Desde el sur, nuestra Universidad Austral de Chile ha dado un pequeño primer paso histórico permitiendo la participación de estudiantes con voz y voto en los espacios de decisión universitaria, tras concretarse una conquista del movimiento estudiantil: el fin a los cerrojos del DFL 2.[1]
Si bien consideramos este avance como un acontecimiento histórico, entendido como el punto de partida de un largo proceso de recuperación de la democracia negada, es necesario que abramos una discusión que nos permita comprender a la democratización como un medio de reconstrucción del rol público de las universidades, sobre todo ahora que nos encontramos ad portas de iniciar la debatida Reforma a la Educación Superior.
El pasado martes 14 de julio, por primera vez en casi dos años de gobierno, se ha dado a conocer de manera un poco más completa el cómo está pensanda la reforma desde el Ejecutivo, saliendo a la luz que la participación triestamental se considerará como uno de los criterios para que una institución sea considerada pública, es decir, para que reciba fondos estatales y avance hacia la gratuidad.
Frente a esto, podemos decir que el Movimiento Estudiantil logró instalar la idea de que no habrá una nueva educación superior pública si esta no se sostiene en universidades que sean democráticas en su organización, por lo que el gobierno se vio forzado a incorporar este elemento a su reforma, elemento que en algunas universidades los estudiantes ya hemos conquistado, tal como sucedió en nuestra UACH, y que hoy solo nos falta profundizar. Aquello es importante pues, de no abrir una discusión frente a qué entiende por democracia el Movimiento Estudiantil, corremos el riesgo de que la tibia reforma de la Nueva Mayoría reduzca la idea de la democratización del sistema educativo al hecho de que los estudiantes hablen y voten sobre iniciativas que los mismos de siempre seguirán levantando, lo que no significa en lo más mínimo recuperar la democracia y la participación de nosotros, entendiéndonos como comunidad en el desarrollo del proceso educativo.
Hechos como los ocurridos en la UACH demuestran que la demanda por la democratización no es tan sólo una idea o un decreto, cosa que la reforma del gobierno no ha logrado comprender. Quizás sea uno de los puntos más conflictivos frente a la actual lógica mercantil que impera sobre nuestra educación.
Democratizar la educación superior pasa por devolverle a las comunidades tanto internas como externas que circundan a la institución, la capacidad de participar en la planificación, elaboración y construcción misma del proceso educativo de las universidades, generando así un resultado educativo que se condiga con la realidad y las necesidades de la sociedad en sus distintos territorios, o sea, que las iniciativas y proyectos educativos los promuevan de manera democrática quienes tienen directa y constante relación con la institución.
La propuesta del Movimiento Estudiantil esboza un mecanismo para avanzar hacia la democratización efectiva del proceso educativo en las universidades, definiendo la necesidad de que exista una “Estrategia Nacional de Desarrollo”, cuyo objetivo sea entregar orientación social al conocimiento de las instituciones, y cuya construcción debe llevarse a cabo por los distintos actores sociales del país y las regiones. En síntesis, lo anterior debe garantizar que la educación impartida por las universidades estará al servicio de las necesidades nacionales y regionales, y no abandonada a la corriente de las olas del mercado.
De manera superficial, pareciera que la reforma de la Nueva Mayoría ha recogido una importante cantidad de elementos que se han propuesto desde el Movimiento Social por la Educación, sin embargo, no recoge las alternativas que consideramos medulares para la construcción de un Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, por la razón de que significaría quebrar desde la raíz la dinámica de mercado que conduce actualmente la educación de las familias de Chile.
[1] En medio de la paralización estudiantil de la Universidad Austral, logramos que estudiantes recuperemos el derecho a voz y voto en los Consejos de Escuela, Consejos de Facultad, el Consejo de Administración de la Sede Puerto Montt, el Consejo de Administración del Campus Patagonia, Consejo Académico y Consejo Superior Universitario.