El dictamen establecía 30 días de plazo máximo para que la minera presentara un plan que devuelva las aguas del Valle del Pupío al estero que abastecía de agua potable a los dos mil habitantes de la comunidad. Sin embargo, el plazo ya fue cumplido y los vecinos siguen sin obtener una respuesta de parte de la empresa responsable.
«Nosotros lo que estamos peleando es que nos devuelvan el agua como lo teníamos antes del tranque. Porque aquí nos contaminaron todo, ahora es otro valle”, recalcó Juan Olivares, Vicepresidente Comité de Defensa del Valle del Pupío.
Hasta ahora, la protesta de la comunidad ha sido omitida y silenciada por los medios de comunicación tradicionales. Esto, pese a que los propios vecinos han denunciado que Carabineros les quitó el derecho a agua tras mantener cortada la ruta D-885 por 70 días.
La sentencia dictada por la Corte Suprema en noviembre pasado es irrevocable y estableció que las obras de la minera «alteran y obstruyen el libre curso de las aguas y el flujo o cauce de las mismas».
La nueva propuesta ya fue entregada por la minera, pero la comunidad la rechaza porque canalizaría las vertientes, en lugar de permitir su escurrimiento natural, tal como exige el fallo. Por ahora, el pueblo de Caimanes está decidido a movilizarse hasta conseguir el cumplimiento de la sentencia por parte del poderoso grupo económico.