Las irregularidades del gobierno en el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Cecilia Pérez, disparaba el viernes 3 de mayo en entrevista con radio Agricultura contra la oposición: “La izquierda se ha acostumbrado a mentir, a no esperar ni siquiera que exista un anuncio para demonizarlo con las mentiras más grandes”. A esa declaración, y ya con un objetivo más moral que político, agregaba: “La mentira hay que abordarla, no podemos dejarla pasar o mirarla desde el pudor. Hay que enfrentarla cuando uno tiene no solamente la verdad, sino que la convicción de que lo que estamos haciendo va con nuestros principios y es lo mejor para Chile”. Hasta aquí, todo bien. Pero ¿qué ocurre si es el gobierno el que miente, y además en documentos oficiales?

Eso fue lo que ocurrió con la ayuda humanitaria que se envió en febrero pasado a Cúcuta, Colombia, para que fuera ingresada a Venezuela.

El decreto que autorizó el envío de ayuda y todas sus especificaciones técnicas apareció en el Diario Oficial el 16 de febrero pasado. En el artículo primero del decreto se precisa que el monto total de la ayuda era de los $102.402.419. Además, se desglosó el total de la ayuda: 700 kits de higiene infantil, 700 kits de alimentación y más de 20 mil productos médicos.

En el mismo artículo primero se detalla que todo provendría de “la disponibilidad existente en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio de Salud”. Es decir, ONEMI y Cenabast. Por último, se menciona que “el costo de reposición de las especies señaladas en este artículo, será asumido por el Ministerio del Interior”.

Si en el futuro alguien quisiera investigar sobre esto, revisando documentos como el mismo Diario Oficial, verá que no se hizo nada de lo que allí se publicó. Ni siquiera se llevó la ayuda humanitaria donada por los civiles, como se supo hace unas semanas, pese a que era también una indicación precisada en el decreto.

Kits de alimentación e higiene Onemi

Vía ley de transparencia, el director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, respondió que adquirió los kits de alimentación e higiene infantil “a través del catálogo electrónico de convenio marco, siendo los proveedores los encargados de toda la logística desde su elaboración hasta la entrega”. Esta modalidad de convenios marcos, explicó Toro, “constituyen la primera opción de compra de los organismos públicos. Cada convenio marco se gestiona a través de una licitación pública que efectúa la dirección de Chilecompra”. Es decir, no se utilizó el stock disponible en ONEMI, sino que se compró directamente a dos proveedores.

“ONEMI no vio afectado su stock toda vez que los productos fueron adquiridos directamente a terceros”, finalizó el director de la Oficina.

Los dos proveedores fueron Comercial G&S y Abatte, ambos con un amplio historial de transacciones comerciales con el Estado.

Medicamentos Cenabast

Los productos que proporcionó Cenabast, a diferencia de lo ocurrido con Onemi, sí salieron del stock del que disponían. En la ecuación “stock disponible / productos donados”, el más afectado fue el alcohol gel. Según la información entregada por la Central Nacional de Abastecimiento, fueron 150 unidades de un total de 1.021 que tenían antes de la donación.

Otro punto importante dentro de la misma donación es la fecha de caducidad de dos productos: primero, el Ciproflixacino 500 mg., que vence en octubre de 2020; y segundo, los 4.400 inhaladores de salmetero/fluticasona 250/25 mcg., que expiran en mayo del próximo año.

Las irregularidades del gobierno en el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Sobre la reposición, a la fecha en que el organismo respondió vía ley de transparencia, señalaron que “no hay reposición dada la baja cantidad extraída de los contratos”, pese a que era también una indicación del mismo decreto que el ministerio del Interior fuera quien repusiera lo sacado.

Consultada la Contraloría sobre a las incongruencias entre el decreto publicado en el Diario Oficial y las acciones de recolección, distribución y reposición de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela, señalaron que no han tenido denuncias sobre el tema. Por consiguiente, no existe una investigación en curso sobre la donación, ni menos sobre los métodos usados para tal fin

A la luz de las respuestas que Cenabast y Onemi entregaron vía ley de transparencia, desde Contraloría también precisaron que es el mismo ministerio de Interior el responsable de estas incongruencias.