Toma Feminista Derecho UDP y denuncias de acoso: «Se vulneró la confidencialidad y no se respetaron plazos»

El martes 20 de agosto las estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) aprobaron de forma unánime la toma de la facultad de su carrera luego de la indignación que generó el caso de algunas alumnas que denunciaron acoso por parte de un profesor ayudante, en el que se les vulneró la confidencialidad, no se respetaron los plazos ni se tomaron medidas de protección por parte de la casa de estudios. De hecho, acusaron que la universidad se ha encargado de condenar a las víctimas y proteger a los victimarios.

Hoy la Toma de Derecho UDP publicó un comunicado para explicar la situación que viven a nivel de facultad. Sin embargo, esta historia se viene gestando hace meses.

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Cómo comenzó todo

En un grupo de Whatsapp de mujeres estudiantes de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) compartieron un «pantallazo» donde se veía cómo un profesor ayudante de la carrera respondía con insistencia las historias de Instagram de una de sus alumnas. Tras esto, en el mismo grupo, otra estudiante reconoció que el mismo profesor ayudante hizo algo similar con ella.

Según informa Interferencia, con el paso de los minutos comenzaron a llegar más y más pantallazos. Corazones, aplausos y la palabra «preciosa» se repetía en varios de ellos. En total, más de 20 mujeres de la carrera eran acosadas a través de sus redes sociales por Francisco Cañas, abogado egresado en 2014 de la misma universidad y profesor ayudante hace siete años, quien fue identificado por todas ellas como acosador.

Algunas efectivamente eran sus alumnas. Como Cañas es igualmente joven, otras estudiantes creían que se trataba de un compañero más de la facultad. Otras simplemente no lo conocían. Varias sentían incomodidad y miedo hacia su persona. También ya no se sentían seguras compartiendo junto a él un espacio académico. Así fue como comenzaron a organizarse y denunciar este caso y otros de profesores ayudantes.

De este modo, se enteraron que existió una denuncia de abuso en contra de Cañas pero que fue desestimada por el Departamento Jurídico de la Universidad Diego Portales. ¿La razón? Los hechos habrían ocurrido fuera de las dependencias de la universidad. Todo esto provocó un paro y la reacción del plantel docente y administrativo.

En tanto, la directora del Departamento de Género, Mariana Gaba, hizo una charla en la que trataba la importancia de denunciar este tipo de hechos y sobre el funcionamiento de la Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual.

Nuevamente víctimas

Así, a mediados de mayo, cinco de más de 20 estudiantes afectadas por Cañas decidieron poner una denuncia formal ante la universidad, patrocinadas por dos profesoras que se ofrecieron para trabajar como abogadas defensoras. A esta denuncia, también se sumaron otras dos en contra de otro ayudante.

Al presentar la denuncia en contra de Francisco Cañas, el grupo de estudiantes pidió tres medidas de protección. Que no hiciera clases, que no revisara pruebas y que se le prohibiera la entrada a la facultad. De acuerdo a la normativa en su artículo 23, la Dirección Jurídica tiene un plazo de cinco días hábiles para acoger o denegar las medidas de protección solicitadas por las denunciantes. En este caso las autoridades demoraron 17 días en resolverlo y decidieron rechazar la última medida, argumentando que ellos no tenían la facultad de negarle el libre tránsito a Cañas.

Según indica el mismo artículo 24, una vez resuelto esto, la Dirección Jurídica debía notificar a la Escuela de Derecho sobre las medidas adoptadas en contra de Cañas. Además «estos deberán colaborar para lograr su adecuada implementación, resguardando la dignidad e intimidad de los involucrados». Pero una vez más las indicaciones de la normativa no se cumplieron y se rompió la confidencialidad, lo que según esta misma se considera como una falta grave y tiene sanciones diferenciadas para estudiantes y profesores.

Esto ocurrió cuando la Dirección Jurídica notificó de las medidas a la directora de la escuela, Soledad Cabañas, y esta compartió la resolución con el jefe del Departamento de Derecho Público, Rodolfo Figueroa, departamento al cual pertenece Cañas. La resolución contenía la información personal de todas las denunciantes, incluyendo sus nombres y RUT.

A su vez, Figueroa reenvió el correo a todos los profesores del área, exponiendo a las estudiantes y rompiendo el acuerdo de confidencialidad, lo que generó una segunda crisis. Las estudiantes quedaron expuestas y comenzaron a ser ridiculizadas por varios profesores. En clases comentaban que las denuncias eran falsas. Al pasar lista, miraban fijamente a las denunciantes y decían «¿qué significa un like en Instagram? ¿te pueden denunciar por un me gusta? ¿qué tan terrible es eso?», según varios alumnos testigos.

La exposición pública de sus denuncias afectó emocionalmente a las estudiantes. Fueron nuevamente víctimas por un protocolo que no se cumplió. Algunas de ellas congelaron sus estudios. De las siete denunciantes, solo cuatro rindieron los exámenes de fin de semestre. Se sienten observadas y juzgadas por el resto de la comunidad universitaria.

Las estudiantes enviaron una carta de reclamo dirigida a la jefa de carrera, a la directora del Departamento de Género, a la secretaria general de la universidad y a la Dirección Jurídica, denunciando no solo la violación al principio de confidencialidad, sino que también la violación a los plazos establecidos en la normativa, y pidieron sanciones al respecto. La única sanción que recibió Francisco Cañas fue una amonestación escrita.

Las estudiantes, luego de todo lo que vivieron, no le recomendarían a ninguna otra compañera denunciar fromalmente. El costo personal es muy alto. Además, no descartan interponer querellas criminales o civiles.

El mismo medio que publicó el caso se contactó con Fabricio Jiménez, director jurídico de la universidad, quien declaró no poder referirse al tema. Esta universidad privada publicó ayer un comunicado a través de su Secretaria General, en la que rechazaron la toma feminista de la Facultad de Derecho. «La ocupación de espacios físicos de la universidad es una acción que infringe las reglas vigentes. Los y las estudiantes tienen a su disposición amplias formas de diálogo en los órganos de cada facultad para, mediante sus representantes, hacer valer sus puntos de vista», se afirma.