Papa suspende a cinco funcionarios por corrupción

Cinco funcionarios de El Vaticano fueron suspendidos después de un allanamiento que realizaron gendarmes en oficinas de la Secretaría de Estado el 1 de octubre.

Según informala revista L’espresso, un memorando interno del 2 de octubre del gobierno del Vaticano estableció que la Santa Sede investiga una serie de operaciones financieras millonarias supuestamente irregulares, vinculadas a la compraventa de inmuebles, por lo cual estas cinco personas fueron «suspendidas del servicio».

El martes pasado los gendarmes requisaron documentos y ordenadores en la Secretaría de Estado de la Santa Sede por orden del promotor de Justicia, Gian Piero Milano, después de recibir una serie de denuncias a comienzos del verano pasado.

Autoridades eclesiásticas informaron que se estaba realizando la operación sin dar mayores detalles y que la incautación tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado, oficina central del gobierno de la Iglesia Católica y el departamento de la Curia Romana que trabaja con mayor cercanía con el Papa. También es responsable del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Entre las indagatorias, los magistrados verificaron compraventas de inmuebles en Londres y la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al papa para que sean destinadas a obras de caridad.

Según el semanario italiano, los funcionarios implicados son: Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una empleada de la administración, Caterina Sansone; Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación; y el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Tommaso Di Ruzza.

Según la circular que publicó L’espresso,»los mencionados podrán acceder al Estado exclusivamente para acudir a la Dirección de Sanidad e Higiene y para sus servicios, o bien con la autorización de la magistratura vaticana. Monseñor Mauro Carlino seguirá residiendo en la Domus Santa Marta».

La investigación se inicia tras una serie de denuncias presentadas al principio del verano pasado por el Instituto para Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último, encargado de auditar la administración vaticana.