Escándalos, abusos, extrañas muertes, apaleos, brutalidad, excesos son noticias casi cotidianas en el interior del Cuerpo de carabineros de Chile.
En cada una de esas oportunidades los mandos de la institución salen a morigerar sus efectos, a relativizar sus alcances y a comprometer una exhaustiva investigación porque esos hechos no pueden volver a repetirse. Pero se repiten. Siempre se repiten.
Después de cuarenta años del Golpe Militar que cambiaría dramáticamente la vida del país, una de sus rémoras inextinguible es la conducta de Carabineros. Por allí no ha pasado el hálito democrático que, aunque tímidamente, sí envolvió al resto de la sociedad.
Afirmados en anacrónicas disposiciones administrativas heredadas de la dictadura, el mando de Carabineros toma sus propias decisiones cuando se trata de contener, reprimir y estigmatizar a quienes se atreven a salir a las calles, tengan o no permiso de la autoridad. Protestar es un derecho sólo porque está escrito en alguna ley.
Aysén, Calama, Freirina, Lota, Maipú y muchas otras ciudades y pueblos, y demasiadas comunidades mapuche, y centenares de miles de estudiantes saben de esa mano dura, de esa brutalidad que no es cosa de ahora.
Hace veintiocho años, un antecesor del actual director General de Carabineros, cuyo estigma de general rastrero habrá de cubrirle por la eternidad, justificaba los asesinatos cobardes Manuel Guerreo, Santiago Nattino y Manuel Parada. No pasó mucho tiempo para que se conociera la verdad.
Pero ni siquiera ese hecho deleznable motivó a las autoridades post dictatoriales para revisar la doctrina que permite hasta ahora el uso abominable de la fuerza en contra de personas en uso de sus derechos.
El Cuerpo de Carabineros sigue cumpliendo una labor política y sus macanas, golpizas, espías, aguas pestilentes, drones, satélites, escuchas ilegales, disparos, montajes y atropellos a la dignidad de niños, ancianos, mujeres y niños, son finalmente, las opiniones que sus mandos tienen respecto de pobres, indios y revoltosos.
En lo que va de esta eterna transición, los criterios policiales son los menos evolucionados de cuanta política se heredó de la tiranía.
Hoy se dispone del cuerpo policial más poderoso que haya conocido Chile. Nunca el Cuerpo de Carabineros había tenido tal nivel de desarrollo material y tecnológico. Y sólo en la dictadura había tenido actuaciones tan aberrantes como las que hemos visto profusamente por las redes sociales, a falta de televisión y prensa objetiva.
Las convulsiones sociales son para el mando policial actuaciones que no se distinguen de la conducta de cualquier delincuente. Su visión del que reclama y protesta es la de un desadaptado que hay que disciplinar.
Ninguna lógica sana puede entender que para el efecto de resguardar el orden, se llegue a niveles tan agudos de violencia, abuso y estigmatización de la gente común.
Balas de guerra, balines de goma y de acero, gases de toxicidades extremas, lanza aguas repelentes, apaleos y golpizas cobardes contra gente indefensa, mujeres, niños y ancianos, no puede ser parte de ninguna normativa de orden público de ningún país civilizado. Y si eso lo permite una ley, entonces esa la ley es ilegítima y resulta moral resistirla.
Nuestro país está en la mira de los organismos que vigilan la violación de los derechos humanos, pero a la casta gobernante el hecho le importa un pepino. Lo que vale son las grandes cifras. No los detalles insignificantes que no salen en los balances.
Carabineros no han aprendido de la historia reciente. Parece no recordar que esta misma lógica que hoy impone en contra de gente que reclama con justas razones, terminó siendo un baldón vergonzoso una vez destapados los velos secretos tras los cuales se guardaban cobardes actuaciones de sus miembros durante la dictadura.
Aquella gente asesinada por carabineros en los tiempos de la represión dictatorial, fue por la aplicación de los mismos criterios que hoy los mandos aplican sobre los habitantes de las ciudades, los mapuches insumisos, y los estudiantes: el orden público, la propiedad privada, la seguridad interior.
Y lejos de haberse erradicados por la democracia, se han vuelto una cultura. Un lodo en el que se reproduce y se justifica científicamente la utilización de la fuerza bruta para doblegar a los insumisos.
Por estos días son detenidos seis policías por la muerte de una persona a bordo de un furgón de la institución. Los procesará esa rareza jurídica y estética llamada Justicia Militar, de triste y vergonzosa memoria durante la tiranía. Es posible que sean condenados a alguna pena risible por su responsabilidad en esa muerte. Pero mientras no cambie la cultura de lo impune, ese cáncer que corroe la sociedad, hechos como éste seguirán conociéndose.
A los gobiernos de la post dictadura les ha sido cómoda la existencia de quienes hacen el trabajo sucio del capítulo control social. Mediante leyes secretas y otras semi ocultas, al Cuerpo de Carabineros se lo ha dotado de prerrogativas, medios y respaldo político de tal envergadura, que en gran parte de sus actuaciones más luctuosas no sólo parecen mandarse solos, sino que en efecto, lo hacen.
Lo que los mandos policiales y las autoridades a cargo del orden público explican como excesos aislados, viene siendo el pan de cada día.
Desde la primera vez que una manifestación fue reprimida después de la dictadura, hasta hoy, se ha recorrido un camino ascendente en violencia, crueldad y cobardía. Los gobiernos de la Concertación, mediante sus sub secretarios y Ministros del Interior que hoy pasan inadvertidos, fueron dotando a la policía uniformada de atribuciones cada vez más anti democráticas.
Un punto alto de esa curva ascendente lo constituye la invasión del territorio mapuche que ha significado la muerte de varios jóvenes, abatidos por las balas disparadas por carabineros, quienes han ocupado esas tierras como tropas de asalto. Y la perla institucional que prueba que las cosas andan muy mal, han sido los montajes clandestinos que han quedado al descubierto y que no son sino expresiones de la guerra privada de la policía contra el mapuche que lucha
Alguna vez se deberá reemplazar a esta policía por una de carácter democrático. Corresponde a sus actuales y pasadas víctimas el deber de nunca olvidar a aquellos jefes policiales, oficiales, sub oficiales y gente de tropa, responsables de la represión y los abusos, los que deberán ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.
No es posible que nuevamente se tropiece con la piedra de la impunidad, sabiendo, como se sabe, que es de las peores maneras de incitar al crimen.
El orden público no puede ser entendido como producto de la agresión cobarde y desproporcionada. A menos que estemos viviendo en una dictadura y que no hayamos sido notificados.