Atacama: Rebelión Ambientalista

A fines de 2012, la resistencia a megaproyectos contaminantes, que por años han sostenido numerosas comunidades en la Región de Atacama, reventó en el alzamiento popular en el Valle del Huasco bajo. El polvorín estalló el 1 de diciembre. Ese día la Secretaria Regional de Salud de Atacama, Liliana Sandoval, resolvió ordenar la reapertura de la planta faenadora de cerdos de Freirina, propiedad de Agrosuper, sin resolver los problemas sanitarios y de mal olor que esta planta originaba. Por: Francisco Marín- Fotografías Javier Karmy La reapertura ocasionó rabia entre los freirinenses que por vez primera en su historia serían protagonistas de una verdadera rebelión contra el orden central. La casi totalidad de sus diez mil habitantes, incluyendo el recién electo alcalde socialista César Orellana, salieron a protestar enardecidos bloqueando calles y carreteras. Los más decididos asaltaron la planta de Agrosuper rompiendo y quemando las oficinas de administración y las casetas de los guardias. La sublevación logró frutos. El 10 de diciembre Agrosuper anunció el cierre “indefinido” de sus faenas. En todo caso, los freirinenses bajaron sus protestas sólo cuando recibieron el plan de cierre de la empresa por escrito de parte de la ministra de Medio Ambiente, Ignacia Benítez. Ella también les aseguró que no se entregarían nuevos permisos de agua en la agotada cuenca del Huasco. Con cerca de 600 millones de dólares invertidos, la faenadora de cerdos de Freirina era la más grande de su tipo en América Latina y proyectaba ser la más grande del mundo. Sin embargo, al momento de construir esta planta, no se consideró la fragilidad ambiental del territorio en que se emplazaría, donde el agua es un bien demasiado escaso como para recibir a tantos y tan repentinos habitantes. Agrosuper, del empresario Gonzalo Vial Vial, es una empresa que factura anualmente 1.100 millones de dólares. Entre las marcas que usa Agrosuper se cuenta: Super Pollo, Super Cerdo y Super Salmón. El conflicto con su planta de Freirina no es una excepción puesto que en todos los lugares en los que se ha emplazado esta empresa se han producido problemas con las comunidades afectadas por su presencia. Malos olores y apropiación del agua, son los más recurrentes. Falsas promesas Cuando en noviembre de 2010 se inauguró la planta de cerdos de Agrosuper en Freirina, nadie se imaginó que en dos años sería cerrada por los vecinos de esta tranquila y tradicional comunidad del Norte Chico. Los gerentes de Agrosuper y las autoridades presentaron a este nuevo vecino como el portador de un destino luminoso para Freirina y para todo el valle del Huasco. La inversión supondría la contratación de más de 3 mil trabajadores y la conexión productiva de esta zona del país con el resto del mundo a través de la exportación de “carne de excelencia” que llegaría a los “mercados más exigentes”. El gerente general de Agrosuper, José Guzmán, afirmó en la ceremonia de inauguración que el proyecto se desarrollará en esta región porque “es una zona que cuenta con todas las características geográficas, climáticas, hídricas, de infraestructura y de recursos humanos necesarios para desarrollar una zona agroindustrial en equilibrio con el entorno”. Guzmán fue más allá. Sostuvo que la planta contendría tecnología de punta para el tratamiento de aguas y residuos industriales, lo que permitiría su reutilización para el riego agrícola. Pero ninguna de las promesas se cumplió. La implantación de Agrosuper en el valle del Huasco implicó “la pérdida de toda nuestra tranquilidad”, afirmó una anciana vecina de Freirina en Radio Profeta de aquella localidad. A principios de 2012, el olor a excremento se hizo insoportable y los pobladores comenzaron a buscar soluciones. Como los reclamos fueron desoídos por las autoridades sanitarias, políticas y de la propia empresa, el malestar derivó en severas protestas. El 18 de mayo los manifestantes quemaron dos vehículos policiales en los exteriores de la planta de chanchos, luego que un gran contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, proveniente de distintos puntos del país, irrumpieran en Freirina con el fin de aplastar este levantamiento y desbloquear los caminos y carreteras que mantenían aislada a la ciudad y a la citada planta, la que no podía abastecerse de alimentos y otros insumos. Los vecinos pedían el cierre inmediato de la planta. Se quejaban no sólo de la putrefacción sino también de la apropiación del agua de las napas subterráneas realizada por la empresa, que había dejado sin este vital elemento a campesinos y crianceros. Fue entonces que las autoridades sanitarias de Atacama decidieron cerrar la fábrica, aunque, como luego se demostró, sería sólo una maniobra comunicacional para calmar el enrarecido ambiente. La autoridad sanitaria también declaró entonces la alerta ambiental debido a que la mortandad de cerdos –ocasionada tras varios días de protestas y bloqueos en que los animales no fueron alimentados ni aseados– amenazaba gravemente la salud de la población. Punta Alcalde Sin considerar