56 años tiene el profesor de cine, que hasta el día de ayer se desempeñaba en el Centro de Reinserción de Menores «Lihuén» de Limache, perteneciente al Servicio Nacional de Menores (Sename). Este martes, el docente fue detenido por personal del OS-7 de Carabineros tras ser acusado de impregnar con cocaína líquida 32 gomitas azucaradas de las golosinas «Frugelé». En el mismo operativo le fueron incautadas otras drogas prohibidas en Chile y avaluadas en 10 millones de pesos.
Las interrogantes apuntan al destino final de los caramelos alterados, existiendo la posibilidad de que fueran a comercializarse al interior del Sename. Ante lo ocurrido, el director regional de la institución, Esteban Elórtegui, manifestó su «más enérgico rechazo a estas situaciones. En Sename no hay espacio para estas irregularidades. Hemos procedido como corresponde, instaurando los sumarios correspondientes y desvinculando al funcionario implicado». Asimismo, agregó que «Los procesos de selección no son infalibles», tras ser cuestionado por los casos de abusos destapados en el último tiempo al interior de los hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores.
El hecho se suma a una gruesa lista de maltratos infantiles denunciados desde hace ya varios años contra el organismo. En 2013 los casos de abuso sexual y drogas dentro del Sename -por parte de otros niños, de familiares, terceros o incluso de algunos integrantes de los hogares, según la abogada Paulina Gómez- obligó a la institución a intervenir siete centros y cerrar otros cuatro.
En 2014, la muerte de una niña de dos años de edad al interior del Hogar “Noche de Paz” en Viña del Mar, destapó una serie de denuncias de maltrato realizadas por padres candidatos a adopción, quienes reportaron agresiones físicas contra dos menores -uno de ellos con fractura de cráneo- del hogar «Nazaret» en Copiapó.
Recientemente se conoció, además, la censura por parte del Sename contra revista Paula para evitar la publicación del reportaje «Las residencias de las madres adolescentes» el que, tras una investigación de tres meses, daba cuenta de irregularidades y maltratos dentro de la casa que acoge a niñas menores de 18 años embarazadas en estado de vulnerabilidad.
En varias oportunidades, la Corte Suprema le ha exigido a la institución contar con personal capacitado para supervisar a los hogares a los que son derivados los niños y niñas desde los tribunales de Justicia. Por su parte, el Sename acusa falta de financiamiento para garantizar la protección de los menores bajo su cuidado. Mientras las autoridades continúan evadiendo y designando las responsabilidades, cabe preguntarse qué es entonces más dañino para los menores del Sename, si las condiciones de marginalidad que los vulnera o la negligencia de un Estado que, lejos de revertir el círculo de la violencia, naturaliza una vida de riesgos.