El Salvador viene levantando un proceso de rechazo a lo que tiene que ver con la concesión hospitalaria, en un principio por parte los gremios como la Fenats, y la Frenpruss, y que venían ya desde el 2010, cuando parte la política de concesiones con el gobierno de Sebastián Piñera, manifestando su oposición. En ese momento, para la campaña de la actual presidenta Bachelet, se levantó como promesa de campaña el rechazo a la política de concesiones y ella dijo que éstas se iban a detener. Esto genera que de la parte de los gremios haya habido una expectativa porque eso ocurriera. Lo que pasó es que se detiene la política, en el sentido de que no habrán nuevas concesiones, pero se permite que las que ya estaban avanzadas y contaban con la toma de razón por parte de la Contraloría, que venían del gobierno de Sebastián Piñera, éstas se llevaran igualmente a cabo. Eso genera un movimiento para pedirle a la Presidenta y al Ministerio de Salud que revisen esta política y detengan la concesión.
Desde la semana pasada se ha generado un paro de los funcionarios y que ha generado una discusión importante en el gremio médico, que empezó a generar asambleas. La primera fue el día viernes de la semana pasada, y luego el lunes nosotros fuimos a exponer nuestra perspectiva en este tema como Fundación Creando Salud. Básicamente lo que señalamos es que la evidencia internacional señala que la política de concesiones es negativa en la salud, se ha comprobado que resulta ser una política que es onerosa para el Estado. O sea, que el costo de concesionar es muy alto. Por otro lado puede haber peligro en la calidad de atención asistencial incluso, y esto básicamente es porque se impone un modelo de gestión centrado en manejar un hospital como un hotel.
Los cálculos que nosotros manejamos de lo que paga el Estado del total que paga por subsidios al privado por los gastos de construcción del recinto, son 2,7 veces más el costo estimado que tendría este hospital. De parte del Ministerio de Obras Públicas, se estiman que son USD$283 millones, y el subsidio estatal sería de USD$769 millones. Estamos hablando de que se podrían construir casi 2 hospitales con eso.
Son todos estos aspectos los que hacen que los médicos, en una votación bastante importante, se manifestaran en un 67 por ciento en contra de la política de concesiones. Esto es bastante histórico, porque antes el gremio había tenido una visión positiva de la política de concesiones desde el 2010 en adelante. Ahí se entendía que había una emergencia por el tema del terremoto, y era necesario construir rápidamente. Ahora vemos un cambio en el gremio, porque hay varios temas que son delicados, y que no se trata solamente de plata, porque también son éticos. Si yo estoy gastando recursos públicos para destinarlo a las utilidades de un privado, lo que estoy generando son menos recursos para las atenciones de salud. Ese es un problema ético central, los médicos lo están discutiendo para poder revertir esta política. Lo ideal es que hoy día el Gobierno revise esta concesión porque estamos frente a un posible Transantiago de la Salud.
Esa es una comparación que ya has realizado en varias oportunidades, pero ¿por qué es competente hacer esta comparación entre el sistema de transporte con el sistema de salud?
Por un lado, la política de concesiones hospitalarias y el Transantiago son familiares, en el sentido que ambas son concesiones. En el caso del Transantiago lo que estás concesionando son las vías públicas y la utilización de ellas por parte de una empresa privada. Aquí, el privado pone los buses y opera sobre esas vías concesionadas. En el caso de los hospitales ocurre más o menos lo mismo, porque el privado se pone a diseñar, construir, y operar los recintos.
En el caso del Transantiago ya ha ocurrido que cuando se ve amenazada la ganancia del privado, lo que ocurre es que opera la lógica de no dejar caer un negocio como ése, por su componente social y el impacto central que tiene el transporte en el país. Entonces el Estado tiene que estar subsidiando con más de mil millones de dólares al año. Y en Salud tenemos un riesgo similar. En ese sentido, la comparación va por el riesgo que significa de malgastar recursos y ser una política onerosa, y lo más adecuado es que un gobierno responsable asuma la voluntad de evaluar esta política, y tomar decisiones de acuerdo a un criterio de eficiencia en el gasto público, y además de minimizar los costos en términos de calidad asistencias que puedan existir con una política semejante.
Esos son aspectos que ustedes confrontan directamente como Fundación Creando Salud y su enfoque desde una perspectiva de derechos en el área, ¿cuál es el trabajo que han desarrollado en base a estos principios?
Como Fundación somos parte de la corriente autonomista, o sea nos sentimos como una organización hermana de Nodo XXI, de Izquierda Autónoma, y desde esa perspectiva planteamos que hoy día es necesario avanzar en la desmercantilización de los derechos sociales. Para eso, en área de la salud pensamos que los principios que tienen que orientar una política pública son los de la universalidad, en una visión contrapuesta con la focalización de la política, o sea que sea para todos.
Pensamos que tiene que haber una lógica de gratuidad, entendida que hoy tenemos una lógica de salud en función de la capacidad de pago de las personas, y eso tiene que cambiar para finalmente tener un acceso de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Entonces tiene que haber un cambio de lógica que apunte hacia eso.
Por otro lado, creemos que tenemos que avanzar hacia una lógica de la igualdad, en el sentido que todos tengan a un igual sistema, con una igual calidad de salud, que sea digna para todos. También debe ir acompañado de solidaridad, donde los más ricos subsidien a los más pobres, y los sanos a los enfermos. Es una lógica de subsidios cruzados que se hagan cargo de una lógica de colaboración en la salud más que el principio de la competencia que es el que hoy día está primando en el sistema de aseguramiento y financiamiento de la salud.
Esa lógica va en contra del sistema que creó no sólo la salud privada sino también el mismo sistema de pensiones, donde la lógica individual y cada fondo personal están destinados a cubrir el gasto de cada uno.
Sí, exactamente. Nosotros en el ámbito de los derechos sociales, hemos construido una sociedad basada con que estos son ámbitos que tienen que ser entregados al mercado. El mercado genera problemas realmente devastadores en relación a generar desigualdad, ghettos, y todo en el fondo con la lógica de la segregación. Eso también lo vemos en el ámbito de las pensiones, en el mundo del trabajo, en el de la salud y en educación. Efectivamente es por eso que pensamos que el mercado, como proveedor de derechos sociales, hoy día es un fracasado, y en ese sentido es necesario sacar esa lógica y dejar de pensar en términos focalizados y de que se puede hacer negocio a partir de eso, y pensar que conviene más la competencia por sobre la colaboración. Esto es lo que hace necesario que el mercado no sea parte de la provisión de estos ámbitos y del desarrollo del humano en el fondo. El Estado, con participación de la sociedad civil, es el que debe tomar las decisiones para avanzar hacia un sistema con la provisión adecuada de todos estos derechos.