Amir Nasr Azadani se salvó de la pena de muerte en Irán |
Tras participar de las protestas por el asesinato de una joven, el futbolista Amir Nasr Azadani había sido condenado a la pena de muerte por el régimen de Irán.
El futbolista iraní Amir Nasr Azadani ha sido condenado este lunes a 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad y otros dos delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país persa desde mediados de septiembre.
Otros tres implicados en el asesinato de los tres basijis -milicianos islámicos- en la ciudad de Isfahan, a mediados de noviembre, han sido condenados a muerte y otro más a dos años de prisión, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.
El caso de Azadani se volvió viral y provocó críticas en todo el mundo cuando asociaciones de futbolistas y medios internacionales anunciaron en diciembre que había sido condenado a muerte.
Ahora, el futbolista ha sido sentenciado a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato de los tres basijis, a cinco por el cargo de reunión y colusión para cometer delitos y a cinco más por ser miembro de grupos ilegales con la intención de perturbar la seguridad pública. Las condenas las cumplirá simultáneamente, por lo que en principio pasará en prisión 16 años.
Azadani ha militado en diversos clubes de Irán y durante las temporadas 16-17 y 18-19 lo hizo en el Tractor Sazi, equipo por el que acaba de fichar el técnico español Paco Jémez.
En el mismo juicio, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi Sheikh Shabani y Saeed Yaqoubi han sido sentenciados a muerte por «moharebe» o «enemistad contra dios» por el asesinato de los basijis en Isfahan y se suman a las al menos 11 personas sentenciadas hasta ahora a la pena máxima. Los tres han sido además condenados a 10 años de prisión.
Un quinto acusado, Soheil Jahangiri, ha sido condenado a dos años de prisión por su participación en los mismos hechos, y un sexto, Jaber Mirhashemi, ha sido absuelto.
Mizan aclaró que cuatro de los encausados contaron con abogados propios, mientras que los dos restantes contaron con letrados de oficio.
Al menos 2.000 personas han sido acusadas por la Justicia iraní de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, 14 condenadas a muerte y cuatro han sido ejecutadas.
