“No ha habido ningún acercamiento con la empresa, ellos tenían la intención que nosotros recibiéramos una última oferta que no había sido publicada”, afirmó María Eugenia Zamorano, presidenta del Sindicato. La dirigenta aseguró que recién el 18 de junio tendrán negociaciones por orden de la Dirección del Trabajo.
Según los datos que los trabajadores han publicado, la AFP gana $287 millones de pesos diarios y acumula $288 mil millones este año. Sin embargo, la paga de pensiones es de $144.777 promedio. Según Zamorano, el fin de la huelga depende netamente de la empresa “ellos tienen el poder -agregó-, saben que son dueños y señores en este minuto de este proceso en que nuestros derechos están siendo vulnerados, no nos podían reemplazar y lo hicieron, ellos son patrón de fundo”.
Según el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) “Las bajas pensiones de los jubilados en el sistema de AFP, que se agravan por la discriminación en contra de las mujeres y otros factores, no se pueden mejorar mediante el esquema de capitalización individual. Éste no ofrece solución a los jubilados de hoy y la década siguiente, y sólo promete incertidumbre respecto del futuro lejano”.
Los dichos de CENDA se suman al debate que existe al interior de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, creada con el fin de reformar el sistema de pensiones ya que “para nadie es un secreto que las pensiones no están a la altura de lo que esperarían los trabajadores y trabajadoras”, señaló la presidenta Michelle Bachelet.
En este marco, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz,
Dentro de las 50 primeras medidas comprometidas por la Presidenta, se encontraba el envío de un proyecto de ley para la creación de una AFP estatal, sin embargo durante su mensaje presidencial de 21 de mayo, Bachelet constató que “no resuelve el problema de fondo”.
Para CENDA, “los propietarios de AFP y otros grandes grupos financieros han sido los grandes beneficiarios de este mecanismo, impuesto mediante la represión” y según su minuta expuesta en la Comisión Asesora, la solución está en “destinar dichos aportes a pagar pensiones, reconstruyendo el sistema público basado en el esquema solidario, también llamado de reparto”.