juana rivas | / Forta España
El juez condena a Juana Rivas por sustracción de menores al considerar que la denuncia que presentó es una estrategia para quedarse con la custodia de sus hijos menores y niega la existencia de violencia.
Un tribunal de Granada, al sur de España, condenó a Juana Rivas a un total de cinco años de prisión por sustracción de sus dos hijos menores. La sentencia considera probados dos delitos de sustracción, por cada uno de sus hijos, por los que la fiscalía le reclamaba dos años y medio por cada uno. También condena a Rivas a una pena de seis años de inhabilitación de la patria potestad, es decir, le retira la custodia de sus hijos durante ese período de tiempo.
El juez condena a Rivas, además, a indemnizar a Francesco Arcuri, su ex pareja, con 30.000 euros por el daño moral y material y al pago de todos los costos del juicio.
El caso de Rivas partió en 2016, cuando abandonó junto a sus hijos la casa de Carloforte, una pequeña isla de Cerdeña (Italia), donde vivía con su ex pareja, Arcuri desde hacía tres años. Rivas decidió irse a España huyendo de los malos tratos que sufría y que afectaban también a su hijo mayor. A su llegada, fue tratada en el centro de la Mujer de Maracena, una institución pública especializada en atender a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos.
En España también presentó una denuncia por malos tratos continuados contra Arcuri. No era la primera que presentaba, pues antes de vivir en Italia, cuando la pareja residía en Granada, en 2009, ya había sido condenado por este delito. Esta nueva denuncia nunca llegó a investigarse. De hecho, estuvo más de un año archivada en un cajón sin ser enviada a Italia. Cuando finalmente se envió al juzgado de Cerdeña, sólo se le puso un número de registro, pero no hasta el momento nadie ha investigado los hechos.
La sentencia de este viernes llegó tras la denuncia de sustracción internacional que interpuso Arcuri contra ella por los últimos hechos que marcaron el caso. Al negarse la mujer a regresar a Italia, el padre de los niños denunció los hechos y una juez ordenó en julio de 2017 la entrega a los niños a su padre. Ante el ultimátum judicial, Rivas huyó con sus dos hijos (de 12 y 4 años) para no entregarlos a un padre acusado y denunciado por malos tratos. No apareció hasta casi un mes después.
El juez considera que la denuncia es una estrategia de Rivas para quedarse con la custodia de sus hijos menores y niega la existencia de violencia de género de Arcuri sobre Rivas, hasta tal punto que del texto destila que Rivas ha mentido para obtener beneficios con la denuncia que presentó en julio de 2016 contra su expareja y en la que relata los episodios de malos tratos que vivió entre 2013 y 2016.
Según el magistrado «los hechos muestran que ella decide separarse en el verano de 2016 y por si misma o porque alguien le asesora, se percata que hay un escollo importante con la guarda y custodia de los dos niños y para obtenerla a su favor, decide explotar el argumento del maltrato». Afirma que «la acusada no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado» y que los hechos denunciados «son inexistentes, porque no se han probado en ningún proceso».
En su opinión, Rivas podía haber denunciado en Italia los hechos de malos tratos que relata pero que sin embargo «orquesta una campaña valiéndose de medios de comunicación y organismos públicos, que le dan su incondicional apoyo, todo ello con la mal calculada creencia de que así obtendría ventajas a su favor». Además, desestima, también, los informes psicológicos que el Centro de la Mujer de Maracena elaboró sobre Rivas y su hijo mayor.
Para justificar la indemnización de 30.000 euros en concepto de perjuicios causados a su ex pareja, el juez considera que «predicó a los cuatro vientos que una persona maltrata, tortura y aterra a su familia, e incluso, que ha golpeado al hijo mayor, cuando no hay una condena firme, ni siquiera una investigación en trámite, y arengar a una multitud irreflexiva y visceral, para hacerla cómplice de ese escarnio, tratando de que la apoye de forma más o menos explícita, es una afrenta que muestra una voluntad dañina y lesiva de elementales derechos como el honor o el de presunción de inocencia con rango constitucional».
Varias organizaciones feministas han acompañado a Rivas a lo largo de proceso y han presentado quejas ante varias instituciones para denunciar las irregularidades judiciales de este caso. Al conocer la sentencia -que los abogados de Rivas ya anunciaron que recurrirán- los colectivos a favor de los derechos de las mujeres criticaron duramente la interpretación de los hechos y convocaron marchas de protesta para la tarde de este viernes en varias ciudades del país, como Barcelona o Valencia.
