Las estadísticas solo pueden referirse a datos empíricos. En el caso de los delitos, estas se calculan sobre la base de denuncias y condenas. Sin embargo, existe un número no cuantificado, conocido como «la cifra negra». Se trata de los ilícitos y delincuentes «desconocidos», los primeros porque no son denunciados, y los segundos porque no pueden ser descubiertos. Valgan dos ejemplos para mayor claridad.
Un transeúnte camina con su teléfono celular en el bolsillo, se sube al metro, llega a la estación de destino y, cuando se dispone a hacer una llamada, nota que el aparato no está. ¿Existen antecedentes para acreditar que hubo un delito? La respuesta convence a la víctima de no poner una denuncia ante la policía o el Ministerio Público. Tiempo después, el mismo y desafortunado transeúnte habla por celular en la calle y es víctima de un lanzazo -robo por sorpresa en la terminología jurídica-. Pero apenas se da cuenta, el «lanza» ya se ha hecho humo. Esta vez, la víctima sí denuncia el hecho, pero, aunque la existencia del ilícito quede acreditada, no hay antecedentes que permitan identificar al infractor. Ambos ejemplos pasan a engrosar cifra negra.
Sea cual sea el caso, la realidad es patente. Existen delitos que no se denuncian o cuyas denuncias son inconducentes. Esto es parte inherente de todo sistema acusatorio y obedecen al funcionamiento del aparato policial y penal. No es posible llamarlo falla, pues a lo imposible nadie está obligado.
Pero existen otros motivos por los que aumenta la cifra negra. Muchas veces las víctimas, aun cuando conocen la identidad del responsable, no denuncian debido al temor que les inspira la posibilidad de que este tome represalias. La cárcel es el escenario por excelencia. Los presos están acostumbrados al maltrato y, si no denuncian, no es porque no sepan quién vulneró sus derechos ni porque teman que un individuo particular tome represalias, sino porque saben que es el sistema en su conjunto el que actuará en su contra.
Aun así, hay quienes sí lo hacen. Durante 2014, el Ministerio Público recibió setenta y seis denuncias por el delito de tormentos y apremios cometidos en recintos penitenciarios, un 58 % de las cuales no fueron investigadas[1]. Y el 42 % restante no tuvo ninguna consecuencia que se pueda llamar proporcional. Recordemos el caso del coronel Tito Barriga Chacón, exalcaide de la cárcel de Lautaro, que en 2004 agredió verbal y físicamente a un interno que estaba en huelga de hambre, y dispuso su traslado a una celda de aislamiento[2]. Condenado por apremios ilegítimos, actualmente dirige el centro penitenciario de Valparaíso, aunque volvió a incurrir en desagravios contra los presos: este año, producto de un incidente con un interno que se quejó de no tener acceso a los fármacos para tratar su esquizofrenia, funcionarios de Gendarmería a su cargo utilizaron violencia física desmedida en contra de varios reclusos[3]. Pese a que se interpuso un recurso de amparo, la investigación no arrojó ninguna condena, y Barriga siguió como alcaide del penal.
Gendarmería es juez y parte en situaciones como esta, y los delitos que comete no afectan a la propiedad (que son los que disparan los índices de victimización y escandalizan a la opinión pública), sino a la vida y la dignidad personal. Pero los afectados no pueden golpear ollas ni recurrir a la prensa para canalizar sus reclamos. A veces -muchas veces-, lo que hacen es pescar un hilo y una aguja y coserse la boca. Desde la humillación hasta la muerte, pasando por golpizas cotidianas, los gendarmes hostigan a quienes deberían resguardar e, incluso, los azuzan como perros para que se peleen entre ellos.
El maltrato silencioso se ha normalizado en las cárceles chilenas, y el Estado lo sabe y lo permite. Y por qué no decirlo, lo fomenta. Quienes están tras las rejas no tienen propiedad que defender, pues ni siquiera son dueños de sus vidas. Por eso importa un carajo que se zurzan la boca, un acto simbólico a todas luces, porque, desde que pisaron la cárcel, ya la tenían cosida. Los presos no pueden clamar respeto, porque no tienen propiedad. Y quienes osan hablar de narcotráfico, mostrar las lesiones que les dejan los funcionarios tras los allanamientos o denunciar las golpizas que reciben por diversión, la abrumadora mayoría de las veces, no sacan absolutamente nada.
Generalmente, son las familias las que denuncian, sobre todo cuando el interno ya está muerto, y los tribunales son más diligentes cuando se trata de tragedias que salen a la luz pública: el incendio de San Miguel, el asesinado de Año Nuevo en Puente Alto o las golpizas en La Gonzalina de Rancagua. Pero los procesos que se inician por estas causas tampoco terminan en condenas para los responsables.
Las encuestas de victimización calculan sus índices sobre la base de preguntas como esta: «¿Ha sido o siente que podría ser víctima de algún delito?», y no a partir de la cantidad de denuncias efectivamente interpuestas. La razón es, además del tendencioso paradigma securitario bajo el cual vivimos, la cifra negra que, de otro modo, quedaría excluida. En la cárcel, la cifra negra incluye delitos que son acreditables y victimarios que han sido identificados. La cárcel es la cifra negra del Estado chileno. Y, ahí dentro, la pregunta que intenta incluirla solo podría hacer sonreír al encuestado.
* Litigación Estructural para América del Sur.
[1] Información obtenida vía solicitud de transparencia al Ministerio Público, remitida en carta del director ejecutivo nacional n.° 278-2015.
[2] Cooperativa.cl: «Corte halló culpable de apremios ilegítimos a exalcaide de cárcel de Lautaro», 3 de octubre de 2005.
[3] Corte de Apelaciones de Valparaíso, Leonel Valdez Amaya y otros contra Gendarmería de Chile, 10 de abril de 2015.