Francia debe proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic

Francia es desde 1973 tierra de asilo para los opositores políticos al régimen de Pinochet. Los acogieron con los brazos abiertos Valéry Giscard d’Estaing y luego François Mitterrand —muy sensibles al funesto destino reservado a quienes se habían comprometido junto al Presidente Salvador Allende, y a los demócratas hostiles a la junta militar—, y numerosos son los chilenos
que, bajo sus mandatos, encontraron refugio en Francia, se instalaron aquí, fundaron aquí una familia y se construyeron aquí un futuro. Muchos se volvieron inmediatamente franceses, en espíritu y de corazón, antes de ser oficialmente naturalizados.

Es la honra de Francia haber protegido estas mujeres y estos hombres, cuyas trayectorias nos enorgullecen hoy a todos.

Sentimos admiración por todos estos jóvenes —por no decir estos niños—, que tuvieron la extraordinaria valentía de resistir y combatir la feroz dictadura de Augusto Pinochet, arriesgando su vida y la libertad, sacrificando su juventud, su vida familiar y sus estudios.

Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic son de esos. Así como tantos otros combatientes por la libertad, su compromiso político contra la junta militar nació del rechazo a la opresión al pueblo y a los sufrimientos que este régimen les infligió. La tortura del padre, del hermano o de la
hermana, la violación de otra, el exilio forzado de un pariente de miedo que ocurra lo peor, la prisión y el suplicio, y hasta el asesinato de los próximos, llenaron su alma de adolescentes de la rabia que debía liberarlos del miedo. Animado por esa cólera, su combate político no podía acabarse al
principio de la transición democrática, el 11 de marzo de 1990.

En efecto, si a partir de esta fecha el general Pinochet ya no era oficialmente Jefe del Estado chileno, el nuevo régimen seguía fundado sobre un texto constitucional adoptado en 1980 bajo su autoridad, que le otorgaba un rol central como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y en el
seno del Consejo de Seguridad Nacional, permitiéndole así intervenir en la vida política de Chile y mantener su influencia sobre todas las instituciones políticas, administrativas, judiciales y militares del país. Baste como ejemplo recordar la feroz oposición de todas las autoridades políticas chilenas
a la extradición de Pinochet en 1998, reclamado por la justicia española para que responda de los numerosos crímenes cometidos bajo su mandato.

Finalmente, gozando de la benevolencia culpable de las autoridades chilenas, Augusto Pinochet murió apaciblemente en Chile sin haber sido jamás condenado, ni siquiera simplemente juzgado.

A la inversa, los miembros de la Resistencia a su régimen que fueron Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic ha sido perseguidos sin tregua durante más de 25 años y hasta hoy.

¿Cómo entender que un Estado supuestamente democrático pueda perseguir así tanto tiempo a una persona —a Silvia Brzovic—, cuyo único delito es haber sido una opositora de izquierda al régimen de Pinochet? ¿Cómo entender que un Estado supuestamente democrático
pueda proponerse conseguir cumplimiento de una condena dictada en condiciones inaceptables, y fundada en una legislación antiterrorista producida en 1984 por un régimen dictatorial?

¿Cómo entender, por otra parte, que esa ley vivamente criticada por las ONG pueda estar todavía vigente allí? Porque, en efecto, es en aplicación de esta ley adoptada por la junta militar para combatir sus opositores políticos que Ricardo Palma Salamanca fue apresado en 1992, luego condenado a cadena perpetua, en condiciones visiblemente contrarias al derecho a un proceso justo, y luego de confesiones arrancadas bajo tortura.

Esta condena ha sido pronunciada por un solo juez, Alberto Pfeiffer Richter, miembro de la UDI —el partido pinochetista fundado por Jaime Guzmán—, por el motivo particular que Ricardo Palma Salamanca habría participado en el asesinato del mismo Jaime Guzmán, cuyo currículo bajo el régimen de Pinochet es comparable en Francia al de Philippe Henriot bajo el régimen de Vichy. Miembro fundador, en 1970, del grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, cuyos crímenes ensangrentaron el gobierno del Presidente Allende, ideólogo de la junta militar, vinculado a la secta nazi Colonia Dignidad, y autor de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán era un actor mayor de la dictadura. Era parte integrante de su núcleo fascista.

¿Cómo, entonces, un Estado supuestamente democrático puede levantar un memorial en Santiago en recuerdo y en honor de este sórdido personaje y seguir persiguiendo a Ricardo Palma Salamanca?

Cuando los verdugos de la junta militar todavía viven o vivieron tranquilamente en Chile, las autoridades políticas chilenas insisten en perseguir a mujeres y hombres que, como Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, sacrificaron todo para combatir al régimen sangriento de Pinochet, y simplemente reclaman que se haga justicia a todos los que durante ese período aguantaron los peores sufrimientos. Se trata de un residuo de la dictadura en el que Francia no puede participar.

Ninguna autoridad francesa puede aceptar colaborar en la ejecución de decisiones administrativas y judiciales inicuas, aplicadas como consecuencia de torturas, y como consecuencia de graves violaciones de los derechos humanos, ni comprometerse aportando su concurso a la defensa de la memoria del fascista Jaime Guzmán. Al contrario, Francia debe firme y
obstinadamente preservar sus principios acogiendo —como la obliga su Constitución y sus compromisos internacionales—, todo Hombre perseguido por su acción por la libertad. Francia debe, pues, proteger a Ricardo Palma Salamanca y Silvia Brzovic, reconociéndoles, así como a sus hijos, el estatuto de refugiado político.

Es su honor y es el Derecho.

Carmen Castillo, cineasta
Olivier Duhamel, presidente de la Fundación nacional de Ciencias políticas
Louis Joinet, Magistrado, primer abogado honorario a la Corte de Casación
Alain Touraine, sociólogo
Costa Gavras, cineasta