El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2015 fue publicado esta semana. El documento recoge varios episodios nacionales sobre hechos de abuso en torno a la Libertad de Expresión.
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2015 fue publicado esta semana. El documento recoge varios episodios nacionales sobre hechos de abuso en torno a la Libertad de Expresión.
En el ítem «Protesta Social» dentro del capítulo dedicado a Chile, el informe menciona casos de represión por parte del Estado, en manos de Carabineros, señalando los episodios de violencia ocurridos en Valparaíso contra los estudiantes Paulina Estay y Rodrigo Avilés, ambos heridos por Fuerzas Especiales durante la marcha del 21 de mayo de 2015. Asimismo se mencionan los casos de Nelson Quichillao, trabajador subcontratado de la Codelco, fallecido el 24 de julio por impacto de bala durante una protesta por mejores condiciones laborales en El Salvador, Atacama; Ricardo Lüer, presidente de la Federación de la Feufro, quien resultó con lesiones tras ser detenido el 6 de agosto por Carabineros; y el desalojo violento de un grupo de dirigentes Mapuche el 7 de septiembre, en las oficinas de la Conadi, donde resultaron detenidos 17 hombres, 12 mujeres y 9 niños, varios de ellos heridos.
Tras su visita a Chile en septiembre de 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai, urgió al Estado chileno a derogar el Decreto Supremo 1086412. Indicó que esta normativa “indebidamente” restringe el derecho de manifestación, al permitir “a las autoridades locales impedir o disolver las manifestaciones que no hayan sido previamente autorizadas y negar el permiso a manifestaciones que se consideran alteran la circulación del público, entre otras cosas”. El informe reitera que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos y esencial para la expresión crítica política y social, y no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades.
El informe repasa, además, los temas ligados a la libertad de expresión y de reserva de fuentes, respecto a los casos acaecidos con los medios El Ciudadano y The Clinic, que debieron enfrentar querellas y citaciones judiciales, paralelamente. El informe declara que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público y que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales. Asimismo da su parecer en torno a la libertad de expresión dentro de Internet, expresando la necesidad de evaluar detallamente cada una de las medidas del proyecto de ley de medios digitales que se discute en la Cámara. Además, menciona el caso de despidos en TVN, cuestionando la desprotección de los trabajadores.
Con respecto a la concentración de medios de comunicación, el documento señala que la concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en la democracia y en la libertad de expresión y que los Estados deberían adoptar medidas para garantizar que todos los grupos de la sociedad tengan acceso a oportunidades para que se escuche su voz.
Una página completa dedica a la radiodifusión comunitaria en la que se denuncian los allanamientos de las radios comunitarias radio «La voz de Nueva Braunau» en Puerto Varas, «Radio Manque» en Rancagua, «Radio 1» de Concón y «Radio La Victoria» de Pedro Aguirre Cerda por parte de efectivos de la PDI. El informe reitera que el establecimiento de sanciones de tipo penal a la radiodifusión comercial o comunitaria es una reacción desproporcionada.
