El lunes 22 de febrero 140 internos del Complejo Penitenciario concesionado de Llancahue, en Valdivia, iniciaron una huelga de hambre denunciando una serie de casos de tortura y malos tratos por parte de Gendarmería.
La manifestación tenía por finalidad llamar la atención de las autoridades competentes para terminar con esa situación de vulneración de derechos humanos, entre los que también se encuentra el no respetar el régimen de visitas y los encuentros conyugales. Para unirse a la causa, otros 25 reos comenzaron una paralización de actividades el mismo día.
Expertos denuncian el «populismo punitivo» de la Agenda Corta antidelincuencia que «sólo vienen a criminalizar la pobreza, sin entregar una solución de fondo al complejo problema criminal, legislando sin tener la intención real de acabar con la desigualdad social que genera la mayor parte de los delitos».
La drástica huelga logró que las autoridades se enfocaran en solucionar los problemas denunciados hace mucho tiempo en Valdivia, pero quienes han seguido estos casos de cerca dicen que no es una respuesta suficiente.
«Esta negociación sólo vino a ocurrir una vez que los presos se organizaron y tomaron la decisión de poner en juego su propia integridad física para ser oídos. No es primera vez que los internos deben acudir a prácticas auto atentatorias para hacer valer sus derechos», afirman en un comunicado la ONG Leasur, que se dedica a asesorar jurídicamente a presos en Chile. Como ejemplo está el caso de 2013, cuando siete internos del mismo recinto se cosieron la boca para que los trasladaran a su lugar de origen.
Denuncian el «populismo punitivo» de la Agenda Corta antidelincuencia que «sólo vienen a criminalizar la pobreza, sin entregar una solución de fondo al complejo problema criminal, legislando sin tener la intención real de acabar con la desigualdad social que genera la mayor parte de los delitos».
Preocupados por la «actitud pasiva de las autoridades políticas y penitenciarias que deben esperar a que ocurran situaciones de esta naturaleza para ofrecer soluciones a cuestiones básicas», hacen un llamado a formular una nueva Ley de Ejecución penitenciaria que se haga cargo de los imputados en la etapa de cumplimiento y que se establezca un juez de ejecución de la pena que garantice el respeto a los derechos de las personas cuando se encuentran privadas de libertad.