El documento fue expuesto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quienes convocaron a los representantes de los ministerios de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) a exponer su visión sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema, que manifestó sus reparos a la confidencialidad médica que intenta defender el proyecto de Bachelet.
Desde la perspectiva de la Corte Suprema, la exclusión del deber de denuncia podría generar un «espacio de impunidad» e impediría que se logre perseguir a los autores del delito de violación.
Sin embargo, según el escrito presentado por Justicia, «la confidencialidad protege la atención de la persona que se está haciendo el procedimiento de interrupción del embarazo por una de estas tres causales” Por ello, al interior del hospital o clínica debe primar el deber de confidencialidad entre el médico y su paciente, «porque espacio de salud es de acogida y no de enjuiciamiento», aseguraron. Sin embargo, en su aclaración ante los parlamentarios, el gobierno manifestó que el ilícito deberá ser denunciado posteriormente de manera obligatoria.