La iniciativa contempla la posibilidad de descontar dinero de la evolución de impuestos a quienes sean acusados de evasión. Esto se concretaría justamente otorgando carácter público al registro de evasores que ya existe en el Registro Civil, lo que dotará al Ministerio de Transportes de la posibilidad de concretar acciones legales para evitar la evasión del pago de Transantiago.
Además, el proyecto de ley permitirá que la Tesorería General de la República acceda a la información de los evasores para retener la devolución. A la vez, se busca endurecer las sanciones contra los usuarios no titulares de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), considerando dicha infracción como «gravísima».
Por último, quienes sean citados al Juzgado de Policía Local por no pagar su tarifa, además de quienes entreguen direcciones falsas, podrán ser sancionados con multa de hasta 10 UTM, cerca de 437 mil pesos.