JAIR BOLSONARO | AGENCIAUNO
Reportes de prensa aluden a la existencia de indicios de delitos como falsedad ideológica, coerción en el proceso, defensa administrativa, malversación, obstrucción de la justicia y corrupción pasiva privilegiada.
Una verdadera crisis política se ha desatado en Brasil en medio de la pandemia del coronavirus, que golpea seriamente al país liderado por Jair Bolsonaro, quien hace no más de dos semanas decidió sacar a su ministro de Salud de su gabinete en el contexto de las serias y públicas diferencias que tuvo con él por el manejo de la crisis sanitaria.
Y es que mientras los decesos producto de la importante penetración del virus en este país, se suceden otros hechos que solo contribuyen a mancillar la gestión del polémico mandatario. Uno de los últimos alude al rol que jugará el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, quien tendrá que determinar si procede o no un sumario sobre las actuaciones del ultraderechista Bolsonaro, acusado de corrupción.
Esto debido a que la Corte Suprema recepcionó una solicitud del fiscal general Augusto Aras en la que el titular del ministerio público pide indagar las denuncias realizadas por el saliente ministro de justicia Sergio Moro, ocurrida en el transcurso de esta semana, contra el presidente.
Específicamente, Moro habló de la existencia de mensajes de Bolsonaro pidiendo intervenir en las investigaciones de la Policía Federal, a lo que el aludido actuó mediante decreto, activando la renuncia del que ahora es su ex secretario de Estado.
El saliente ministro, por su parte, desnudó las que, a su juicio, eran las verdaderas intenciones de Bolsonaro. De acuerdo a su testimonio, él quería “una persona de su contacto personal, a la que pudiera llamar, recopilar informes de inteligencia. Realmente no es el papel de la Policía Federal proporcionar ese tipo de información”.
Reportes de prensa de este país, por su parte, aluden a que para el fiscal general existen indicios de delitos como falsedad ideológica, coerción en el proceso, defensa administrativa, malversación, obstrucción de la justicia y corrupción pasiva privilegiada.
