La afirmación que más ronchas sacó en la institución policial es la que señala que «las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de personas que luchan por sus derechos». La crítica desató la indignación de Carabineros, que la rechazó institucionalmente y anunció acciones legales.
Consultado por El Mercurio sobre la polémica, el subsecretario Aleuy afirmó que «Carabineros es una institución que cuenta con 57 mil funcionarios que constitucionalmente están a cargo de brindar seguridad a la población. Un juicio tan general como el consultado me parece una generalización que no puedo compartir«.
Y agregó que «en aquellos casos puntuales donde se susciten controversias sobre el actuar de Carabineros, no tengo dudas de que la institución realiza las investigaciones pertinentes para sancionar a quienes puedan estar involucrados en hechos que constituyan delitos».
En Carabineros, en tanto, este lunes se desarrolló una videoconferencia nacional que congregó a una audiencia de más de 30 mil funcionarios de la institución. Su protagonista fue el general director Gustavo González Jure y el tema principal las cartas intercambiadas entre la autoridad policial y el INDH por su informe, que González calificó como un «ataque» a la institución.
En la actividad, González destacó la presentación ante el Ministerio del Interior de una iniciativa de protección jurídica a favor de los carabineros, que busca «reestablecer el principio de autoridad para enfrentar de mejor forma el control y prevención del delito». También señaló que habrá cambios para optimizar el debido proceso ante faltas cometidas por funcionarios de la institución, así como para la entrega de beneficios y la fijación de calificaciones.