La Comisión de Evaluación Ambiental votó este lunes la solicitud de revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que la instancia le había otorgado -en enero de 2014- al criadero de cerdos en La Estrella, Región de O’Higgins. La Corporación de Desarrollo y Protección Ambiental del Lago Rapel (Codepra) había presentado la petición, denunciando que la iniciativa provocará daños al turismo, contaminar y dejar sin agua a la comunidad.
Según informó El Rancagüino, en una reñida sesión que contó con la presencia de todos los actores implicados, tanto los impulsores -MaxAgro- como los detractores de la propuesta, la mesa finalmente reafirmó la decisión que ya había adoptado cuando estaba integrada por los seremis del entonces Presidente Sebastián Piñera. Y quien zanjó el tema fue el intendente Juan Ramón Godoy -que encabeza la comisión-, tras un empate a seis votos entre las autoridades favorables y contrarias al proyecto.
La autoridad regional habló al finalizar el debate, que con su voto generó una paridad entre ambas posiciones. En la intervención destacó que la RCA la aprobaron «un mes antes del término del Gobierno» pasado. Por eso «es nada lo que podemos hacer ya que dicha resolución administrativa cuenta con la suficiente legalidad y los actos de la administración gozan de certeza jurídica», agregó. Además, aseguró que esto solamente puede ser invalidado «por el Tribunal Ambiental, tal como lo ha dicho la Corte de Apelaciones de Rancagua, ratificada por la Corte Suprema».
En esa línea, dijo que estas últimas instancias «han señalado que el Tribunal Ambiental es el que tiene la facultad de resolver el fondo de esta controversia», donde también se deben exponer «los antecedentes, argumentos y pruebas, que se inclinen a favor o en contra de sus pretensiones. Allí podrán requerir del análisis de los informes que unos reclaman no examinados correctamente al dictar la RCA, y si esto requiere un Estudio de Impacto Ambiental. Dicho tribunal podrá requerir nuevos informes y todo lo necesario, a fin de llegar a la convicción de que el proyecto puede resultar nocivo o no para la comunidad».