas temperaturas y muy bajas reservas de agua, y la situación se acerca a un límite crítico en varios embalses, como el de la Paloma, que abastece a la comuna de Ovalle y que se encuentra en 3% de su capacidad.
Así lo aclaró ante la comisión de recursos hídricos del Consejo Regional (CORE), el gerente de Aguas del Valle, Andrés Nazer, asegurando que están trabajando una propuesta junto a las asociaciones de riego, para priorizar el consumo humano del agua embalsada y evitar un racionamiento del servicio en el futuro cercano.
“Lo principal es garantizar el derecho humano al agua para bebida y saneamiento y así como lo establece el Código de Agua, quien provee el recurso hídrico es quien tiene que asegurar esto. Por lo tanto, la sanitaria debe encontrar la forma de trabajar con las Juntas de Vigilancia, ya que necesitamos que den respuestas claras y no se ponga en duda la continuidad del suministro”, afirmó en la comisión la diputada Nathalie Castillo.
La parlamentaria declaró que solicitará en las comisiones de Salud y Recursos Hídricos de la cámara, que el Ministerio de Salud evalúe decretar alerta sanitaria, para liberar recursos hacia las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR) y para comprar más agua para quienes la reciben por acarreo.
Desaladoras contra sequía
La medida principal propuesta por el Gobierno para enfrentar la crisis hídrica de la región, fue aprobar una ley corta que permite al Ministerio de Obras Públicas construir plantas desaladoras.
Tras la aprobación de la ley, desde el Gobierno anunciaron en enero de este año que se licitaría durante el segundo semestre de 2024 la construcción de una desaladora en el sector de Panul de la comuna de Coquimbo, para abastecer a la conurbación de Coquimbo y La Serena, y enviar agua a Ovalle.
La aprobación de la ley generó alerta entre ambientalistas, que ven con preocupación la posible flexibilización en los requisitos para aprobar plantas desaladoras, que tienen impactos ambientales y no cuentan con una normativa específica para regularlos.
“Cualquier solución express para el problema de la sequía debe ser analizada con mucha precaución. Actualmente existen una infinidad de actividades industriales desarrollándose en la zona costera, y no hay un ordenamiento claro ni una evaluación adecuada de los impactos ambientales que estas actividades -a las que se sumaría la desalinización de agua de mar- producen al actuar todas juntas”, advierte Elizabeth Soto, bióloga marina e investigadora de Fundación Terram.