Cerca de las 5.30 de esta madrugada, miembros de la Red ONG’s Infancia y Juventud de Chile y la Corporación Sofini llegaron hasta la sede del Fondo de las Naciones para la Infancia (Unicef) para denunciar los graves abusos que supuestamente se comenten al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename).
En declaraciones entregadas a Piensa Prensa, el presidente de Sofini, Rodrigo Paz, explicó que se intentó distraer a las fuerzas policiales convocando a una protesta fuera del recinto, «sin embargo la meta era la ocupación de Unicef para denunciar a Chile ante la comunidad internacional por esta situación».
A pesar de que la protesta se ha llevado a cabo de forma pacífica, según explicó Carabineros a Emol, no se descarta un eventual desalojo en caso de que el recinto se deje voluntariamente.
Las principales denuncias dicen relación con la constante violación de derechos que sufren las niñas y niños recluidos en estos centros estatales. Paz explica que el aporte entregado por el Estado para la mantención de cada infante es sumamente menor a la desembolsada para abastecer a la población penitenciaria: 180 mil y entre 400 y 600 mil, respectivamente.
Últimamente se han registrado hechos de gravedad al interior de centros del Sename. Entre ellos se encuentra la muerte de una lactante de 10 meses llamada Fernanda, que falleció producto de la inhalación de contenido gástrico el día 24 de enero en un centro de Copiapó, cuando era «cuidada» por solo dos educadoras que tenían a cargo a casi 40 pequeños. Además, se suma el asesinato de Daniel Ballestero Pérez, joven de 17 años que recibió una puñalada producto de una riña.
«Hay 15 mil niños en estos centros, muchos de ellos en situación de extrema pobreza que son vulnerados en sus derechos y sacados de sus casas para su supuesta protección», señaló a PiensaPrensa Lorena Bustamante, de la Red de Infancia y Juventud.
Quienes se encuentran al interior de la toma y luchan por el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chile, aseguran que no están cumpliendo los compromisos internacionales que el país asumió con la firma de la Convención de los Derechos de Niño, aprobada por la ONU en 1990. Nuestro país es el único de Sudamérica que no cuenta con una Ley de Protección Integral de la Infancia y donde más se maltrata a menores de edad, fenómeno cifrado en un 73,6% aquellos que sufren abusos físicos o psicológicos. (Fuente: UNICEF)