la ira contenida y mostrando que el criterio político no es lo suyo, dos días después del anuncio de reapertura de la planta de cerdos, el presidente Sebastián Piñera, a través del Comité de Ministros relacionados con materias medioambientales, decidió el 3 de diciembre aprobar la construcción de la central termoeléctrica Punta Alcalde (Endesa), que se emplazaría en el puerto de Huasco, cerca de Freirina, y a medio centenar de kilómetros de dos valiosos reservorios naturales que se verían afectados por su accionar contaminante: el Parque Nacional Llanos de Challe y la reserva nacional Pingüino de Humboldt. Con su decisión, el Comité de Ministros revertía la determinación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama (CEA), que el 25 de junio había resuelto –por 8 votos contra 2- rechazar la construcción de esta central. El intendente de Atacama Rafael Prohens argumentó entonces su posición contraria: “El proyecto tenía dos grandes falencias: no haber dado respuesta al problema de contaminación atmosférica ni al efecto que tendrían en el mar el agua (contaminada y caliente) que lanzaría la empresa”. De construirse, la termoeléctrica aportará 740 MW de energía al Sistema Interconectado Central (SIC), indispensables para la puesta en marcha de grandes proyectos de mineras transnacionales, como Pascua Lama y Caserones, los que constituyen otras severas amenazas al medio ambiente de Atacama. La inconsulta y centralizada determinación de los ministros de Piñera, provocó que Huasco se levantara contra el poder central, tal como estaba haciendo Freirina. Los días más violentos fueron entre el 5 y el 10 de diciembre en los que la situación se tornó incontrolable para las fuerzas policiales. El vocero del movimiento socioambiental del valle del Huasco y de la Brigada S.O.S. Huasco, Juan Carlos Labrín, relató que en su territorio las protestas contra la contaminación existen “desde hace harto tiempo pero nunca habían sido tan masivas como las recientes”. El detonante de la furia –expresó– fue la violencia con que actuaron las Fuerzas Especiales de Carabineros: “entraron a las poblaciones golpeando gente, incluyendo mujeres y niños; dispararon bombas lacrimógenas a las casas. Esto provocó que la población completa, miles de personas, saliéramos unidos a expulsar a los policías opresores. Y lo logramos, lo que nos llena de satisfacción y orgullo”. Cabe señalar que en mayo pasado, Huasco fue declarada Zona Latente por Material Particulado por el Ministerio de Medio Ambiente, luego de comprobarse que las concentraciones anuales durante tres años consecutivos superaban en un 80% el límite establecido por la norma. En ese entonces las organizaciones sociales y ambientalistas creyeron que con eso las autoridades no aprobarían nuevos proyectos contaminantes. Pero, no fue lo que ocurrió. La construcción de la termoeléctrica, además, se sumaría a la altamente contaminante planta de pellets de acero de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), construida hace 40 años junto al puerto de Huasco y a la termoeléctrica Guacolda, puesta en funcionamiento en 1995, cuya producción se ha quintuplicado desde entonces. En 2001, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, siendo ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi –ex gerente de Guacolda-, el gobierno aprobó el uso del cancerígeno petcoke como combustible de esta central. Así, esta suma de proyectos han terminado por convertir este territorio en lo que las agrupaciones ambientalistas denominan como “zona de sacrificio”. Victorias populares La derrota que las comunidades del Valle del Huasco inflingieron a Agrosuper, no es la única que han tenido los grandes grupos económicos en la Región de Atacama el último tiempo. En marzo pasado la Comunidad Agrícola de los Huascoaltinos (perteneciente al pueblo diaguita) consiguió paralizar el megaproyecto minero El Morro (de la canadiense Goldcorp), que se pretende instalar en su territorio sobre las nacientes del río Huasco, muy cerca de Pascua Lama. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección de los diaguitas, que estuvieron representados por la destacada abogada pro derechos indígenas Nancy Yáñez, dejando sin efecto la resolución de calificación ambiental que autorizaba la explotación del mineral. La razón: la Autoridad Ambiental, al aprobar El Morro, vulneró el derecho a consulta de un pueblo originario. Este triunfo de los diaguitas, a pesar de su importancia, pasó inadvertido para la opinión pública dado que los medios masivos no informaron a este respecto. No ocurrió lo mismo con la anulación del proyecto termoeléctrico Castilla, que provocó gran revuelo. El 28 de agosto la Corte Suprema informó que rechazaba su construcción, al acoger el recurso de protección interpuesto por los habitantes del caserío de pescadores Totoral. Fue la victoria de David sobre Goliat. Con una inversión pronosticada de cinco mil millones de dólares y una capacidad de 2.100 MW, Castilla fue cancelada definitivamente. Estaba llamada a ser la más grande y contaminante termoeléctrica de América Latina.