Referéndum: Italia cada vez más cerca de legalizar la eutanasia y la cannabis

Italia se encuentra más cerca de legalizar la eutanasia y la cannabis, una decisión que se tomará si la Corte Constitucional Italiana admite, el próximo 15 de febrero, la celebración de dos referéndum, el único camino viable en estas dos controversiales materias, admitió a Efe el activista Marco Cappato.

Después de intentar, sin éxito, que la política aprobara su legalización, la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por el reconocimiento de estos derechos y de la que Cappato es su rostro más visible, se abocó a recurrir a la consulta popular, «un instrumento importante cuando el Parlamento demuestra ser incapaz de afrontar temas como estos».

Ante la inacción política, la organización sin fines de lucro inició la recolección de firmas necesarias para presentar las propuestas de referéndum ante el Tribunal Supremo, que las admitió luego de recibir 1,2 millones de firmas para legalizar la eutanasia, «el doble de las necesarias», y 630.000 para el cannabis.

Morir dignamente

La posible admisión del referéndum sobre la eutanasia llega cuando Italia está debatiendo una ley que regule el suicidio asistido, que a pesar de no ser punible desde 2019, muy pocos han podido aplicar porque «el servicio sanitario se esconde detrás de los tecnicismos y no aplica la norma», criticó el activista.

Cappato, absuelto en Italia por el delito de suicidio asistido tras ayudar a morir en Suiza en 2017 a un enfermo de esclerosis múltiple, considera que el país debe ir un paso más allá y legalizar la eutanasia para asegurar «el derecho a morir dignamente».

La propuesta busca derogar parte del artículo 579 del código penal italiano, que sanciona con hasta 15 años de prisión «a quien cause la muerte de una persona con su consentimiento», despenalizando la inducción a la muerte mediante fármacos o interrumpiendo el tratamiento necesario para mantener la vida.

El también tesorero de la organización, aclaró que el referéndum no pide «una liberación total, sino que solo se derogue la primera parte del artículo», que castiga la inducción a la muerte de adultos en pleno uso de sus facultades, dejando en vigor la segunda, que abarca a los menores de edad y las personas con discapacidades psíquicas.

Esta legalización y regularización evitaría que los pacientes recurrieran a prácticas de eutanasia «clandestina, que no ofrecen ninguna garantía y ponen en peligro al enfermo», criticó Cappato.

Cultivo y consumo propio

La segunda iniciativa propone modificar el «Texto Único sobre drogas» de 1990, para despenalizar el cultivo doméstico para uso personal de la cannabis y limitar las penas de prisión a excepción del tráfico ilícito.

«El proteccionismo no limita el uso del cannabis, sino que propicia su abuso en cantidad y calidad no controladas, lo que ayuda a las mafias a crecer», explicó Cappato, para quien su deslegalización permitirá regular su cultivo por el gobierno, «una medida que le beneficiaría económicamente».

El activista subrayó que como en Italia los referéndum sólo permiten eliminar la norma por completo y no reformarla, «se despenalizaría también la producción de otras substancias, como los hongos alucinógenos».

Seis reformas jurídicas

Finalmente, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre seis reformas del sistema judicial impulsadas por el partido Radical, la Liga y nueve gobiernos regionales de derechas.

Las tres primeras consultas estarán relacionadas con la responsabilidad civil de los magistrados, la separación de carreras y la limitación de la prisión preventiva solo a los casos en los que haya delitos graves.

Mientras que los referéndum restantes aluden a la evaluación de los magistrados, las recopilación de firmas para presentarse al Consejo Superior de la Magistratura y a la libertad de decidir caso por caso si se aplica la prohibición de cargos públicos.

Si finalmente el 15 de febrero el máximo órgano judicial de Italia aprueba estas consultas, los italianos votarán en junio sobre estas cuestiones, que para ser válidas deben recibir como mínimo la participación de la mitad del censo.