Ministerio de Justicia de Argentina no incluirá Derechos Humanos en su nombre

El Ministerio de Justicia de Argentina ha eliminado de su nombre la categoría Derechos Humanos, que lo integraba desde el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), según puede verse este lunes en la web oficial del departamento.

La pantalla inicial de la web oficial muestra el nombre Ministerio de Justicia y, en su descripción, agrega que trabaja «para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Federal y de los DDHH (sic)», además del acceso «de los sectores más vulnerables» a la Justicia y de la promoción de políticas «contra la Trata de Personas y las Violencias de Género».

La Ley de Ministerios, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmada este domingo por el nuevo mandatario argentino, Javier Milei, en su primer paso por el sillón presidencial en la Casa Rosada, incluye la denominación actual del Ministerio de Justicia y detalla los asuntos de su competencia.

Pese a la desaparición de la categoría Derechos Humanos de su denominación y más allá de los asuntos relacionados con la administración de Justicia, la norma detalla que esta cartera trabajará «en la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos».

Además, tendrá competencia «en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas y en la representación del ESTADO NACIONAL (sic) ante los organismos internacionales, en materia de derechos humanos y en la no discriminación de grupos o personas».

Y agrega que deberá «elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones del área, tendientes a lograr la protección y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y su plena inclusión en la sociedad, con intervención de los Ministerios que tengan asignadas competencias en la materia».

Argentina se convirtió en un ejemplo internacional en el trabajo por los derechos humanos a partir de la creación de agrupaciones como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

Además, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, establecida por el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín (1983-1989), y la celebración del Juicio a las Juntas, apenas dos años después de la conclusión del régimen de facto, fueron hitos a nivel internacional.

En la última campaña electoral, uno de los pocos consensos que parecían existir en el país suramericano, la crueldad del régimen militar que hizo desaparecer a 30.000 personas -según las cifras recopiladas por los organismos de derechos humanos-, pareció ponerse en duda.

La alineación del Ejecutivo de Milei y, sobre todo, de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la ‘teoría de los dos demonios’ y la negación de esa cifra de desaparecidos -ellos solo reconocen 8.751- elevaron las críticas de los organismos de derechos humanos.

Villarruel, de familia castrense y cercana a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, llegó a decir que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, era un «personaje siniestro» y a considerar que el trabajo desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos era un «curro» (estafa).