¿Es esta una nueva carrera docente?

La semana pasada se votó el proyecto de carrera docente, artículo por artículo en la comisión de educación de la cámara de diputados. Tras casi dos meses de paro docente y extensas negociaciones, el proyecto ha sufrido modificaciones, pero ellas no bastan para hablar de un nuevo proyecto: las indicaciones que se introducen mantienen los ejes estructurales, y están lejos de mejorar sustancialmente  las condiciones laborales del profesorado.

Desde el 20 de abril, día en que se presentó la primera propuesta, se ha hecho mucho hincapié y, así los hemos defendido desde el movimiento social, en que este proyecto de ley fomentaba tanto el mercado educativo, como el agobio laboral. Y lamentablemente estos puntos que son medulares en la configuración de la carrera docente  siguen siendo así con las indicaciones elaboradas por el ejecutivo.

En primer lugar, tenemos la regulación de la formación inicial docente, que como ya es conocido, se configura en el marco de la regulación del mercado. Esto se traduce en la elaboración pruebas que miden el valor agregado y el aumento en la rendición de cuentas a través de la acreditación, lo que está lejos de eliminar el mercado. Una de las grandes carencias es la falta de regulación de la oferta de formación inicial docente que, a pesar de lo prometido, no se ha concretado, lo que permitiría acabar con la actual sobreoferta de profesionales de la educación (en la actualidad rondan los 12000 y en los próximos años llegaremos a los 57000, según informe de Elige Educar, 2014).

Por otro lado, tenemos el caso del proceso de mentorías, que a pesar de las mejoras, no se entiende desde la teoría de la identidad profesional docente, es decir, desde un apoyo en la inserción a la comunidad educativa a los docentes que acceden en el mundo de la pedagogía. Esto se observa en el plan de mentoría que se implementa, centrado en lo técnico y en la posibilidad de que los docentes mentores sean ajenos a la comunidad educativa en la cual se desempeña el docente.

Otro de los cambios cosméticos que ha sufrido el proyecto es que se cambió la “certificación” por un “sistema de reconocimiento del desarrollo profesional”, a pesar de que sabemos, que un cambio de nombre no implica un cambio en la lógica de la rendición de cuentas de parte del profesor ante entes externos a la escuela, sin aceptar la necesidad de un sistema evaluación desde y para la escuela y las comunidades educativas.

Los valores que se asignarán a los docentes por el tramo al que pertenezcan de acuerdo a la evaluación, se encuentran profundamente mermadas en relación al proyecto inicial. En el caso de la asignación por tramo de desempeño del proyecto inicial nos encontrábamos con que correspondía a $299578 en el proyecto inicial (para 44 horas y 15 bienios) con las indicaciones el monto se disminuye a $13076 (para 44 horas y 15 bienios). Por lo que la asignación por tramo, ahora se compone de 3 factores: la asignación por experiencia, la asignación por tramo y la asignación fija (que corresponde a los tres últimos tramos). Si ponemos de ejemplo un docente con poca experiencia (1 bienio), contratado por 30 horas (el promedio de contrato) nos encontramos con que su ingreso por tramo de desempeño es de $594 al mes, de la asignación por Tramo de Desarrollo Profesional (habría que sumarle la experiencia, aproximadamente $8000, que ya existía antes de este proyecto). Esta es una cantidad irrisoria que no permite ni siquiera pagar el pasaje de la micro para realizar el curso de formación que permite a los docentes mejorar su desempeño y subir de tramo de desarrollo profesional y demuestra que el interés de la certificación no es valorar a los docentes con “mejor desempeño”, según sus pruebas, sino obligar a los docentes orientar su práctica educativa hacia el cumplimiento de los estándares.

Las indicaciones del proyecto de ley en su mensaje inicial, indican que el objetivo es que los docentes se mantengan en el sistema, pero todos los procesos nos indican que ocurrirá justo lo contrario. Un docente recién llegado al sistema tendrá que hacer un sinfín de tareas: desde realizar formación continua específica, adaptarse a la práctica pedagógica, preparar todos los materiales que utilizará en su desempeño docente y ser reconocido para el tramo de desempeño. Todo esto para entrar a un sistema que, en lugar de disminuir las tasas de abandono, probablemente las incrementará. Además de una reducción del reconocimiento económico por el tramo de desempeño, una reducción de la asignación por desempeño en condiciones difíciles y un cuestionamiento constante a su labor vía la elaboración de pruebas y mediciones. El tan mencionado millón de pesos con el que tanta publicidad le hizo el gobierno al proyecto no se puede lograr hasta tener, al menos, 8 años de desempeño docente y encontrarse en el tramo avanzado.

En el caso de las y los educadores de párvulos, tampoco hemos avanzado mucho, pues siguen quedando excluídos del proyecto una gran cantidad de profesionales de la educación, probablemente los más precarizados, a quienes no se les da ninguna seguridad respecto al sistema que los regirá. Esto muestra lo lejos que se encuentra nuestro país de reconocer a  quienes realizan la importante labor de la formación inicial, pese a los anuncios del gobierno respecto a su compromiso de reivindicar a quienes trabajan en este sector.

Otro de los grandes ausentes es el bono de incentivo al retiro, el cual se ha aprobado pero que el ejecutivo se niega aceptar y todo indica que será rechazado en la Comisión de Hacienda. Después de una vida dedicada a la sociedad, lo mínimo que merecen nuestros docentes es un retiro digno. Por los bajos salarios docentes, hoy esto sólo puede darse vía un incentivo al retiro.

 No podemos negar los avances positivos de este proyecto al recoger algunas demandas de la sociedad civil, como es el ingreso a la carrera por el título, la acreditación de las carreras vía CNA y la disminución de las pruebas. Pero en su esencia conserva aquel marcado tinte neoliberal, que convierte la carrera docente en una agotadora máquina  de profesionales de la educación.