La batería de medidas del gobierno en inversión pública que refuta críticas de constructora

Pese al intento de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV) de endosar responsabilidades al gobierno por su quiebra, el accionar del Ejecutivo en estos meses fue respaldado por las declaraciones del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz.

Si bien la empresa aludió a la “burocracia de los mandantes públicos, en especial del MOP, para gestionar pagos”, Errázuriz asumió que los problemas “vienen del gobierno pasado”, aludiendo al período de Sebastián Piñera en La Moneda. “Y la verdad, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este gobierno de la situación”, comentó, añadiendo que fue en esta administración que “se empezó a trabajar (para) acelerar”, confesó en Radio Infinita.

En la administración Boric aseguran estar conscientes de que existe un encarecimiento de los materiales de construcción, lo que se ha reflejado en varias complicaciones para el sector. Sin embargo, para resolver esto, y acelerar la ejecución de la inversión pública, se han adoptado una serie de medidas con resultados positivos, aseguran.

Fuentes del Ejecutivo comentaron a El Desconcierto que se han tomado acciones para disminuir la burocracia -uno de los puntos clave en los reclamos del mundo privado. Asimismo, se ha aumentado los límites de costos para adjudicar proyectos en licitaciones y se han facilitado procedimientos expeditos para la reevaluación de proyectos.

Al mismo tiempo, se está implementando un mecanismo que permite actualizar los costos de los contratos del MOP en función a parámetros determinados (el denominado índice polinómico).

“Las medidas ya aplicadas han tenido como consecuencia reducir el problema de ejecución. De hecho, ya en agosto se ha logrado acelerar el gasto de capital. En dicho mes se registró una ejecución de 6,8% (…) el mayor avance del año, que incluso supera el dato del mismo mes en 2020 y 2021”, señala un documento interno al que tuvo acceso El Desconcierto.

A esto se suma que el proyecto de Ley de Presupuestos 2023 incluye nuevas glosas con el objetivo de incentivar la ejecución el próximo año.

Soluciones concretas

Entre las tareas concretas adoptadas por el Ejecutivo, desde el 1 de abril de este año, la Dirección de Presupuestos (DIPRES), en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, coordinó el Comité de Seguimiento a la Inversión Pública, una instancia interministerial que ha sesionado semanalmente para identificar los principales problemas de inversión y resolver problemas de coordinación entre los distintos sectores.

Entre las soluciones diseñadas se cuentan que los proyectos en licitación podrán adjudicar ofertas hasta el 20% por sobre el costo aprobado por Ministerio de Desarrollo Social sin ir a reevaluación, una medida vigente por todo el 2022.

Asimismo, un oficio conjunto entre SES (Subsecretaría de Evaluación Social)  y DIPRES estableció un mecanismo simplificado de reevaluación (16 días) para licitaciones que se declaren desiertas y que no puedan adjudicar directamente, lo cual también está vigente por todo este año.

En materia de contratos, el mismo  oficio conjunto entre SES y DIPRES número 50 de 2022 define que «para los proyectos en ejecución, que presenten una situación de término anticipado de contrato producto del alza de costos en la construcción, podrán solicitar una reevaluación expedita de máximo 16 días bajo la causal de modificación de contrato, cuando se considere conveniente ejecutar ajustes en el costo recomendado, en consideración a precios de mercado por situación de pandemia».

Dicha reevaluación no podrá considerar ningún otro cambio de ninguna naturaleza (fuera del precio), respetando 100% la aprobación original, aclaran en el gobierno. La medida estará vigente por todo el 2022.

En el MOP, cartera que ha estado en el ojo del huracán por la quiebra de CVV, se ha procedido además a la implementación de un Índice Polinómico, que permite actualizar los costos de los insumos de la construcción en los contratos de obras, dependiendo -por ejemplo- de los precios de materiales para la construcción. “Esta medida busca evitar el abandono de obras producido por el alza en los materiales y aumentar la cantidad adjudicación de los proyectos”, comentan en el gobierno.

En esta misma línea, además se actualizarán las Normas, Instrucciones y Procedimientos de Inversión Pública para disminuir la carga administrativa y facilitar la ejecución; y en materia de recuperación de obras públicas inconclusas se considera rediseñar el proceso en que una empresa hace abandono de una obra, esto para disminuir los plazos en que se retoma la obra, impactando lo menos posible en el avance en la ejecución.

“Esto implica una mesa de trabajo con Contraloría para disminuir los tiempos de toma de razón y ver alternativas proporcionales para la continuidad de la obra. Las medidas de esta mesa de trabajo debieran ser implementadas desde 2023”, aclaran en el gobierno.

Otras aristas

Fuente: Agencia UNO

Además, durante este año se puso en marcha el confirming BancoEstado, que permite anticipar el pago de facturas a los proveedores y se está trabajando con otros bancos para expandir esta herramienta. El MOP ha implementado el uso de esta herramienta desde septiembre de 2022 estará disponible para más de 663 empresas contratistas de la cartera.

Por otro lado, un oficio conjunto DIPRES/SES/SUBDERE ha permitido que gobiernos regionales puedan ejecutar programas destinados a entregar asistencia técnica a municipalidades para fortalecer sus carteras de proyectos.

En el Ministerio de Vivienda -cartera que este jueves lanzó un paquete de medidas ante crisis habitacional- se ha procedido a un incremento de valor en los subsidios, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49), del programa Integración Social y Territorial (DS19), del programa Habitabilidad Rural (DS 10) y del programa Sistema Integrado de Subsidio (DS 01).

En cuanto a nuevas glosas en el Presupuesto 2023, con el objetivo de incentivar la ejecución el próximo año, hay medidas para optimizar el trabajo de las Gobiernos Regionales, como el punto que los habilita para ser unidad ejecutoras, lo que les permitirá desarrollar proyectos de inversión y programas propios; y en el Plan de Emergencia Habitacional se incluyen medidas para  reducir tiempos de tramitación, ampliar la acción directa del SERVIU (contratar obras habilitación de terrenos, demoliciones), entre otros.