Rectores, funcionarios y estudiantes unidos: 3 claves que explican el rechazo a la Ley de Universidades Estatales

Durante la tarde del pasado miércoles, y en medio de la discusión sobre la Ley de Universidades del Estado que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados, más de mil académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile se reunieron en la Casa Central, la Facultad de Derecho y el campus Andrés Bello del plantel para realizar una «velatón» como rechazo a algunos puntos del proyecto que califican como «críticos».

La iniciativa ingresó a comienzos de julio a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y su propuesta ha generado que tanto rectores como académicos, funcionarios y estudiantes de los planteles estatales se hayan unido en actividades de rechazo, que además han incluido paros y marchas de los mismos rectores, como la que se realizó el pasado 10 de agosto y que tuvo entre sus participantes al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

«En algunos aspectos retrocede y en otros es insuficiente» es lo que han explicado sus críticos en distintas ocasiones. En un comienzo la Comisión de Educación de la Cámara había fijado para este jueves 24 la votación sobre la iniciativa, pero finalmente se aplazó para el próximo 5 de septiembre. En la espera, El Desconcierto explica cuáles son los principales puntos cuestionados del texto.

Escaso financiamiento de la educación superior pública

«Este proyecto no cambia la estructura de financiamiento, entonces se mantiene la inestabilidad e insuficiencia», explica Patricio Medina, presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach (Feusach). El texto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet al Congreso establece que las universidades estatales tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento llamado “Convenio Marco Universidades Estatales”, y que los montos específicos se establecerán cada año a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público.

También se mencionan como «Otras fuentes de financiamiento» los aranceles, los impuestos universitarios, donaciones, frutos de sus bienes, y «fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado». Y la propuesta del gobierno además contempla un «Plan de Fortalecimiento», al que podrán acceder todas las universidades del Estado y que dispondrá de un total de 150 mil millones de pesos que serán repartidos en iguales montos en un plazo de diez años.

El presidente de la Feusach explica que «si lo traducimos en un presupuesto anual, eso son 15 mil millones de pesos anuales. Por ejemplo, para la Usach eso es el 8% del reajuste anual. Para la Chile es menos, no sobrepasa el 3%», y que por eso, el Plan de Fortalecimiento «no mejora la infraestructura, no mejora la calidad de las aulas, ni menos la calidad docente». De este modo, Medina explica que según la actual propuesta, las universidades tendrán que continuar buscando sus propios métodos para financiar sus gastos.

En la misma línea, el rector de la Universidad de Antofagasta y vicepresidente del Cuech (Consorcio de Universidades del Estado), Luis Alberto Loyola, afirmó que el proyecto debiera considerar la realidad de cada una de las casas de estudio para definir la forma de distribuir y obtener recursos, y que se debería considerar «un aporte basal distinto al que tenemos hoy día».

Precarización laboral

«Yo lo resumiría en dos cosas: por una parte nos quita la protección de normativas de resguardo que rigen a los funcionarios públicos, y por otra, nos deja en una condición sumamente precaria, porque se promueve la flexibilidad laboral con el honorario y a contrata», señala Betsy Saavedra, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile (Fenaptuech).

Saavedra califica como «ambiguo» el actual proyecto: hasta el momento la ley estipula como obligación que cada plantel universitario tenga al menos un 20% de trabajadores de planta, sin embargo, en el texto actual eso no se menciona. «La universidad podría tener un 100% de trabajadores sub contratados, y eso merma la estabilidad laboral y la posibilidad de tener reajustes del sector público», agrega.

Por otra parte, el artículo 3 del proyecto menciona un cambio de régimen jurídico de las universidades estatales, en el que pasan de ser servicios públicos descentralizados a ser corporaciones. Por lo tanto, bajo esa figura, los funcionarios pueden ser contratados bajo el Código del Trabajo, y se reemplazaría al actual Estatuto Administrativo, que para Saavedra es uno de los «grandes marcos legales que hoy día le dan protección a los trabajadores».

Autonomía universitaria

El proyecto de ley establece que son tres instancias las que integrarán el gobierno universitario: el Consejo Superior –como el máximo órgano colegio–, el rector –máxima autoridad unipersonal– y el Consejo Universitario.

El Consejo Superior estará compuesto por 9 integrantes, y tres de ellos serán nombrados por el Presidente de la República, lo que para Medina «nos parece excesivo». La instancia además estará integrada por dos miembros elegidos por el Consejo Universitario, sin embargo, a diferencia de él y de instancias como los consejos de departamento o de facultad, las determinaciones tomadas por el Consejo Superior sí serán vinculantes; los primeros sólo tienen carácter consultivo.

En el mismo sentido, Medina critica que el gobierno universitario mantenga la discriminación de estudiantes y funcionarios de la toma de decisiones, como por ejemplo la elección de autoridades, en la que sólo pueden funcionar los académicos de planta.