Buscando despejar la falta de definición en la legislación chilena, las ex dirigentes estudiantiles y actuales diputadas comunistas, Camila Vallejo y Karol Cariola, presentarán un proyecto de ley que, adelantándose a la agenda trazada por el Gobierno, busca finalmente la prohibición expresa y sanciones concretas que castiguen el lucro en la educación chilena.
El proyecto, que nace de la idea de la diputada por La Florida, fue revisado posteriormente por Cariola y el diputado Giorgio Jackson, los que aportaron con indicaciones al documento original. El proyecto, anunciado el 16 de abril pasado, contaría además con el respaldo de los integrantes de la Comisión de Educación Cristina Girardi y Rodrigo González, ambos PPD, además de los comunistas Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier.
El documento, compartido en la cuenta de Twitter de la diputada Vallejo, presenta una documentada y extensa argumentación para dar cuenta de los antecedentes que permiten determinar cómo la concepción de la educación como una mercancía, ha sido un proceso impulsado desde los tiempos de la dictadura.
“El sistema educacional chileno, desde entonces, implicó un cambio en la concepción de la educación, que antaño fue considerada un derecho, la cual ha devenido en una mercancía más a adquirir, de acuerdo a los patrones de consumo promovidos por el mercado y las capacidades económicas de las familias, afectando a la educación en términos de sistema, fomentando el individualismo y la competencia”, y agregan que “la organización de la educación se hace a partir de las leyes del mercado, con una interacción entre las familias (‘clientes’) y los oferentes (‘sostenedores’)”.
Por ello, el principal punto de la propuesta conjunta de Cariola y Vallejo, propone la creación de la figura del “Giro Único Educacional”, con lo cual todo establecimiento estudiantil dotada de él, no podrá “tener otro objeto que la creación, organización, mantención y desarrollo de un establecimiento educacional de acuerdo con su categoría; de respetar en tal organización los valores de una sociedad democrática, pluralista y libre; de fomentar en ella el máximo ejercicio posible de los derechos fundamentales de sus integrantes, y de tener por prioridad el mayor beneficio y bienestar de sus estudiantes y trabajadores”, según dispone su artículo 1°.
Asimismo, el artículo segundo hace explícita la prohibición del lucro, explicando que las circunstancias que configuren dicho delito como “toda ganancia, utilidad o excedente positivo que no fuere reinvertido en las actividades propias de la persona jurídica de giro educacional único, incluyéndose los montos ahorrados y destinados a otra finalidad diversa al proyecto educativo”.
Así, las sanciones para aquellos establecimientos que contravinieren la ley, quedan definidas en base a nuevos criterios para la cancelación de la personalidad jurídica y/o revocación del reconocimiento oficial, siendo por ejemplo motivo de cancelación la entrega de información falsa en los balances y estados de resultados anuales, o incluso aquellos que obstaculicen la fiscalización de dichos estableciemientos. Además, se establecen multas que van desde los 2 mil a las 5 mil UTM para quienes incurran en estas faltas.
El proyecto, siguiendo la lógica que desarrolla, establece que en el caso de generarse una cancelación de la personalidad jurídica, será el Mineduc el encargado de nombrar un interventor, figura que ya está siendo discutida en el debate de la Comisión de Educación de la Cámara.
Lee el proyecto presentado por las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo: