En las horas previas a la votación, la OEA organizó espacios de discusión con asociaciones de la sociedad civil, oportunidad en que se redactó un documento que solicita que los miembros de la Corte Interamericana «posean la más alta autoridad moral y reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, y que se repudie expresamente la candidatura de Eugenio Zaffaroni por no cumplir con dichos requisitos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos».
Sus defensores, por otra parte, atribuyen la campaña al Grupo Clarín, directamente afectado por el fallo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue dictada por la Corte Suprema cuando el jurista la integraba. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil lograron hacerse escuchar ante la indiferencia del oficialismo a las críticas a Zaffaroni.
Según el documento, Zaffaroni “juró por los estatutos de dos dictaduras, incluido el de la Junta Militar que ordenó ejecutar a miles de desaparecidos durante los años 70. Jamás firmó un habeas corpus que hubiese permitido salvar una vida durante la Dictadura Militar y ha sido incluido por las Madres de Plaza de Mayo en una lista de 437 jueces que oficiaron de cómplices de la Dictadura”.
De los siete miembros que integran la Corte Interamericana, sólo cuatro son renovados. Los integrantes duran seis años en sus respectivos cargos y pueden ser reelegidos una vez. En esta ocasión, dos jueces aspiran a la reelección: el uruguayo Alberto Pérez y el chileno Eduardo Vio Grossi. En tanto, además del argentino Zaffaroni, otros dos candidatos aspiran al puesto: Elizabeth Odio de Costa Rica y Patricio Pazmiño de Ecuador.
La votación se concretará en Washington y cada uno de los representantes de los 23 Estados que forman parte de la convención podrá elegir cuatro candidatos.