Increíble: los apoderados que protestan para seguir pagando por la educación de sus hijos

Este año, un nuevo actor en la discusión por la reforma educacional se ha ganado un espacio en el debate, principalmente impulsado por la UDI. Se trata de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, la que ya ha desarrollado dos jornadas de movilizaciones en distintas ciudades del país, movilizando principalmente a aquellos tutores que creen que sus colegios cerrarán por causa de la reforma.

Sin embargo, aunque desde el Ejecutivo y sectores críticos hacia la poca profundidad de la reforma lo aclaren una y otra vez, el mito está instalado, y en parte gracias a la amenaza de los mismos sostenedores que se sienten vulnerados por no poder seguir seleccionando, cobrando un copago, y sobre todo, no poder retirar ganancias de los establecimientos que administran. Porque, ojo, ninguna parte de la reforma prohíbe los sueldos o remuneraciones, sólo no permite que las utilidades se queden en pocas manos.

Ante esto, desde múltiples sectores se ha levantado una contra-campaña para hacer frente a los mitos que levantan los sectores contrarios a la reforma. Entre ellos, el PC y RD, que con carteles en la misma Cámara de Diputados acusan de mentir a la Confepa.

A éstos se sumó la Cones, parte importante del movimiento de estudiantes secundarios que ha protagonizado las marchas que pedían cambios profundos en la educación. Si bien han sido cercanos al Gobierno, aseguran no estar satisfechos con la reforma, pero prefieren defenderla a sumarse a los gritos de los padres que quieren que les sigan cobrando un co-pago por educar a sus hijos.

Tomás Leighton, coordinador nacional de la Cones, afirmó que han denunciado, y lo seguirán haciendo, la campaña “que proviene de sectores minoritarios y conservadores que han buscado mentir e instalar mitos sobre la reforma educacional, independiente de su profundidad y del carácter que tenga”.

Para el representante de la Cones, la campaña de la Confepea “busca engañar a las familias y meterles miedo, y con eso impedir cualquier transformación social”.

En ese sentido, asegura que como parte del movimiento social han salido a “desmitificar no la reforma del gobierno, sino los cambios que nosotros queremos” y agrega que “es necesario transparentar la información, y no caer en los simples panfletos como los que reparte la Confepa”.

“Nosotros entendemos la preocupación que puede generar en un papá cuando le dicen que el colegio de su hijo va a cerrar, pero entendemos que la reforma no plantea eso. Y si bien tenemos diferencias con algunas deficiencias que presenta, no tenemos dudas en salir a defenderla si es que eso significa ir contra las mentiras que se han instalado y decirles a los papás que no se van a cerrar los colegios. En esto hay que ser súper claros y la unidad acá es fundamental por parte de quienes queremos cambios”, indicó

Leighton afirma que “me llama la atención que algunos padres y apoderados defiendan la libertad de elegir, cuando no siempre la tienen. Los colegios particulares subvencionados que cobran un copago, y las familias que no pueden acceder a él, tenemos un problema principal de elección de colegios. Y quienes quedan con la educación gratuita de los colegios municipales, no pueden hacerlo con calidad porque hoy está deteriorada y es vulnerada por este otro sistema de provisión mixta que está completamente desregulado. Eso no es culpa de los padres que se movilizan”.

Los cambios para todos y los privilegios de unos pocos

Para el académico Fernando Atria, autor de dos libros que han vinculado el avance en la defensa de los derechos sociales desde la lucha por la educación, el reclamo de los apoderados por seguir pagando un co-pago es entendible dentro de una lógica de mercado que iguala la capacidad de compra con la calidad en educación.

“En un contexto donde la educación es una mercancía, todo el que puede comprar la educación, y entonces ganar en comparación al que no puede comprar, gana ‘de verdad’”, indica Atria, y agrega que “ahí también está la lógica detrás del apoyo de los medios de la derecha, ellos ven que serán perjudicados, pero es evidente que no es una verdad general, porque de lo que se trata aquí es que la educación mejore, y mejore para todos”.

El académico afirma que la asociación dinero-calidad en la educación está ligada a una preocupación por parte de los padres esperando que la experiencia educativa sea la mejor posible. “Desde el punto de los padres, a mí no me cabe duda que ellos prefieren un ambiente escolar lo más purgado posible de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, etc”, afirmó.

“La pregunta desde la discusión del sistema educacional es si el legislador tiene que asumir esa óptica, cuando tiene que ver cómo se organiza para todos”, apunta Atria, y agrega que “en definitiva creo que se equivocan, porque la educación sería mejor para todos si hubiera integración. Pero lo que los hace reclamar es que pierden control sobre los compañeros de curso de sus hijos».