El primer tema se zanja afirmando que en Chile, como en el resto del mundo, hay universidades que son propiedad del Estado y que por ese hecho se configuran dentro del sistema público de educación. El precepto sintetizador señalado por el Rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez, a saber, que las universidades públicas son las universidades estatales, parece haber terminado por resultar convincente.
Se puede pasar entonces a discutir en sus propios méritos el segundo tema, el del acceso a fondos públicos, en el contexto de los deberes y derechos del Estado con el sistema universitario en su conjunto, así como en sus aspectos diferenciales para los subsistemas público y privado. Pienso optimistamente que un planteamiento como éste, de trazos nítidos, debería ayudar grandemente al diálogo y al logro de acuerdos. Se podrá entonces discutir sobre si resulta justo que la condición de ser estudiante de una universidad pública o privada afecte el derecho de un joven a optar a financiamiento fiscal. Se podrá también discutir si existen políticas proactivas que el Estado considere del caso emprender para beneficiar a jóvenes de situación socioeconómica precaria, para las cuales puede sentirse con más derecho a convocar a sus universidades públicas, a las cuales, después de todo, él financia. Dejando inalterados los concursos para investigación abiertos a todo el sistema universitario, se podrán instaurar fondos para el sistema público sobre asuntos de relevancia para el país. Un ejemplo: es increíble que Chile no investigue intensamente sobre los efectos de la exposición intermitente a la altura a la que somete a su fuerza laboral más productiva. ¿Por qué no encargar tal tarea, entre otras, a las universidades de Antofagasta y Atacama? Cabe suponer que a ese tipo de cosas se refería el Ministro de Educación al hablar de investigación científica en el sistema público, referencia que, análogamente a lo ocurrido con el carácter público de las universidades, fue prontamente desvirtuada hacia un problema que no era el problema: la comparación de la investigación actual en universidades estatales y privadas.
No debiera parecer preocupante la reinstalación un subsistema de universidades estatales y el fomento de las interacciones entre ellas, las que tampoco tendrían por qué ser excluyentes. Entre muchas iniciativas interesantes estaría el destinar cupos preferentes de postgrado que mejoraran los cuerpos académicos e incentivaran investigaciones conjuntas. Tampoco debiera ser preocupante un eventual financiamiento especial, el que, lejos de constituir un favoritismo arbitrario, vendría simplemente a corregir una prolongada negligencia. Imaginemos una analogía: que en Chile por mucho tiempo se hubiera obligado a la Iglesia a desentenderse de las universidades católicas. Si en un momento dado tal coerción se interrumpiera, nadie debería preocuparse, más bien deberíamos alegrarnos todos.