Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas las fuentes y la gestión del agua; el único país del mundo donde el interés competitivo, asociado a los usos comerciales del agua, es más importante que el derecho humano a acceder ella. Esta situación, que confronta a las comunidades con la minería, la agroindustria, las empresas de generación eléctrica y la industria celulosa-forestal tiene un origen claro; esto es, la política neoliberal de enajenación de los bienes comunes, que se generó en la dictadura y que fue continuada y profundizada por los gobiernos de la Concertación, y que en el caso del agua, se expresa en la continuidad de los instrumentos privatizadores, como la Constitución de 1980/2005 y el Código de Aguas del año 81, aún vigentes.
Con el advenimiento del gobierno actual se habló mucho de que ahora sí los y las chilenas tendríamos una transformación real de esta situación; sin embargo, con el correr de los meses las promesas y buenas intenciones aparecen cada vez más “diluidas”, configurando un escenario muy particular para nuestras luchas por el agua.
Otro punto que hace particular al escenario actual es la crisis política e institucional, íntimamente ligada al grado de colonización de la política por medio de grupos económicos. Los casos de entrega de dinero para financiar campañas por parte de Penta y Soquimich son la punta del iceberg de una estrecha relación entre los grupos económicos y los políticos, que se refrendó aún más con el “caso Caval», el cual develó el tráfico de influencias y la especulación inmobiliaria por parte del primogénito de la mandataria » socialista», lo que a su vez, redundó en un alto grado de descomposición y desafección de las ciudadanas y ciudadanos con el actual gobierno, dando pie al primer cambio de gabinete.
A propósito del cambio de gabinete, las decisiones tomadas, una vez más, ponen en el centro de la discusión el conflicto de intereses. A los guiños permanentes a los poderes fácticos, no sólo le suma la puesta en escena y dramaturgia empleada para dar el anuncio en el canal de Luksic, sino también un nuevo diseño de gabinete, que claramente apunta a acallar el descontento manifestado por los empresarios, más que impulsar las reformas requeridas. El nombramiento de un nuevo Ministro de Hacienda “a la medida” de los gremios empresariales nos parece un mal signo. También nos preocupa saber cómo se relacionará Jorge Burgos, un ex vicepresidente de “la oficina”, organismo experto en la infiltración y desmantelamiento de grupos contestatarios, con los movimientos sociales que se manifiesten contra el gobierno. En el caso del agua, que nos compete y afecta directamente, la designación como Ministro de la Secretaria General de la Presidencia, de Jorge Insunza (PPD), hasta ese momento diputado por 9° distrito, nos parece la más preocupante, ya que en el ejercicio como representante de comunas como Combarbalá o Monte Patria, conocidas porque su población es abastecida con agua mediante camiones aljibes, o los Vilos y Salamanca enfrentados de manera directa por agua con la empresa minera Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic, siempre defendió los intereses de los grupos económicos por sobre los de sus representados. Decimos esto recordando que Jorge Insunza, hace un tiempo atrás, en su calidad de Diputado de la Nueva Mayoría e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Baja, votó junto a la derecha para fortalecer el “Derecho Real” sobre los recursos hídricos, y más recientemente, una vez más con la derecha, votó en contra de la derogación de las “Aguas del Minero”, lo que significa que las empresas extractivas de minerales se pueden apropiar sin regulación alguna de las aguas presentes en sus dominios.
Los poderes fácticos pueden estar tranquilos, la Moneda una vez más se ha puesto a su servicio, con la designación de Insunza, el Consejo Minero, o la Sociedad Nacional de Agricultura, pueden tener la certeza que la propiedad privada del agua se va a mantener inalterable. Nosotros, nosotras, seguiremos luchando por hacer del agua un Bien Común y un Derecho Humano.
Cesar Correa; Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación
Rodrigo Mundaca, Secretario General Modatima
Rodrigo Faúndez; Coordinador Metropolitano Modatima