Suspenden el nombramiento de ministra de Trabajo brasileña por tener condena por violar derechos de trabajadores

Este lunes se debía realizar el nombramiento de la ministra de Trabajo de Brasil, ceremonia en la que el presidente brasileño Michel Temer pretendía tomarle juramento a Cristiane Brasil antes de partir en un viaje a Suiza. Sin embargo, todo eso quedó solo en planes y la ceremonia fue suspendida debido a una sentencia dictada por la Corte Suprema del país.

El dictamen emitido por Carmen Lucia Antunes, presidenta del Supremo Tribunal Federal fue quien decidió dictar una cautelar que bloqueó la ceremonia, debido a que Brasil enfrenta un proceso judicial que se inició con la demanda de un grupo de abogados, quienes argumentan que una persona condenada en un juicio laboral no tiene condiciones morales para ejercer como ministra de Trabajo.

Cristiane Brasil, diputada y abogada de 44 años, fue procesada por haber tenido dos conductores a su servicio sin contrato formal y sin garantías laborales, y llegó a ser condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (cerca de 18.750 dólares).

La abogada fue nombrada en el cargo el pasado 3 de enero, sin embargo, un día después un juez de primera instancia le impidió asumirlo, dado que acogió la misma demanda de los abogados, y desde entonces el conflicto escaló hasta llegar a la máxima corte. En ella, Carmen Lucia Antunes era la única magistrada en turno durante el receso judicial por lo que la decisión dependerá ahora de un pronunciamiento del pleno del tribunal.

Desde el gobierno anunciaron que insistirán en nombrar a Cristiane Brasil y «continuar la batalla jurídica», para lograr «el reconocimiento de la obvia prerrogativa del presidente (Michel Temer) de nombrar a sus ministros».

La abogada fue recomendada para el cargo por la dirección del Partido Laborista Brasileño (PTB), una de las tiendas de la coalición que se encuentra al mando del gobierno. Además, es hija del exdiputado Roberto Jefferson, presidente del PTB, que fue uno de los condenados por el escándalo de corrupción que puso a temblar en 2005 al Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.