¿Pero que es lo que ha dicho tan connotado experto? El ex-presidente del PPD propone una gratuidad dirigida a los estudiantes más vulnerables, que se instale gradualmente, y que exija la acreditación, tanto de la institución como de la carrera en la que estudiará el beneficiario. Además, las instituciones deberán acordar con el Estado un arancel de referencia de los costos de la docencia y no tener fines de lucro. Esta política de inyección de recursos coincide con los lineamientos generales de las múltiples propuestas presentadas por el MINEDUC hasta la fecha y termina transformando a la gratuidad en una medida que poco y nada contribuye a fortalecer a la educación pública. En lugar de priorizar la necesidad de transformar las instituciones educativas para que funcionen democráticamente y estén orientadas a responder a las necesidades nacionales y regionales, se propone a la acreditación como el criterio fundamental para definir la asignación de recursos. Así entonces, la gratuidad se vuelve un mecanismo de financiamiento eficaz para incentivar que las instituciones se adapten a un escueto marco regulatorio y compitan por la captación de alumnos vulnerables, antes que uno capaz de contribuir a eliminar la competencia por los recursos, hacer crecer la matrícula de las instituciones públicas y asegurar su vinculación efectiva con las necesidades educativas del país.
A diferencia de Bitar y muchos otros expertos en educación, los estudiantes rescatamos el sentido original de la gratuidad, es decir, un paso necesario para asegurar el derecho a la educación, y no un mecanismo regulado de financiamiento de la docencia que termina por profundizar el mercado educativo al instalar una competencia entre las instituciones por los recursos del Estado.
Nuevo proceso de acreditación: ¿zanahoria o garrote?
Tanto el ministerio como el ex jefe de educación integrante del Consejo sostienen que el proceso de acreditación debe ser obligatorio tanto para las instituciones como para sus carreras, a cargo de una agencia de calidad que goce de autonomía e independencia, evitando que sus miembros sean designados, y con ello, respondan a intereses corporativos. Llama la atención en esta materia que el ex-ministro afirme que para mejorar los resultados de la acreditación será necesario modificar los gobiernos corporativos de universidades privadas con el objetivo de generar un ambiente abierto y propicio para el debate en ellas, y así inducir al mejoramiento de la calidad sin aplicar sanciones.
Los estudiantes consideramos que además de asegurar la independencia de la entidad, se requiere que el organismo sea un servicio público, sin conflictos de intereses y capaz de generar una política de evaluación de los procesos educativos que vaya más allá del paradigma de la eficiencia y la gestión del capital humano en las instituciones educativas. Además, la modificación de los gobiernos corporativos de las universidades privadas no puede considerarse como un incentivo para mejorar los resultados de un proceso de certificación, sino que debe entenderse como un requisito de existencia de las instituciones educativas. La democracia y la colaboración entre estamentos representa mucho más que un mecanismo para mejorar los resultados de la acreditación, se trata de una condición de posibilidad para construir gobiernos universitarios en nuestras casas de estudio que les permitan no ser solamente de “calidad”, sino también públicas y democráticas, es decir, que estén puestas al servicio de las necesidades del país y no de una “junta de directores” provenientes del mundo empresarial.
El rol de las Universidades Estatales
Es un consenso tanto de la cartera de educación y como de diversos miembros de la comisión – entre ellos Bitar- que las Universidades Estatales deben tener un trato preferencial en la asignación de recursos fiscales y así servir al interés público. Además, deberán implementar un programa de expansión de su matrícula y modernizarse a través de una gestión eficaz que flexibilice las condiciones de operación que actualmente les exige la normativa aplicable al sector público y realizar una revisión de sus gobiernos, modificando aspectos como la elección de autoridades, la evaluación del cumplimiento de metas y el sistema de representantes del Presidente de la República en el gobierno de cada una de ellas.
Pero esta estrategia para fortalecer a las instituciones estatales tiene una diferencia fundamental con la demanda que la sociedad ha levantado, y es que busca hacerlas más competitivas en este sistema, en lugar de eliminar las lógicas de mercado que las han jibarizado, especialmente en el caso de las universidades regionales.
Hacer que las instituciones estatales sean la columna vertebral del sistema, transitando de un 15,51% de la matrícula total en la educación superior a poseer una participación hegemónica, no solamente pasa por la creación de nuevas instituciones, una mejor gestión o un financiamiento privilegiado, sino que exige desmercantilizar el sistema eliminando los mecanismos de mercado que producen una competencia entre las Universidades Estatales por la captación de recursos.
Hacer retroceder los avances del mercado en la educación estatal pasa por medidas como la reestructuración del aporte fiscal directo (AFD), la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), instrumento que hoy financia principalmente a instituciones privadas y que entrega recursos a las escuelas matrices de las fuerzas armadas y de orden, la creación de un fondo de aporte basal permanente exclusivo para las universidades estatales y un fondo permanente de apoyo a las universidades estatales regionales (ambos fondos fueron anunciados en el programa de gobierno de Michelle Bachelet).
El carácter antidemocrático y excluyente del consejo, expresado tanto en un proceso de creación a puertas cerradas como en la designación unilateral de sus integrantes, convierte a la instancia un esfuerzo en vano a la hora de intentar legitimar la reforma a la educación superior. Sin embargo, el problema de falta de legitimidad de la reforma no sólo se agota en el anuncio del Consejo. Cuando los expertos y el Ministerio coinciden en que el objetivo de la reforma se reduce a introducir criterios mínimos de regulación del mercado educativo, se desdibujan las demandas históricas de las fuerzas sociales: avanzar en la desmercantilización del sistema de educación superior y en el fortalecimiento de la educación pública. Mientras las reformas avancen sin la sociedad, el futuro de la educación pública seguirá siendo oscuro e incierto.